Tarapacá no está preparada para la próxima lluvia extrema: La emergencia reveló una vulnerabilidad social que ya estaba instalada

El sociólogo Gustavo Guarachi López advierte que los daños provocados por las lluvias extremas de agosto de 2026 no pueden explicarse únicamente por la intensidad del fenómeno meteorológico. Su análisis plantea que la verdadera magnitud del desastre fue determinada por la combinación entre amenaza climática, exposición territorial, riesgos medioambientales-territoriales, vulnerabilidad social y capacidad institucional de respuesta. La discusión que abre su investigación es incómoda: si las condiciones que produjeron el daño permanecen intactas, reconstruir simplemente lo destruido podría significar preparar el territorio para una nueva catástrofe.

Entre el 17 y el 20 de agosto de 2026, Tarapacá enfrentó precipitaciones intensas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y nevadas en sectores cordilleranos. En Iquique se registraron 6,6 milímetros de precipitación el 18 de agosto, superando el registro histórico previo para ese mes consignado en el reporte, mientras que durante varios días se acumularon más de 40 milímetros en sectores del litoral. El balance de SENAPRED disponible al 21 de agosto registró 1.953 personas damnificadas, 48 personas albergadas y 3.435 viviendas afectadas, 515 de ellas con daño mayor.

Los impactos alcanzaron además hospitales, establecimientos educacionales, caminos, redes eléctricas, actividad económica, conectividad y servicios esenciales. El reporte advierte, sin embargo, que estos daños no pueden comprenderse solamente desde la meteorología: la vulnerabilidad territorial y social preexistente determinó quiénes estuvieron más expuestos y quiénes tuvieron menos capacidad para recuperarse.

En esta entrevista, Guarachi plantea que Tarapacá necesita abandonar una política predominantemente reactiva y avanzar hacia una estrategia permanente de adaptación, prevención, justicia climática y gobernanza territorial. Recoge los principales hallazgos, advertencias y propuestas contenidas en el reporte científico. Su propósito no es reemplazar el estudio, sino abrir una acción pública a partir de la evidencia analizada: qué ocurrió, por qué sus impactos fueron tan diferenciados, qué condiciones de vulnerabilidad ya existían en el territorio y qué decisiones deberían adoptarse para reducir el riesgo futuro.

El REPORTE CIENTÍFICO: IMPACTOS DE LAS LLUVIAS EXTREMAS EN LA REGIÓN DE TARAPACÁ, elaborado por Gustavo F. Guarachi López, puede ser consultado y descargado en las páginas web de la Fundación Mariposas de Miraflores, Fundación Alianza Mundial Aymara y Universidad del Liderazgo de Gobierno, instituciones que han financiado el desarrollo de este trabajo. El acceso al documento permite profundizar en los antecedentes que sustentan las afirmaciones planteadas en esta entrevista.

• Gustavo, ¿qué fue realmente lo que ocurrió en Tarapacá durante agosto? ¿Estamos frente a una emergencia meteorológica excepcional o frente a algo mucho más profundo?

Estamos frente a un evento hidrometeorológico extremo y excepcional para las condiciones habituales de Tarapacá, pero el desastre no puede explicarse exclusivamente por la lluvia.

Ese es probablemente uno de los primeros errores que debemos evitar.

La precipitación constituye la amenaza. El desastre aparece cuando esa amenaza interactúa con un territorio expuesto, una población vulnerable, infraestructura insuficiente y capacidades institucionales que pueden resultar sobrepasadas.

En Iquique se registraron 6,6 milímetros el 18 de agosto, un registro extraordinario para una ciudad cuya precipitación normal es extremadamente baja. Pero lo científicamente relevante no es solamente la cifra. Lo relevante es cómo respondió un territorio hiperárido frente a una cantidad excepcional de agua: activación de quebradas, anegamientos, remociones en masa, daños habitacionales, interrupciones de conectividad y afectación de infraestructura crítica.

Por eso sostengo que debemos dejar de analizar estos episodios únicamente como “lluvias”. Son eventos territoriales, pero sus impactos también están condicionados por la forma en que la sociedad ha ocupado, transformado y gestionado el territorio.

