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Estudio revela crecimiento desproporcionado de encarcelados en AL por delitos de drogas de bajo nivel

Los datos revelados son inesperados y alarmantes.

Hoy, el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD), una red de expertos sobre políticas de drogas en 10 países de las Américas, publica una nueva investigación que revela que a pesar del debate en América Latina sobre la necesidad de repensar las políticas de drogas, el encarcelamiento masivo por este tipo de delitos, aun cuando son no violentos y de bajo nivel, sigue aumentándose en el continente.

El informe del CEDD, Castigos Irracionales: Leyes de Drogas y Encarcelamiento en América Latina, incluye investigaciones en diez países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú, y Uruguay.

En todos los países latinoamericanos estudiados, con la excepción de Bolivia, la población encarcelada por drogas aumentó más rápido que la población carcelaria en general, a un ritmo de entre 8 y 33 veces en los últimos 15 años, con variaciones dependiendo del país. En Brasil, mientras la población carcelaria incrementó en 55% entre 2006 y 2014, la encarcelada por delitos de drogas creció 267%, es decir, a un ritmo cinco veces mayor. En Colombia, entre 2000 y 2015, la población carcelaria creció 141%, pero la población encarcelada por delitos de drogas aumentó 289%.

“Las cárceles se han convertido en la primera respuesta al tema de las drogas, en vez de abordar la situación desde un punto de vista social, educativo y de salud”, dijo Catalina Pérez Correa, Coordinadora del CEDD y co-autora del estudio. “Los encarcelados no son los grandes traficantes que están atrás de la corrupción y violencia que acecha a nuestros países, sino en su gran mayoría gente pobre con un rol insignificante en el tráfico y consumidores, y muchas veces por sustancias como el cannabis”.

En México en 2012, 62% de las personas internas en centros penitenciarios federales lo estaban por delitos de drogas. De éstas, el 58.7% fueron sentenciadas por un delito relacionando al cannabis y, de estos casos, el 38.5% por el delito de posesión. Según la investigación, 10.2% de la población en las cárceles federales en ese entonces, ó 1,509 internos, estaba sentenciada solamente por conductas relacionadas con “consumir” o “traer consigo” marihuana. En México, según la ley, el consumo está despenalizado y se permite la portación de drogas para el consumo personal, lo que quiere decir que estás personas están encarceladas injustamente. A nivel estatal, una de cada diez personas en la cárcel lo está por delitos contra la salud (drogas), y, como muestra la investigación, hay una tendencia al alta.

Según Coletta Youngers, Asesora Principal de WOLA y co-autora de la investigación, “Es irónico que en los Estados Unidos el 20% de los ciudadanos vive en estados que ya tienen o van a tener mercados regulados para el uso recreacional del cannabis, y mientras tanto el gobierno de México sigue gastando recursos escasos en encarcelar a consumidores de marihuana”.

Con respecto a las otras características de los encarcelados por delitos de drogas, en su mayoría se trata de personas con escasa educación, en condición de pobreza o con trabajos de baja remuneración. Asimismo, la cantidad de mujeres encarceladas por drogas está aumentando a un ritmo más rápido que la de hombres y la mayoría son madres solteras.

Un estudio en 2012 en Argentina mostró que 80.5% de las mujeres encarceladas por delitos de drogas afirmó ser la principal fuente de sustento en su hogar. En el caso de Colombia, entre 2010 y 2014, el 93% de las mujeres encarceladas por drogas tenían hijos, mientras el 52.8% eran madres solteras. En todos los países estudiados, el encarcelamiento de estas mujeres puede tener consecuencias devastadoras para sus hijos y familias, y por lo tanto para la sociedad en general pues se crea un círculo vicioso de pobreza que empuja a las personas al consumo o tráfico de drogas.

El estudio también destaca que un importante número de los y las encarcelados por delitos de drogas nunca antes había cometido delitos. Por lo general, ocupan los eslabones más bajos de la cadena de las drogas ilícitas o son consumidores encarcelados equivocadamente por microtráfico. El encarcelamiento de estas personas no tiene ningún impacto en los mercados de drogas, debido a que son las personas más fácilmente reemplazadas; sin embargo, estas personas tienden a ser el blanco principal de los esfuerzos de la aplicación de la ley, pues es más fácil perseguirlos a ellos que a los grandes traficantes. En Costa Rica, por ejemplo, sólo en 3.9% de los encarcelados es algún líder o jefe de una organización dedicada a la venta de drogas.

La investigación concluye que la cárcel debería ser el último recurso; no obstante, actualmente es la principal herramienta utilizada para abordar el tema de drogas en las Américas.

Según Sergio Chaparro, investigador del CEDD y co-autor, “Es necesario repensar el uso del derecho penal y de la cárcel en la política de drogas. La respuesta penal debe ser sustituida por un enfoque más amplio, basado en políticas de desarrollo social y salud pública. Se requieren respuestas no sólo más humanas sino también más efectivas frente a la creciente vinculación de las personas con los mercados ilegales de drogas”.

El informe ofrece una seria de recomendaciones de reformas a las políticas públicas para lograr esta reorientación en las políticas de drogas.

El CEDD busca generar información sobre las características y los costos, sean sociales o económicos, de las políticas en materia de drogas en América Latina. Con ello, busca fomentar un debate informado sobre la efectividad de las políticas de drogas actuales y recomendar abordajes alternativos para políticas más justas y efectivas. Para más información visita: www.drogasyderecho.org.

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