El Informe Final N° 510/2025 revisó recursos entregados entre 2023 y 2024 a organizaciones sin fines de lucro. El documento ordena reintegros, exige medidas correctivas y solicita reforzar la fiscalización. El Gobierno Regional emitió una declaración pública y anunció acciones.
La Contraloría Regional de Tarapacá dio a conocer el Informe Final N° 510, de 2025, documento que contiene el resultado de una investigación especial realizada al Gobierno Regional de Tarapacá (GORE) respecto de transferencias de fondos a entidades privadas sin fines de lucro, imputadas al subtítulo 24 “Transferencias Corrientes”, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024.
Según el informe, la revisión tuvo como foco verificar si las transferencias se ajustaron a normativa, si las rendiciones presentadas por las entidades beneficiarias estaban debidamente respaldadas, y si el GORE realizó supervisión técnica y financiera sobre los proyectos financiados.
Tras conocerse el documento, el Gobierno Regional emitió una Declaración Pública en la que sostuvo que ya inició gestiones administrativas para abordar las observaciones, y que se adoptarán medidas de mejora.
Más de $1.777 millones bajo revisión en 66 proyectos
De acuerdo al propio informe, durante los años 2023 y 2024 el GORE registró 364 transferencias corrientes, por un total de $5.416.392.530. No obstante, Contraloría seleccionó una muestra analítica de proyectos de mayor monto.
En ese contexto, la investigación revisó 66 proyectos, que suman un total transferido de $1.777.179.098, incluyendo transferencias del FNDR 8% y asignaciones directas.
Gastos sin respaldo: Contraloría ordena exigir restitución
$58 millones aprobados sin acreditación suficiente
Uno de los principales resultados del informe es que Contraloría observó acreditación insuficiente de gastos aprobados y contabilizados por el GORE, por un total de $58.362.020.
Según el documento, en estos casos no se evidenció documentación suficiente para justificar la ejecución de lo financiado, tales como nóminas de asistentes, actas de entrega, fotografías u otros antecedentes que demuestren recepción conforme de bienes o servicios.
En razón de lo anterior, Contraloría instruyó que el Gobierno Regional requiera la restitución de dicho monto y remita los comprobantes contables que acrediten el ingreso a su cuenta corriente, dentro del plazo de 60 días hábiles.
Notebooks: 14 equipos sin respaldo y reintegro por $7,7 millones
El informe también da cuenta de un caso asociado a proyectos de alfabetización digital vinculados al uso de Comisaría Virtual.
Contraloría advirtió falta de respaldo en la entrega de 14 notebooks, por un total de $7.700.000, señalando que el monto fue restituido por la entidad beneficiaria durante la etapa de respuesta al preinforme.
Sin embargo, Contraloría mantuvo la observación, indicando que el reintegro no resulta suficiente para subsanar el punto, debido a que no se detallaron los motivos por los cuales no se implementó el uso de los equipos en el objetivo del proyecto, pese a que las facturas fueron recibidas conforme y aprobadas.
Asimismo, se instruyó incorporar esta materia al procedimiento disciplinario iniciado por el GORE mediante resolución exenta N° 1.030, de 10 de diciembre de 2025, debiendo remitir copia a la unidad correspondiente de Contraloría.
Rendiciones pendientes: más de $250 millones en observaciones
Otro eje relevante del informe corresponde a recursos transferidos cuyo proceso de rendición no se encontraba completamente cerrado.
En ese sentido, Contraloría informó:
- proyectos sin rendiciones de gastos asociadas por $87.390.000,
- saldos de convenios vencidos pendientes de rendición por $69.590.704,
- y $96.400.469 por rendiciones observadas por el propio GORE debido a falta de respaldos.
Al respecto, Contraloría recordó que las rendiciones no presentadas o no aprobadas generan obligación de restitución, instruyendo al Gobierno Regional requerir el reintegro de los montos o, en su defecto, iniciar las acciones judiciales que correspondan, informando documentadamente a través del sistema de seguimiento institucional.
Conflictos de interés: vínculos entre directivos y proveedores
Contraloría detectó coincidencias en 3 proyectos
En otro punto relevante, el informe señala que se advirtieron coincidencias entre directivos de instituciones sin fines de lucro receptoras de recursos y proveedores incluidos en rendiciones de cuenta, por un total de $50.020.381, en 3 proyectos.
Contraloría indicó que ello vulneraría las restricciones establecidas en los manuales del concurso FNDR 8% emitidos por el propio Gobierno Regional, respecto de la prohibición de contratar proveedores que tengan relación con miembros de directiva o directorio.
En este contexto, Contraloría instruyó requerir la restitución de $12.780.000 y además analizar otras rendiciones no contabilizadas para determinar si existen casos similares.
Caso con observación crítica: Contraloría ordena aclarar factura por $14,2 millones
El informe también consigna que la documentación que respalda una factura por $14.200.000, correspondiente a servicios contratados por una organización deportiva, no sería consistente con lo indicado por parte de socios entrevistados durante la investigación.
Ante ello, Contraloría instruyó al Gobierno Regional aclarar la situación con la organización privada y ejercer acciones legales en caso de comprobarse adulteración de instrumento público o privado.
Fiscalización en terreno: 32 de 66 proyectos sin actas
Contraloría también cuestionó el rol de supervisión del GORE, señalando que 32 de las 66 iniciativas examinadas no registraban actas de fiscalización en terreno, lo que impide verificar formalmente el cumplimiento de actividades comprometidas.
Si bien el Gobierno Regional argumentó limitaciones de personal y recursos, Contraloría mantuvo la observación e instruyó remitir un plan de fiscalización formalizado para su aplicación en los años sucesivos.
Debilidades estructurales: contabilidad, control interno y sistemas
Además de los casos concretos, el Informe Final N° 510 describe fallas estructurales en el sistema de control interno del Gobierno Regional.
Entre ellas, se menciona falta de segregación de funciones en la aprobación de documentos contables, riesgos asociados a transferencias pagadas en una sola remesa, control de rendiciones mediante planillas Excel y observaciones vinculadas al uso de plataformas como SISREC en casos donde sería obligatorio.
La respuesta del GORE: declaración pública y medidas anunciadas
Tras conocerse el informe, el Gobierno Regional de Tarapacá difundió una declaración pública en la que sostuvo que ya se iniciaron gestiones administrativas para abordar las observaciones y solicitar reintegros en casos que corresponda.
Asimismo, señaló que el informe no constituiría por sí mismo una sentencia judicial, y que se encuentra en desarrollo un procedimiento disciplinario interno iniciado en diciembre de 2025, con el objetivo de determinar eventuales responsabilidades administrativas.
Qué significa este informe: no es una sentencia, pero sí una alerta institucional
El Informe Final N° 510 corresponde a un documento administrativo emitido por Contraloría, que contiene observaciones, instrucciones de restitución, medidas correctivas y exigencias de mejora institucional.
Si bien el informe no constituye una sentencia penal, sí fija obligaciones concretas para el Gobierno Regional, incluyendo reintegros, regularizaciones, formalización de manuales, planes de fiscalización y eventuales acciones legales en casos específicos, lo que deberá ser informado dentro de plazos establecidos.
Plazos: 60 días para acreditar reintegros y medidas correctivas
Finalmente, Contraloría estableció principalmente un plazo de 60 días hábiles para que el GORE remita documentación de respaldo, regularice procedimientos y acredite reintegros, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo del organismo fiscalizador.
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