Por eso, cuando hablamos de territorio estamos hablando también de personas, decisiones políticas, planificación urbana, infraestructura, vivienda, pobreza, desigualdad y capacidad de respuesta.

• ¿Entonces el desastre no fue producido solamente por la naturaleza?

Exactamente. La amenaza meteorológica fue real y extraordinaria. Eso no está en discusión. Pero la magnitud del daño fue construida también por condiciones sociales y territoriales anteriores al evento.

El reporte utiliza precisamente una relación analítica entre amenaza, exposición, vulnerabilidad y capacidad de respuesta. Desde esa perspectiva, dos territorios pueden recibir una amenaza similar y experimentar consecuencias completamente diferentes.

Esto tiene una consecuencia política fundamental: si solamente actuamos sobre la amenaza, no tenemos capacidad suficiente para evitar el desastre; debemos actuar sobre la exposición y la vulnerabilidad.

No podemos controlar cuándo lloverá de manera extrema.

Sí podemos decidir dónde construimos. Podemos decidir cómo construimos. Podemos decidir qué infraestructura protegemos primero. Podemos decidir dónde invertimos. Podemos decidir cómo informamos.

Y podemos decidir si una familia vulnerable recibe apoyo efectivo o queda atrapada en una burocracia que no reconoce su realidad.

• Una de las afirmaciones más fuertes de su reporte es que el riesgo está socialmente distribuido. ¿Qué significa eso?

Significa que la lluvia no afectó a todos de la misma manera. La exposición y los perjuicios no son democráticos.

Los grupos que poseen mayores recursos económicos tienen generalmente más posibilidades de acceder a viviendas mejor localizadas, construcciones más resistentes, seguros, vehículos, ahorro y redes de apoyo. Los sectores de menores ingresos tienen menos alternativas.

El reporte analiza cómo determinadas zonas periféricas, bordes de quebradas y laderas concentran condiciones de vulnerabilidad social y territorial, y cómo los procesos de segregación socioespacial, informalidad y exclusión institucional pueden contribuir a producir esa exposición diferencial.

Por eso la frase “todos fuimos afectados por la lluvia” es cierta, pero insuficiente. Fuimos afectados de manera diferente. Y esa diferencia tiene una explicación social.

• ¿Está diciendo que la pobreza puede convertirse en un factor de riesgo climático?

No solamente puede convertirse en un factor, sino el principal factor de riesgo. En determinadas condiciones territoriales, puede aumentar significativamente la vulnerabilidad.

Una familia que no puede acceder al mercado formal del suelo tiene menos posibilidades de escoger dónde vivir.

Si las áreas disponibles son aquellas con mayor exposición a inundación, aluvión, remoción en masa o socavación, la vulnerabilidad comienza antes de que ocurra la lluvia.

Y cuando ocurre el evento, la precariedad constructiva, la falta de infraestructura y la menor capacidad económica para recuperarse pueden multiplicar las consecuencias.

Por eso debemos dejar de tratar la vulnerabilidad como si fuera una característica individual. Existe una vulnerabilidad producida socialmente.

• ¿Y eso convierte el desastre en un problema político?

Sí. Porque las decisiones territoriales son políticas. La vivienda es política. La infraestructura es política. La planificación urbana es política. La asignación presupuestaria es política. La prevención es política.

Incluso la decisión de qué información se entrega a la ciudadanía y cómo se entrega tiene una dimensión política. No estoy utilizando “político” como una acusación partidista. Estoy hablando de política pública.

Si sabemos que existen zonas de riesgo y continuamos permitiendo que aumente la exposición sin medidas suficientes, estamos frente a una decisión pública.

Si después de un desastre reconstruimos exactamente en las mismas condiciones, también estamos tomando una decisión. Y si distribuimos los recursos sin considerar las desigualdades de partida, igualmente estamos tomando una decisión.

• ¿La emergencia de agosto debería obligar a revisar el modelo de desarrollo territorial de Tarapacá?

Sí. Y creo que esa discusión ya no puede seguir postergándose. Tarapacá es un territorio hiperárido, con precipitaciones normalmente muy reducidas, pero con antecedentes históricos de eventos extremos asociados a lluvias aluvionales y activación de quebradas. El reporte recoge episodios importantes en distintos años, incluyendo 1982, 1997, 2001, 2012, 2015–2017 y 2023.

