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Proponen cancelar patente comercial a negocios que sean fachada para venta de drogas ilegales

Cocaina estupefacientes CongresoBuscando controlar y limitar el tráfico ilegal de drogas y sustancias psicotrópicas, un grupo de diputados de Renovación Nacional, liderados por Nicolás Monckeberg, presentó un proyecto que busca cancelar la patente comercial a negocios que sean fachada para este tipo de actividades.

La iniciativa, derivada a la Comisión de Gobierno Interior para su estudio, fue ingresada a trámite legislativo el pasado 2 de julio por el diputado Nicolás Monckeberg, junto a sus compañeros de partido, Germán Becker, Pedro Browne, José Manuel Edwards, Joaquín Godoy, Leopoldo Pérez, Karla Rubilar, Marcela Sabat, Frank Sauerbaum y Germán Verdugo.

La moción propone que la autoridad municipal competente cancele las patentes otorgadas a personas en locales o establecimientos comerciales de su propiedad donde se haya comprobado judicialmente la comercialización, venta o distribución de drogas en contravención a la Ley que rige dicha materia (Ley 20.000). “Todo ello sin perjuicio de las sanciones penales que de acuerdo a la normativa vigente recaiga sobre las personas que tengan responsabilidad en la comisión de los hechos tipificados en la Ley 20.000 y sus sucesivas modificaciones”, agrega.

Se especifica, además, que dicha cancelación deberá hacerse efectiva inmediatamente y en el plazo máximo de cinco días, desde que se acredite cualquiera de las situaciones recién mencionadas. La persona que quede sujeta a esta sanción no podrá solicitar patente municipal en ninguna municipalidad por el término de cinco años, a contar de la fecha de cancelación.

La norma también indica que, encontrándose autorizado para suministrar a cualquier título sustancias, drogas o materias que sirvan para obtenerlas, la persona que lo hiciere en contravención de las disposiciones legales o reglamentarias que regulan la materia, ésta será sancionada con presidio mayor en sus grados mínimo (5 años y un día a 10 años) a medio (10 años y un día a 15 años) y multa de cuarenta a cuatrocientas UTM.

La moción acota que, cuando el autor del hecho sea empleado o dependiente del establecimiento, podrá imponerse, además, la medida de clausura temporal del establecimiento por un plazo no inferior a sesenta días ni superior a ciento veinte días. En caso de reiteración, deberá imponerse la clausura definitiva y la prohibición perpetua para el autor de tales ilícitos de participar en otro establecimiento de igual naturaleza.

Finalmente, señala que quien se encuentre a cargo de un establecimiento de comercio abierto al público y tolere o permita el tráfico o consumo de drogas, será castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de cuarenta a doscientas unidades tributarias mensuales, a menos que le corresponda una sanción mayor por su participación en el hecho.