Vuelve al Senado proyecto que repone facultades al Servel para fiscalizar campañas

La iniciativa permite que el organismo se encargue de las infracciones en materia de propaganda electoral. En la votación en particular, los diputados rechazaron que fuera el Servel, como órgano administrativo, el encargado de sancionar las infracciones a la Ley de los Partidos Políticos.

Servicio Electoral de ChileCon el objetivo de restablecer disposiciones que fueron objetadas por el Tribunal Constitucional por un vicio de forma – no haber consultado la opinión del Poder Judicial, como establece la Carta Fundamental para los proyectos de ley que abordan materias relativas a tribunales -, la Cámara de Diputados aprobó en general, con 86 votos a favor, el proyecto que repone facultades del Servicio Electoral (Servel).

El primer artículo, que modifica el artículo 144 de la Ley sobre Votaciones Populares y Escrutinios, con la finalidad de entregar al Servicio Electoral el conocimiento y la facultad de sancionar las infracciones en materia de propaganda electoral, fue aprobado en la Cámara por 89 votos a favor.

Sin embargo, los diputados rechazaron el segundo artículo de la propuesta, que modificaba la Ley de Partidos Políticos para que las sanciones por la inobservancia de dicha norma fueran impuestas por el Servel, por estimar que no corresponde a un organismo administrativo la supervigilancia de estos conglomerados, sino a una entidad superior como el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). Por tanto, el artículo fue rechazado por 50 votos a favor, 34 en contra y 7 abstenciones -requería 66 votos afirmativos, al tratarse de una disposición de ley orgánica constitucional-.

De esta forma, el proyecto de ley retornó al Senado, que lo había aprobado ya en primer trámite constitucional, para que los senadores ratifiquen o rechacen los cambios introducidos por la Cámara.

Cuestionamiento de TC

En el mensaje que acompaña al proyecto, el Ejecutivo explicó que el texto legal repone normas que el TC declaró inconstitucionales en el proceso de revisión del proyecto de ley para el fortalecimiento de la democracia, debido a que no se consultó a la Corte Suprema específicamente sobre el artículo relativo a las competencias del Servicio Electoral para conocer y aplicar sanciones por infracciones en materia de propaganda electoral (procedimiento que antes realizaban los juzgados de policía locales).