Entonces no podemos diseñar la región suponiendo que estos fenómenos son imposibles. Tenemos que diseñarla considerando que pueden volver a ocurrir.

La planificación territorial del futuro debe incorporar escenarios de riesgo climático y no solamente las condiciones climáticas promedio, porque además de esos eventos, todavía excepcionales, con el tiempo y en la medida en que vayan agravándose los efectos del cambio climático, éstos serán más recurrentes y tenemos que aprender a planificar y vivir con ello.

• ¿Estamos preparados para una nueva emergencia de características similares?

Después de agosto, sería irresponsable responder simplemente que sí. El evento demostró vulnerabilidades concretas.

Hubo afectaciones en rutas estratégicas, infraestructura sanitaria, establecimientos educacionales y suministro eléctrico. El Hospital Regional presentó afectaciones en áreas críticas y se reportaron 53 camas bloqueadas. Los establecimientos administrados por el SLEP Iquique también registraron daños y suspensión de actividades.

La pregunta, por lo tanto, no debería ser si tenemos instituciones capaces de responder.

La pregunta debería ser: ¿Qué tan resistente es nuestra infraestructura antes de que ocurra la emergencia? La verdadera resiliencia se construye antes.

• ¿Cuál debería ser entonces la prioridad inmediata de las autoridades?

No solamente reparar. Primero debemos identificar dónde está el riesgo. Segundo, proteger a las personas. Tercero, garantizar la continuidad de los servicios esenciales. Cuarto, intervenir los puntos críticos. Quinto, evitar que la reconstrucción reproduzca las mismas condiciones. Y sexto, establecer una política permanente de adaptación.

El reporte propone actualizar los diagnósticos regionales de amenaza y vulnerabilidad utilizando información geoespacial de alta resolución y catastros sociales actualizados, además de priorizar hospitales, CESFAM, establecimientos educacionales, agua, electricidad y conectividad. Eso debería convertirse en una agenda regional.

• Hay una cuestión particularmente sensible: la ayuda estatal. ¿Puede una política de emergencia terminar profundizando la desigualdad?

Sí, puede ocurrir. Y este es uno de los aspectos más delicados que debemos discutir. El Estado puede tener voluntad de ayudar y, al mismo tiempo, determinados mecanismos administrativos burocráticos pueden generar barreras para las personas más vulnerables.

El reporte identifica cuatro problemas: requisitos formales difíciles de cumplir para determinadas poblaciones, desigual acceso a información, diferencias territoriales en la llegada de las ayudas e insuficiencia de los apoyos frente a situaciones de vulnerabilidad crónica. Eso nos obliga a revisar la lógica tradicional de la emergencia.

No podemos diseñar los mecanismos de ayuda suponiendo que toda la población posee vivienda formalizada, documentos actualizados, conectividad digital, cuenta bancaria, estabilidad laboral y capacidad para comprender procedimientos administrativos complejos. La realidad social es mucho más diversa.

• ¿Qué debería cambiar concretamente?

Debemos avanzar hacia mecanismos que reconozcan las condiciones reales de las comunidades.

El reporte propone procedimientos simplificados, mecanismos de verificación comunitaria y presunción de vulnerabilidad para determinados grupos, junto con criterios de asignación que consideren la vulnerabilidad social y territorial.

La ayuda pública debe ser accesible. No podemos convertir la burocracia en una segunda barrera después de la catástrofe.

• ¿Qué riesgo existe ahora con la reconstrucción?

Existe un riesgo muy concreto: reconstruir la vulnerabilidad. Si una vivienda estaba expuesta antes y simplemente la reparamos sin modificar las condiciones de exposición, esa inversión puede resolver el problema inmediato, pero no el problema estructural.

El reporte es explícito en señalar que la reconstrucción no debería reproducir las condiciones de riesgo existentes. Cada peso invertido después de una emergencia debería preguntarse: ¿Esta inversión disminuye el riesgo futuro?

Si la respuesta es no, tenemos un problema.

