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Corte de Apelaciones de Iquique rechazó recurso de protección contra Comisión de Evaluación Ambiental de Tarapacá

La Corte de Apelaciones de Iquique rechazó el recurso de protección presentado por la “Asociación Indígena Quechua Mamiña Unida”, en contra de la resolución de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Tarapacá, que aprobó el “Proyecto de Continuidad Cerro Colorado”.

SentenciaEn fallo unánime (causa rol 758-2015), la sala integrada por los ministros Érico Gatica Muñoz, Mónica Olivares Ojeda y Pedro Güiza Gutiérrez, desestimó la acción cautelar por considerar que la materia es competencia de los tribunales ambientales, creados para conocer precisamente de este tipo de controversias.

La sentencia, redactada por el ministro Güiza, sostiene que “(…) sobre la base de los hechos precedentemente señalados, se debe considerar, en cuanto a si el recurso de protección resulta ser una vía idónea para los fines pretendidos por los recurrentes, que no obstante señalar el artículo 20 de la Constitución Política, en su parte final, que la interposición de la acción constitucional de protección, lo es sin perjuicio de otros derechos que puedan hacerse valer ante las autoridades o los Tribunales competentes, no es menos cierto que en virtud de la Ley 20.600, de fecha 28 de junio de 2012, se crearon los Tribunales Ambientales, otorgándose a éstos competencia para conocer de las controversias medioambientales, y precisamente entre aquellas materias o rubros que se encuentran dentro de su competencia está la petición formulada en estos autos acumulados, esto es, que se deje sin efecto una Resolución Exenta que calificó favorablemente una Evaluación de Impacto Ambiental”.

Resolución que agrega “en consecuencia, si los recurrentes han pedido a esta Corte invalidar una Resolución de Calificación Ambiental dictada por la autoridad técnica competente, señalando que en su dictación contiene vicios de legalidad, esa pretensión deberá ser resuelta en sede de la nueva institucionalidad creada, considerando también que por la naturaleza de algunas de las alegaciones efectuadas por los recurrentes para que se les incluyera en la Consulta Indígena, ellas son de carácter eminentemente técnico, requiriendo un análisis más profundo y con los conocimientos especializados propios de los Tribunales Ambientales”.

Además, continúa, “(…) aun cuando lo dicho bastaría para desestimar las acciones de protección deducidas, resulta útil referir que ha quedado asentado debidamente, a diferencia de lo sostenido por los recurrentes, que sí se hizo la consulta a los pueblos indígenas, conforme a lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT, mediante la dictación de la Resolución No. 153, de 19 de diciembre de 2013, de la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de Tarapacá, proceso de consulta que se realizó con instituciones representativas de los grupos humanos pertenecientes a los pueblos indígenas asentados en las localidades de Quipisca, Parca, Iquiuca y Mamiña, arribándose a Protocolos de Acuerdo con el titular del proyecto”.

“Que en consecuencia, no concurriendo los presupuestos para que las acciones cautelares prosperen, esto es, que se haya incurrido en un acto ilegal y arbitrario y que hayan sido conculcados los derechos fundamentales invocados por los recurrentes, ellas serán rechazadas”, concluye.

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