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Ópticas de Chile ante Tribunal por prohibición del ejercicio de tecnólogos y optómetras en ópticas

El Tribunal Constitucional desarrolló audiencias públicas en el marco del Proceso de Inconstitucionalidad iniciado de oficio en relación al artículo 126, inciso segundo, parte final, del Código Sanitario. Este artículo, actualmente prohíbe la realización de exámenes visuales al interior de las ópticas por parte de profesionales tecnólogos médicos con mención en oftalmología y optómetras, y el honorable tribunal ha considerado que la prohibición sería contraria a la garantía constitucional de igualdad ante la ley (art. 19 No. 2).

Durante la audiencia, se escuchó a diversos expositores argumentar respecto de esta decisión del honorable tribunal. En particular se destacó la importancia de contar con un mayor acceso a la población de atención visual primaria, dado el déficit que el sistema público de salud tiene hoy de profesionales oftalmólogos y también de oportunidad de atenciones.

Al respecto, el Dr. Marco Antonio Núñez, presidente ejecutivo de Ópticas de Chile, señaló: “Según cifras oficiales, son más de 230 mil personas las que hoy deben esperar 480 días en promedio para ser atendidos por un especialista en el sector público. En la lista de espera GES, la oftalmología sigue encabezando la nómina. Por lo tanto, -así como ocurre en el resto del mundo dónde todos los profesionales oftalmólogos y optómetras trabajan en equipo-, en Chile las personas deben tener acceso a un examen visual primario realizado por profesionales absolutamente capacitados, con más de 5 años de estudios, de manera oportuna y sobre todo accesible económica y geográficamente. Eso es posible pues las ópticas están desplegadas a lo largo del país y aquí el sector privado debe ser complementario a la red de salud pública. Queremos que de una vez se deje de proteger los intereses particulares de una especialidad médica y se vele por la atención de salud de todos los chilenos”.

Cabe señalar que el servicio al interior de las ópticas, traería un impacto relevante no sólo en acceso físico de las personas a atención visual primaria, dado que existen ópticas a lo largo de todo el país, sino que tendría un impacto positivo en la economía familiar de millones de chilenos que no pueden acceder a una consulta oftalmológica dado su alto valor (en torno a $40.000 la consulta), en circunstancias que en una óptica esos chilenos pueden acceder a un examen visual por $5.000.

Desde el punto de visto de la protección de los consumidores, expuso en esta audiencia el presidente de la organización de consumidores, ODECU, Stefan Larenas, quien destacó la importancia de que las personas tengan acceso a examen visual de manera oportuna. “De impulsar el tribunal esta iniciativa sería un enorme beneficio que significaría desde el punto de vista de los consumidores el hecho de que tecnólogos médicos mención en oftalmología y optometristas puedan realizar exámenes visuales de vicios de refracción al interior de las ópticas”. Asimismo, destacó aspectos como la “portabilidad de la receta” para que los pacientes no queden cautivos en la óptica, sino que tengan la alternativa de recibir una receta para lentes y evaluar el lugar que más les convenga para adquirirlos. “La receta debe ser portable y trasladable, esencial para promover la competencia en beneficio del consumidor. En los 15 años que viví en un país europeo, no fui al oftalmólogo, sino que acudí a consultas de optometría”.

Antecedentes normativos

Cabe recordar que en 2011 se promulgó la Ley de Optometría, cuyo fin era impulsar la creación de la profesión de Optómetra, un especialista con formación universitaria para diagnosticar y corregir vicios de refracción (hipermetropía, miopía, astigmatismo y presbicia), recetar lentes para compensar sus efectos y pesquisar-diagnosticar patologías oculares con el fin de derivarlas oportunamente al médico oftalmólogo.

El espíritu y objetivo de esta ley fue crear una figura que permitiera contribuir a resolver un problema de salud pública, como lo es el hecho que más de 237.000 personas tienen algún tipo de afección visual y están en lista de espera por más de 480 días.

De esta manera, esta ley permitió que los tecnólogos médicos mención en oftalmología y aquellos optómetras extranjeros que trabajen en nuestro país, puedan ejercer en la detección y compensación de vicios de refracción a través del examen visual. Sin embargo, tres años más tarde de la aprobación de la ley de Optometría, se incorporó sin discusión, una modificación en el artículo 126 del Código Sanitario que señala que “en ninguno de estos establecimientos estará permitida la instalación de consultas médicas o de tecnólogos médicos”.

El Plan de Salud Visual Universal de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al que nuestro país adhiere, plantea que “los errores de refracción no corregidos son la causa más común de discapacidad visual en todo el mundo y la segunda causa más común de ceguera. Las cuatro formas principales son la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la presbicia. No se pueden prevenir, pero se pueden diagnosticar mediante un examen ocular y se pueden tratar con anteojos o cirugía, ambos tratamientos altamente costo-efectivos”.

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