Tras años de un proceso judicial contra el Ex Alcalde de Alto Hospicio Ramón Galleguillos Castillo y el ex Director de SECOPLAC César Villanuev, el Ministerio Público comunicó oficialmente su decisión de no perseverar en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, cerrando así una investigación que se extendió por más de siete años sin que se lograran acreditar delitos ni responsabilidades penales.
La audiencia se llevó a cabo el 11 de noviembre de 2025 en el Juzgado de Garantía de Iquique, por solicitud del Ministerio Público. En esta oportunidad se informó que la Fiscalía ha decidido no perseverar en la causa porque, después de revisar todas las diligencias y antecedentes, no encontró elementos suficientes para formular una acusación.
El abogado defensor Juan Sampson explicó que esta resolución “ratifica lo que desde un inicio sostuvimos: que no había delito alguno ni participación atribuible a mis representados”. Recordó que en octubre de 2024 el Ministerio Público ya había adoptado la misma decisión, pero el querellante, representado por el abogado Enzo Morales en nombre de Hugo Gutiérrez, solicitó la reapertura de la investigación alegando diligencias pendientes. “El tribunal accedió entonces a esa petición, las diligencias se cumplieron, y aun así la Fiscalía concluyó nuevamente que no hay mérito para seguir adelante con el procedimiento”, señaló Sampson.
Para la defensa, el cierre definitivo de esta causa pone fin a un largo periodo de daño moral y familiar. “Durante años se expuso públicamente a personas inocentes, afectando sus hogares, sus vínculos personales y su imagen pública, sin que existieran pruebas reales que sostuvieran las acusaciones”, enfatizó el abogado.
Desde su parte, Ramón Galleguillos indico que: “Durante este largo período, no solo mi nombre y mi trayectoria fueron vulnerados por acusaciones infundadas, sino que mi familia y yo sufrimos un daño profundo por acusaciones sin fundamentos. También destacar el gasto que implicó para el Estado esta causa, impulsada sin respaldo por el señor Enzo Morales quien, como es costumbre, a buscado judicializar la política al insistir en reabrir un caso que no contaba con nuevo fundamento. Este proceder generó un uso innecesario de recursos públicos, un desgaste emocional para mi familia y prolongó artificialmente esta acusación. Ahora analizaremos los pasos a seguir, y no está descartada la presentación de una denuncia por injurias y calumnias contra ese abogado, quien ya fue acuse y fue condenado por un hecho similar y obligado a pedir disculpas, cargos que aún no ha cumplido”.
A partir de esta resolución, la defensa no descarta acciones legales por injurias, calumnias o daño moral, considerando el impacto personal y reputacional que significó estar bajo sospecha durante casi una década. “Cualquier intento del querellante por reabrir el caso sería inútil”, advirtió Sampson, “pues la Fiscalía ha sido categórica: la investigación está cerrada”.
Con la decisión de no perseverar notificada el 8 de octubre y formalizada en audiencia el 11 de noviembre, la causa que comenzó en 2018 queda definitivamente concluida, marcando el término de un proceso que, según la defensa, “nunca debió haberse sostenido tanto tiempo sin sustento probatorio”.
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