Políticos y los retos pendientes para alcanzar la paz, armonía y solidaridad.
Medio siglo atrás, Chile fue escenario de uno de los episodios más oscuros y dolorosos de su historia: el Golpe de Estado que derrocó al gobierno democráticamente elegido de Salvador Allende, un suceso marcado por numerosas incertidumbres, cuestionamientos y claroscuros que hoy salen a la luz pública gracias a investigaciones en curso. Este aniversario conlleva la responsabilidad de reflexionar sobre la trayectoria recorrida y los desafíos aún latentes en una sociedad que persiste en su búsqueda de paz, armonía y solidaridad.
Uno de los aspectos más notorios de estas cinco décadas es la persistente división que afecta a la sociedad chilena. Factores que van desde la desigualdad hasta la mediocridad y el egoísmo han dejado una marca en el ADN colectivo. Lamentablemente, gran parte de la responsabilidad recae en los políticos, tanto los que se desempeñan en cargos públicos como aquellos que operan en las sombras. Muchos de ellos parecen haber olvidado su deber fundamental: promover, proteger y materializar sus doctrinas políticas y convicciones que los llevaron al escenario político, en beneficio del pueblo que los eligió. En lugar de ello, han optado por asegurar su propio bienestar, disfrutando de sueldos que superan en más de 10 veces el ingreso promedio de un ciudadano común.
Además, han utilizado su posición privilegiada para influir en el sistema judicial y económico, en ocasiones financiando procesos legales que se extienden en el tiempo y que a menudo se resuelven una vez que han dejado sus cargos. Todo esto se da bajo un marco legal que resulta complejo de comprender para la ciudadanía común, generando una profunda inseguridad entre los gobernados, quienes no pueden aspirar a una vida plena y de calidad en estas condiciones.
A pesar de que han transcurrido cinco décadas desde aquel fatídico Golpe de Estado, persisten numerosos problemas en el país. Campamentos que alojan a familias sin vivienda adecuada continúan existiendo en diversas comunas, la economía sigue siendo vulnerable, y sería un error atribuir la responsabilidad de estos desafíos únicamente a un sector político u otro. En última instancia, todos comparten la responsabilidad de no haber resuelto estos problemas.
Resulta alarmante constatar cómo el término «terrorismo», que evoca tiempos oscuros de la historia chilena, sigue siendo utilizado, ahora bajo la elegante etiqueta de «terrorismo blanco». Este hecho refleja un profundo estancamiento en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
La educación, un pilar fundamental en el desarrollo de una sociedad, también enfrenta desafíos significativos. La educación, en ocasiones enfocada en intereses económicos y centrada en privilegiados, ha mantenido a la población en la ignorancia, convirtiéndola en presa fácil de los poderes dominantes y de aquellos que buscan explotarla sin escrúpulos. Es sorprendente observar cómo individuos con formación en campos ajenos a la política ocupan cargos en el ámbito gubernamental, lo que plantea la pregunta fundamental: ¿Para qué se han educado? Este fenómeno es especialmente notorio en un país que carece de una formación específica para políticos. Por lo tanto, es imperativo replantear seriamente el sistema educativo y asegurarnos de que aquellos que lideran tengan una comprensión profunda de las necesidades del país desde una perspectiva más humana.
Finalmente, los 50 años del Golpe de Estado en Chile nos brindan la oportunidad de reflexionar sobre los desafíos aún pendientes. Los políticos, en su mayoría, deben reencontrar su compromiso con la sociedad, dejando de lado sus intereses personales y actuando de manera transparente y ética. La educación debe convertirse en una prioridad, y la división que aún prevalece en la sociedad debe ser superada en aras de construir una nación más justa, solidaria y en paz. La historia nos ha dejado lecciones valiosas, y depende de nosotros aprender de ellas para construir un futuro más prometedor. (JH)
