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INDH observa desalojo de familias migrantes en Santiago Centro

Luego de casi dos años de ocupación, unas 40 familias de migrantes –que sumaban más de 90 personas- fueron desalojadas de un conjunto de casas de propiedad de la Municipalidad de Santiago, ubicadas en el céntrico Barrio Balmaceda. La última fase de la desocupación se realizó el martes 26 de septiembre, cuando las familias fueron sacadas por funcionarios municipales y enviadas a distintos puntos de la capital. El proceso es observado desde el inicio por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Las familias migrantes –en su mayoría haitianas y colombianas- recibieron un subsidio de 240 mil pesos para arrendar una habitación y desocupar el sitio que el municipio destinará a la construcción de viviendas sociales. El proceso de acercamiento para conseguir un desalojo pacífico se inició hace varios meses, con el acompañamiento del INDH que cauteló que se cumplieran las normas internacionales de derechos humanos ante desalojos forzados.

Con a lo menos media docena de camiones y la participación de una treintena de funcionarios municipales, el traslado de los enseres de los afectados se produjo sin incidentes, con la presencia de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, instituciones que mantuvieron distancia y no intervinieron en el procedimiento.

En tanto, el INDH –con la participación de ocho de sus funcionarios, incluido el director Branislav Marelic- levantó información en terreno, entrevistó a varios de los afectados y tomó conocimiento del destino de las familias. La información precisa sobre el destino de cada grupo familiar será solicitada a la Municipalidad de Santiago a través de un oficio.

El director del INDH destacó que al organismo que lidera le interesa “el antes, el durante y el después” del proceso de desalojo, por lo que hará un seguimiento de las familias y velará por la situación de los pocos casos en que hubo retrasos o en que no se cumplían los requisitos para acceder al derecho al subsidio de arriendo.

“Las personas migrantes, como todas las que viven en Chile, tienen derecho a una vivienda digna, así como deben ser protegidas de los abusos de arrendadores inescrupulosos que aprovechan la vulnerabilidad de estas personas”.

Marelic destacó el trabajo del municipio de Santiago, que destinó recursos y diseñó una estrategia que finalmente permitió un desalojo pacífico. “La municipalidad acogió muchas de las recomendaciones del INDH para un trato con dignidad de las personas y la búsqueda de un mecanismo para garantizar una habitación que les permita salir de un lugar hacinado y riesgoso”.