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Comisión de Constitución concluye análisis sobre Interrupción del embarazo en tres causales

La instancia concluyó el despacho de la iniciativa, en segundo trámite, tras varias jornadas de estudio y votación de las indicaciones. Ahora corresponde que se pronuncie, en las materias de su competencia, la Comisión de Hacienda.

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, despachó en particular el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.

De esta forma, concluyó el trámite de votación en particular y ahora solo resta que se pronuncie la Comisión de Hacienda, en las materias de su competencia

Cabe recordar que la Comisión acordó la modificación de la redacción para buscar acuerdo sobre la constatación de hechos y la certificación de violación, lo que fue despejado en la jornada.

Luego se dio paso al debate de uno de los temas más complejos, relativo a la objeción de conciencia, donde se precisó el alcance de ésta también al equipo médico.

Al respecto, los senadores fundamentaron sus distintas posturas:

El senador Felipe Harboe, presidente de la Comisión de Constitución consultó si “tendrá el mismo derecho una mujer que vive en una zona aislada donde existe un solo médico que ejerza la objeción de conciencia” y aclaró que en ningún caso debe entenderse la libertad como un derecho absoluto. Agregó que en su opinión “el proyecto pondera el derecho a determinación de conciencia del médico y la integridad de la mujer”.

Agregó que “es relevante tener una ley en la materia, dada la realidad social porque mientras se discute la ley tenemos a mujeres afectadas en las 3 causales. Y, si bien creo reconocer solo la objeción del médico, si la expansión al equipo médico garantiza la aprobación del proyecto concurriré con mi voto favorable”

En tanto, el senador Alberto Espina, solicitó ampliar “a todo el cuerpo médico”, dicha objeción de conciencia, pues no sería comprensible limitar ese derecho y anticipó que haría reserva de constitucionalidad, al respecto. Asimismo recalcó que “no se puede imponer a las instituciones privadas de salud una obligación que escape a los fines, objetivos y valores en lo que se formó”.

Por su parte, el senador Pedro Araya, señaló que “este es uno de los temas centrales, porque también están en juego otros derechos tan importantes como los de la mujer. El proyecto que presenta el Ejecutivo solo dice que ésta objeción de conciencia solo la puede tener el médico, pero no se puede olvidar que estamos ante la comisión de un delito que no tiene sanción penal en tres causales, por lo que debe alcanzar a todo el personal que se encuentra en pabellón”.

En tanto, el senador Hernán Larraín, manifestó que “este tema atraviesa el eje central del debate. El hecho de que el Ejecutivo haya incluido objeción de conciencia, dice que estamos en una materia muy delicada que se debe resolver bien. Y así tal como está en el texto no lo hace, porque solo la reglamenta desde el procedimiento en que solo el médico puede plantearla y solo bajo ciertas hipótesis determinadas. No hay fundamentación adecuada para solo circunscribir este derecho en un solo profesional”. Además, se manifestó a favor de la objeción de conciencia institucional.

Por su parte, el senador Alfonso De Urresti, manifestó que “espero que exista la igualdad en el acceso y que no se utilice la objeción de conciencia en los lugares más alejados y con menos médicos, para justificar no aplicar la ley. El principio de la negación del servicio no es correcto que quede consagrado en la ley, porque se estará en situación desmejorada en aquellos lugares rurales más alejados”. Advirtió que si no se resguarda esta situación “no habrá acceso igualitario y esto generará distorsión en nuestro sistema de salud”.

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