Proyecto de Agua Potable Rural a un paso de convertirse en ley

La norma fortalece la capacidad de gestión de las organizaciones comunitarias, entregando la prestación del servicio sanitario en el ámbito rural, a los comités o cooperativas.

Con 26 votos a favor, la Sala respaldó del informe de la Comisión Mixta respecto al proyecto que regula los servicios sanitarios rurales. Con este resultado, el texto volverá a la Cámara Baja donde deberá analizarse. Si éste se aprueba, queda en condiciones de convertirse en ley.

Durante el debate hicieron uso de la palabra los senadores Alfonso De Urresti, Rabindranath Quinteros, Juan Antonio Coloma, Jorge Pizarro, Antonio Horvath, Juan Pablo Letelier, Adriana Muñoz, Francisco Chahuán, Felipe Harboe, Alejandro García Huidobro y Alejandro Navarro.

Al término de la votación, intervino el Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, agradeciendo el respaldo de los legisladores.

En general, los congresistas valoraron esta nueva institucionalidad que entregará un sustento técnico a los comités de agua potable rural. Todos coincidieron en la necesidad de preservar el recurso y valoraron que se haya incluido en la tramitación a los dirigentes del sector.

Proyecto

El proyecto de ley, iniciado en Mensaje del Ejecutivo, tiene por objeto establecer un marco jurídico e institucional, de carácter público, que permita regular la organización y funcionamiento de las entidades a cargo de los servicios sanitarios rurales, las condiciones de prestación y mantención del servicio y los mecanismos de asesoría y fiscalización sanitaria.

Contenido:

– Fortalece la capacidad de gestión de las organizaciones comunitarias, entregando la prestación del servicio sanitario en el ámbito rural, a los Comités o Cooperativas que, cumpliendo los requisitos correspondientes, obtengan del Ministerio de Obras Públicas una licencia para el establecimiento, construcción y explotación de este tipo de servicios, en un área determinada.

– Excepcionalmente, conforme se establezca en el reglamento, el servicio podrá ser operado por otra persona natural o jurídica autorizada por el Ministerio de Obras Públicas, previo informe favorable de la autoridad sanitaria regional.

– Regula los servicios sanitarios rurales, distinguiendo entre los primarios, que son aquellos destinados a la prestación, para un uso doméstico, de servicios de agua potable y saneamiento y, los secundarios, que comprenden todas aquellas prestaciones que excedan dicho uso, siempre que se encuentre garantizado el abastecimiento primario.

– La prestación de servicios sanitarios rurales comprenderá 4 etapas: producción de agua potable; distribución de la misma; recolección de aguas servidas y, el tratamiento y disposición final de éstas.

– Las licencias para prestar servicios sanitarios rurales serán de carácter indefinido, sin perjuicio de lo cual los prestadores deberán someterse, cada 5 años, a un proceso de evaluación en el cual deberán acreditar ante la Subdirección el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos: calidad del agua; cantidad; continuidad del servicio; la existencia de un fondo de reserva para garantía del servicio y la existencia de un plan de inversiones aprobado por la subdirección, cuando corresponda.

– Dispone que la licencia se otorgará a todos los sistemas que estén conformados como comités o cooperativas, con personalidad jurídica vigente, inscritos en el registro de operadores que llevará la Subdirección, que lo soliciten y den cumplimiento a las exigencias que se establecen en este ´proyecto de ley.

– En aquellos lugares en que no exista un operador de servicios sanitarios rurales o no existan interesados en operarlo en la comuna, provincia o región, según corresponda, el Ministerio podrá llamar a licitación pública para el otorgamiento de nuevas licencias, siempre y cuando sea indispensable su provisión.

– Establece los derechos y obligaciones, tanto de los operadores, como de los usuarios de estos servicios.

– Regula los procedimientos y requisitos para la solicitud, adjudicación y ampliaciones de las licencias, así como la caducidad, continuidad de la prestación del servicio y procedimiento concursal de liquidación y de reorganización de la licenciataria.

– Establece las causales de incompatibilidad, de cesación en los cargos y censura de dirigentes de los dirigentes de los comités y cooperativas.

– Establece el procedimiento de determinación de la tarifa por cobrar al usuario, su reajustabilidad anual y la aplicación del principio de no discriminación en la tarifa.

– Entrega al Ministerio de Obras Públicas, con la asesoría de otros Ministerios y del Consejo Consultivo que se crea, la determinación de una política de inversión, asistencia técnica y financiera, supervisión y promoción para la organización de los operadores de servicios sanitarios rurales.

Impresiones

DE URRESTI: “Los sistemas de agua potable rural benefician a casi dos millones de personas. El proyecto vio la necesidad de dar una estructura institucional del programa de agua potable rural. Vimos que la Cámara Baja hizo una serie de cambios que queremos corregir. De hecho contamos con la colaboración de los propios comités en el curso del debate”.

QUINTEROS: “Este proyecto data del 2008, lo que es excesivo. La sequía golpea el país, incluso en la región de que represento. Hay centralismo e inequidad territorial y el agua no está exenta de esta realidad. Creo que no debemos dilatar más la aprobación de este cambio que impactará en la vida de muchas personas”.

COLOMA: “Acá termina este largo camino que cruzó varios gobiernos. Se ha coordinado un esfuerzo virtuoso pensando en el rol del mundo rural en el país. Acá se incorpora el concepto de saneamiento, lo que marcará un antes y un después. Se les da herramientas a los dirigentes para contar con el agua necesaria”.

HORVATH: “Quiero dejar en claro que en el Senado le dimos una rápida tramitación a esta norma. Solo nos detuvimos en los artículos relativos a las sanitarias, los que corregimos más en la forma que en el fondo. Hay que recordar que los propios comités son los que administran estos programas, y esas organizaciones deben ser valoradas”.

CHAHUÁN: “El acceso al agua da dignidad. Comparto la alegría de las comunidades que gozan con este salto. Por ejemplo, hasta ahora no estaban garantizados los servicios de mantención del agua potable rural. Otro plus de este proyecto es el componente territorial porque se trata de una avance estructural con mirada de futuro”.

HARBOE: “Este es un proyecto con un gran impacto social. Soy de los que piensan que hubo una gran demora en la tramitación, pero debemos reconocer que no es fácil descentralizar pensando en este tipo de políticas. Hoy hay un marco jurídico que es un reconocimiento a los miles de ciudadanos organizados”.