La senadora Danisa Astudillo cuestionó duramente el rechazo en el Senado a las iniciativas destinadas a fortalecer las herramientas de investigación financiera contra el crimen organizado, afirmando que la decisión dificulta la persecución de las organizaciones vinculadas al narcotráfico y al lavado de activos.
Tras la votación, la parlamentaria sostuvo que sectores de la oposición desaprovecharon una oportunidad para dotar al Estado de mayores facultades para rastrear los recursos económicos provenientes de actividades ilícitas.
“Hoy la derecha votó en contra de perseguir al narco. Tuvieron la oportunidad de darle al Estado una herramienta para seguir la ruta del dinero del crimen organizado y dijeron que no”, manifestó Astudillo.
La legisladora respaldó sus críticas recordando antecedentes revelados por la denominada Operación Tokyo, investigación que permitió detectar una compleja red de lavado de activos asociada al crimen organizado. Según señaló, el caso dejó al descubierto movimientos financieros por más de 78 mil millones de pesos, además de la participación de personas vinculadas al sistema bancario.
“La Operación Tokyo dejó al descubierto 78 mil millones de pesos lavados y ejecutivos bancarios del Tren de Aragua operando desde dentro de los bancos. Aun así, la derecha protegió el secreto bancario”, afirmó.
La senadora también planteó una comparación entre las facultades que poseen las instituciones financieras para actuar frente a personas con deudas y las restricciones existentes para investigar patrimonios vinculados al crimen organizado.
“Mientras a las familias endeudadas les embargan las cuentas sin aviso, a los narcos les cuidan la plata. Eso es lo que pasó hoy en el Senado”, sostuvo.
El debate sobre el levantamiento del secreto bancario ha sido uno de los temas centrales en la discusión de las estrategias para combatir el narcotráfico, el lavado de dinero y el crimen organizado en Chile. Sus partidarios argumentan que permitiría seguir con mayor eficacia la ruta del dinero ilícito, mientras que sus detractores sostienen que cualquier modificación debe resguardar adecuadamente los derechos y garantías de las personas.
La discusión continuará en el Congreso en el marco de las reformas impulsadas para fortalecer las capacidades del Estado frente al avance de las organizaciones criminales transnacionales.
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