Esta noche, el mar de Iquique brilla con luces que no traen buenas noticias. No se trata de embarcaciones turísticas ni de veraneo, sino de flotas pesqueras que, amparadas en una ley injusta y corrupta, depredan nuestros recursos naturales. Mientras estas naves se llevan la anchoveta y los peces pequeños sin discriminación de nuestras costas, los cetáceos huyen o se acercan más a la costa, alterando el equilibrio del ecosistema marino y afectando directamente a la economía de los pescadores artesanales.
Este saqueo ambiental tiene nombre y responsable: la Ley de Pesca, impuesta por intereses privados y mantenida intacta por una clase política que prefiere el silencio cómplice antes que enfrentarse a los conglomerados que dominan el sector. Ningún parlamentario, ni de nuestra región ni de otras, ha tenido el valor de rectificar esta situación. Ahora, cuando tienen la oportunidad de cambiar la historia, se ven arrinconados por las directrices partidarias y el miedo a perder apoyo económico y político.
La pesca indiscriminada que presenciamos desde nuestras costas es legal, sí, pero eso no la hace justa. Es el resultado de una ley hecha a la medida de las grandes empresas pesqueras, sin consideración alguna por el bienestar de las comunidades costeras ni del equilibrio ecológico. Hoy, el saqueo sigue su curso, y con él, la amenaza de un desastre ambiental que podría ser irreparable. La desaparición de la anchoveta no solo afectará a los pescadores, sino también a la cadena alimenticia marina y al ecosistema de la corriente de Humboldt, vital para la biodiversidad de nuestras aguas.
Aún más preocupante es el silencio de los grandes medios de comunicación nacionales, que parecen ignorar esta crisis ecológica y social. No hay cobertura, no hay indignación, no hay presión mediática sobre el Gobierno ni el Congreso. La información se soslaya, y con ello, se refuerza la impunidad de quienes lucran con nuestros recursos sin dar nada a cambio. Es un error.
Pero la voz ciudadana no puede ser ignorada. La manifestación social debe ir dirigida contra un sistema que ha olvidado a las comunidades costeras y que prioriza el lucro por sobre el bienestar del país. Los ecólogos y especialistas en cetáceos advierten sobre las posibles consecuencias de esta explotación descontrolada. No es solo un problema para los pescadores artesanales; es una amenaza para todo el ecosistema marino y para la seguridad alimentaria de la región.
Es momento de que las autoridades nacionales, regionales y comunales se pongan la mano en el corazón. La pesca de la anchoveta debe ser regulada con criterios de sostenibilidad y justicia social, y aunque este ejercicio de extracción siempre se ha realizado, ahora es mucho más evidente y sin criterio. Por ello, las manifestaciones pacíficas son en defensa de nuestras ballenas, nuestros pescadores y nuestro ecosistema. La economía no puede estar por encima de la vida ni del derecho de las futuras generaciones a un mar sano y productivo.
Las familias de Iquique no están en contra de la extracción pesquera, sino de la injusticia con la que se lleva a cabo. Es urgente que el Gobierno de Chile asuma su responsabilidad y tome medidas para equilibrar el desarrollo económico con la protección del medioambiente y el bienestar de su gente. Porque si seguimos permitiendo que nos roben el mar, pronto no quedará nada por defender.
Juan Carlos Hernández Caycho
Presidente
Fundación Mariposas de Miraflores
