A lo largo de la historia, la pena de muerte ha sido un tema que genera divisiones profundas en la sociedad. Desde tiempos antiguos, distintas civilizaciones han aplicado este castigo como una forma de impartir justicia. Sin embargo, el mundo ha evolucionado, y con ello, los derechos humanos han adquirido un valor fundamental en la convivencia social. Hoy, Chile vuelve a discutir este tema tras la propuesta de reintroducir la pena capital hecha por la ciudadana Evelyn Matthei, un planteamiento que me invita a reflexionar desde la ética, la justicia y la efectividad de esta medida.
En mis años mozos, tuve la oportunidad de involucrarme activamente en la defensa de los derechos humanos. En 1983, como miembro de Amnistía Internacional, participé en la campaña global «Contra la pena de muerte», impulsada por el abogado británico Peter Benenson (1977). Su denuncia sobre la ejecución de «presos de conciencia» –personas encarceladas por sus ideas políticas o religiosas sin haber cometido delitos violentos– sentó las bases para mi lucha contra este castigo extremo. A partir de entonces, diversas naciones han avanzado en la abolición de la pena de muerte, priorizando el respeto por la vida y la dignidad humana.
Sin embargo, a pesar de los avances, la pena de muerte sigue vigente en numerosos países. En 2023, Amnistía Internacional registró 1.153 ejecuciones en todo el mundo, con China e Irán encabezando la lista. Aunque en muchos casos se argumenta que esta medida es un mecanismo de disuasión contra el crimen, no existen pruebas científicas que respalden esta afirmación. Al contrario, estudios demuestran que no hay una relación directa entre la aplicación de la pena de muerte y la reducción de la delincuencia. Más aún, la posibilidad de ejecutar a un inocente representa un riesgo irreparable que ningún sistema judicial debería permitirse.
El derecho a la vida es un principio fundamental que no puede ser vulnerado sin consecuencias. La pena de muerte es irreversible y, por lo tanto, incompatible con la dignidad humana. Además, su aplicación ha sido históricamente discriminatoria, afectando en mayor medida a las minorías y a quienes no cuentan con recursos para una defensa adecuada. La justicia no puede basarse en la venganza ni en el populismo punitivo; debe centrarse en garantizar procesos equitativos y en promover medidas que realmente contribuyan a la seguridad pública.
Comprendo que la sociedad clame por justicia ante la creciente ola de violencia y delincuencia. Sin embargo, estoy convencido de que la solución no está en la ejecución de los criminales, sino en la creación de un sistema carcelario eficiente y verdaderamente punitivo. La privación de libertad de por vida, sin beneficios ni comodidades, representa un castigo mucho más severo y prolongado que una ejecución. La verdadera justicia no se mide en la sangre derramada, sino en la capacidad de una sociedad para equilibrar la seguridad con el respeto a los derechos humanos.
El debate sobre la pena de muerte en Chile debe ser abordado con profundidad, sin caer en discursos emocionales ni en respuestas simplistas. Esta discusión interpela mis valores y mi visión de sociedad. No se trata solo de castigar a los culpables, sino de construir un país más justo, donde el derecho a la vida prevalezca por sobre la sed de venganza. La historia me ha enseñado que la violencia solo genera más violencia; la solución, entonces, debe estar en la educación, la prevención y el fortalecimiento de un sistema de justicia que realmente haga honor a su nombre.
Juan Carlos Hernández Caycho
Presidente
Fundación Mariposas de Miraflores