• ¿Puede incluso la reconstrucción generar nuevos procesos de exclusión?

Sí. Existe ese riesgo. Cuando se realizan grandes inversiones de infraestructura y mitigación, determinados territorios pueden aumentar su valor.

Si no existen políticas sociales adecuadas, puede producirse desplazamiento de población vulnerable hacia nuevas periferias. Eso sería particularmente grave porque significaría trasladar el problema en lugar de resolverlo.

El reporte identifica la posibilidad de una gentrificación postdesastre como uno de los escenarios que deben ser considerados en la recuperación. La reconstrucción debe proteger no solamente edificios. Debe proteger comunidades.

• ¿Y qué ocurre con las personas que trabajan en la informalidad?

Son uno de los grupos que debemos mirar con especial atención. Para un trabajador informal, algunos días sin actividad pueden representar una pérdida de ingresos que afecta inmediatamente alimentación, transporte, vivienda y obligaciones familiares.

Las pequeñas empresas enfrentan problemas similares cuando pierden mercadería, equipos o capacidad operacional.

El reporte identifica precisamente esta vulnerabilidad económica y plantea la necesidad de incorporar a trabajadores informales, PyMES y organizaciones comunitarias en los instrumentos de continuidad económica y recuperación.
La recuperación económica no puede limitarse a las grandes estructuras productivas.

Una región también se sostiene en miles de pequeñas actividades económicas familiares.

• ¿Qué papel debe jugar la educación en una estrategia de adaptación y mitigación climática?

Un papel central. No solamente porque los establecimientos educativos deben resistir físicamente. También porque la educación puede construir una ciudadanía preparada para enfrentar riesgos.

El reporte estima que entre 55.000 y 60.000 estudiantes pudieron verse potencialmente afectados por las suspensiones de clases.

Eso demuestra que una emergencia climática puede convertirse rápidamente en una crisis social. Por eso debemos enseñar prevención, desarrollar protocolos, realizar simulacros y garantizar continuidad pedagógica.

Una comunidad educada en gestión del riesgo es una comunidad más segura.

• ¿Y la salud?

La salud tiene que ser considerada parte de la seguridad climática. Durante una emergencia no basta con que un hospital exista. Tiene que poder funcionar.

Y después del evento aparecen riesgos sanitarios adicionales: aguas estancadas, vectores, humedad, moho, polvo y posibles enfermedades gastrointestinales o respiratorias.

Por eso la adaptación climática debe incluir vigilancia epidemiológica y continuidad sanitaria.

• ¿Qué responsabilidad tienen las universidades?

Una responsabilidad enorme. Las universidades no deberían aparecer solamente cuando se necesita un estudio. Deben convertirse en actores permanentes de la gestión territorial integral.

Necesitamos investigación aplicada, sistemas de información, monitoreo, modelos de riesgo, formación profesional y transferencia de conocimiento.

Pero también necesitamos algo más: que el conocimiento científico dialogue con el conocimiento de las comunidades.

El reporte propone construir un sistema territorial de conocimiento climático que articule universidades, servicios públicos y comunidades. Eso puede convertirse en una de las grandes fortalezas de Tarapacá.

• Usted incorpora el concepto de “Vivir Bien”. ¿Por qué utilizar una perspectiva que proviene de una tradición cultural y política vinculada a los pueblos andinos para enfrentar una emergencia climática?

Porque el Vivir Bien permite introducir una pregunta que muchas veces queda fuera de la planificación tradicional: ¿para qué estamos desarrollando el territorio?

Si el objetivo es únicamente crecer económicamente, podemos terminar sacrificando seguridad, equilibrio ambiental, cohesión social y calidad de vida.

El enfoque del Vivir Bien propone una relación más integral entre sociedad, territorio y naturaleza.

En nuestro planteamiento no se presenta como una frase simbólica, sino como un marco metodológico para integrar bienestar humano, conocimiento, producción, organización comunitaria y equilibrio socioecológico.

• ¿Cómo se transforma ese concepto en una política concreta?

A través de cuatro dimensiones.

SER–ESTAR: comprender quiénes somos y cómo habitamos.

