Desde las 08:00 horas de este lunes 9 de diciembre, los docentes y funcionarios del Centro de Capacitación Laboral se encuentran en paralización indefinida. Según informaron representantes del establecimiento, esta drástica medida surge tras años de denuncias no atendidas que han deteriorado gravemente el ambiente laboral, afectado la salud emocional del personal y comprometido el bienestar de los estudiantes.
Los trabajadores apuntan directamente a la gestión de la inspectora general, Mariela Basualto, acusándola de liderar un entorno de hostigamiento, decisiones arbitrarias y una administración deficiente. En sus palabras: «Estas prácticas han transformado nuestro lugar de trabajo en un espacio hostil e insostenible, afectando severamente nuestra capacidad para educar con la excelencia que nuestros estudiantes merecen».
Además, denuncian que la dirección del establecimiento, encabezada por Sandra Figueroa, y el Servicio Local de Educación Pública (SLEP), liderado por Najle Majluf, han demostrado «una actitud displicente frente a la vulneración de derechos laborales y humanos», perpetuando un ambiente de desgaste y desprotección.
Los efectos no se limitan al personal docente. Los estudiantes también han sido víctimas de «actitudes despectivas y maltrato emocional por parte de la inspectora general», señalaron los denunciantes, quienes advierten que estas situaciones vulneran su derecho a recibir una educación en condiciones dignas y seguras.
Otro foco de conflicto es el comportamiento de María Fonseca, presidenta del Centro de Padres y Apoderados, acusada de fomentar un clima de desconfianza mediante rumores y acusaciones infundadas que, según el personal, han dañado la imagen del equipo educativo y obstaculizado la gestión de beneficios para los estudiantes.
«Pese a los antecedentes sobre su conducta, las autoridades han optado por respaldar y legitimar su accionar, reforzando un clima de impunidad y desconfianza», recalcaron.
El cuerpo docente y administrativo exige la intervención inmediata de las autoridades competentes para garantizar un entorno laboral y educativo digno. Durante la paralización, se mantendrán turnos éticos para atender a los estudiantes y la entrega de alimentación JUNAEB continuará con normalidad.
Andrea Vargas, representante de los asistentes, y Karla Luque, representante de los docentes, manifestaron: «Estamos comprometidos a luchar por un entorno justo y seguro, donde se priorice el bienestar de todos. La educación especial es un pilar de inclusión y desarrollo, y no descansaremos hasta garantizar su protección».
La comunidad educativa espera respuestas urgentes ante esta crisis que amenaza no solo la labor de los trabajadores, sino también los derechos fundamentales de los estudiantes.