CONOCER–SABER: integrar ciencia, datos, memoria y experiencia territorial.

HACER–TRANSFORMAR: convertir el conocimiento en intervención.

DECIR–HABLAR: comunicar, deliberar, participar y construir acuerdos.

Además, está el QUERER–DISCERNIR, que incorpora las herramientas axiológicas que permiten orientar los procesos de planificación territorial integral hacia el Vivir Bien, así como su monitoreo y evaluación.

No son cinco compartimentos aislados. Es un ciclo.

Comprendemos el territorio, generamos conocimiento, actuamos, dialogamos y evaluamos lo realizado para volver a comprender el nuevo territorio.

• ¿Eso significa darle poder de decisión a las comunidades?

Significa reconocerlas como actores. Una comunidad no debe ser considerada solamente receptora de ayuda.

Puede aportar información, identificar riesgos, participar en sistemas de alerta, colaborar en simulacros, vigilar puntos críticos y participar en la recuperación.

El reporte plantea expresamente fortalecer la participación comunitaria y establecer mecanismos permanentes de diálogo entre comunidades, municipios, Gobierno Regional, servicios públicos, universidades y sector productivo.

Eso también es democracia territorial.

• ¿Existe una dimensión de justicia climática en todo esto?

Sí, y considero que es fundamental. Justicia climática significa reconocer que quienes menos capacidad tienen para enfrentar un evento suelen ser quienes más necesitan protección. La ayuda social más que igualitaria debería ser equitativa, de acuerdo a las necesidades, las posibilidades, las particularidades de las personas afectadas y sobre todo, considerando su situación socioeconómica.

No podemos distribuir recursos solamente según la magnitud física del daño. Tenemos que considerar también la vulnerabilidad social.

Porque dos viviendas pueden presentar daños similares, pero las familias pueden tener capacidades completamente distintas para recuperarse.

La justicia climática exige que la política pública priorice a quienes tienen mayor exposición y menor capacidad de recuperación.

• ¿Estamos frente entonces a una discusión sobre desigualdad?

Sí. La emergencia climática está revelando desigualdades que ya existían. La lluvia no creó todas esas desigualdades. Las hizo visibles.

Y esto es importante porque si queremos reducir el riesgo climático debemos también reducir las condiciones sociales que producen vulnerabilidad.

La política climática no puede estar separada de la política de vivienda. No puede estar separada de la política urbana. No puede estar separada de la salud, educación, empleo y desarrollo económico.

• ¿Qué debería hacer el Gobierno Regional?

Asumir un papel conductor. El Gobierno Regional tiene que contribuir a articular la planificación, la inversión y la coordinación territorial. Pero no puede hacerlo solo. Necesitamos una gobernanza multinivel.

El reporte propone una articulación entre nivel político-estratégico, nivel técnico-científico, nivel sectorial-operativo, nivel comunitario y nivel productivo.

El gran desafío es dejar atrás la fragmentación.

• Pero Chile sí cuenta actualmente con políticas, leyes e instrumentos para enfrentar el cambio climático, gestionar el riesgo de desastres y planificar el territorio. ¿El problema es entonces la ausencia de políticas o la capacidad de articularlas y llevarlas efectivamente al territorio?

Chile cuenta con una arquitectura institucional y normativa importante. Sería incorrecto afirmar que partimos desde cero o que el país carece de instrumentos para enfrentar estos desafíos.

Tenemos la Ley Marco de Cambio Climático, que establece objetivos, responsabilidades e instrumentos para avanzar hacia la adaptación y resiliencia climática; el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y los planes sectoriales de adaptación; la Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres y su planificación asociada; el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, articulado a través de SENAPRED; los Planes de Acción Regional de Cambio Climático, que permiten territorializar la política climática; los instrumentos de planificación territorial y urbana; las políticas y programas de vivienda e infraestructura; y el Sistema Nacional de Inversiones, que dispone de metodologías para incorporar el riesgo de desastres en la evaluación de proyectos públicos.

Por lo tanto, el problema no consiste simplemente en crear más instrumentos. El desafío es conseguir que los instrumentos existentes conversen entre sí y actúen coordinadamente sobre un mismo territorio.

Una política climática puede estar correctamente diseñada, una política habitacional puede tener sus propios objetivos, la planificación urbana puede disponer de instrumentos, SENAPRED puede desarrollar adecuadamente sus funciones y el sistema de inversión pública puede evaluar proyectos; pero si cada componente funciona de manera sectorial y no converge territorialmente sobre las condiciones concretas de exposición y vulnerabilidad, seguimos teniendo una brecha.

Eso es precisamente lo que proponemos abordar desde el enfoque del Vivir Bien. No pretendemos sustituir la institucionalidad existente ni crear un sistema paralelo. Proponemos articular, territorializar, priorizar, transformar y aprender.

En otras palabras, Chile posee herramientas importantes. El desafío de Tarapacá es utilizarlas de manera integrada para que la política climática, la gestión del riesgo, la vivienda, la infraestructura, la planificación territorial, la inversión pública y la participación comunitaria converjan en una misma estrategia.

No necesitamos partir nuevamente desde cero. Necesitamos lograr que lo que Chile ya ha construido institucionalmente llegue al territorio, dialogue con sus comunidades y se traduzca en reducción efectiva de vulnerabilidades.

• ¿Y qué debería ocurrir con el presupuesto público?

Necesitamos pasar de un presupuesto predominantemente reactivo a una inversión preventiva y adaptativa.

El reporte plantea un programa regional permanente de mitigación y adaptación climática con presupuesto multianual e indicadores verificables. Eso es fundamental.

No podemos esperar una emergencia para comenzar a financiar la prevención. La prevención necesita recursos cuando no hay emergencia. De lo contrario, siempre llegaremos tarde.

• ¿Qué le diría a quienes sostienen que invertir grandes cantidades en prevención puede ser demasiado costoso?

Que debemos comparar ese costo con el costo de no prevenir. Una carretera interrumpida tiene costos económicos. Un hospital parcialmente inutilizado tiene costos sociales. Una escuela cerrada tiene costos educativos. Una familia que pierde su vivienda tiene un costo humano. Un trabajador que pierde sus ingresos tiene un costo económico. Una empresa que pierde su capacidad operacional tiene un costo productivo. El desastre tiene costos visibles y costos invisibles. La prevención debe evaluarse considerando todos ellos.

• ¿Existe una posibilidad de transformar la adaptación climática en una política de desarrollo regional?

Sí. Y creo que debemos hacerlo.

El reporte propone generar empleo local y cooperativo vinculado con mantenimiento, construcción resiliente, recuperación ambiental y servicios comunitarios. También plantea fortalecer la continuidad operacional de las PyMES y actividades económicas.

La adaptación puede convertirse en una nueva economía territorial.

Podemos formar personas. Podemos desarrollar capacidades técnicas. Podemos generar empleos. Podemos fortalecer organizaciones comunitarias. Podemos mejorar infraestructura. Y al mismo tiempo reducir riesgos.

• ¿Qué plazo tenemos para hacer estos cambios?

No tenemos que esperar otra emergencia.

El programa propuesto contempla una fase inicial de diagnóstico territorial durante los primeros 12 meses; una fase de construcción de conocimiento y monitoreo de hasta 24 meses; una fase de intervención que puede extenderse entre 12 y 72 meses; y un proceso permanente de comunicación, evaluación y aprendizaje.

Pero hay algo que quiero enfatizar: los primeros cambios deben comenzar ahora. No necesitamos esperar seis años para comenzar. Hay decisiones que pueden adoptarse inmediatamente.

• ¿Cuál sería el primer gran cambio institucional que usted propondría?

Crear una política regional permanente de gestión climática y riesgo territorial. No una comisión temporal creada después de cada emergencia.

Una política permanente. Con información actualizada. Con presupuesto. Con indicadores. Con responsables. Con participación ciudadana. Con monitoreo. Y con evaluación pública.

• ¿Qué indicadores permitirían saber si realmente estamos avanzando?

Tenemos que dejar de medir solamente cuánto dinero gastamos.

Debemos medir cuánto riesgo reducimos. Cuántas personas dejaron de estar expuestas. Cuántas viviendas fueron intervenidas. Cuántos hospitales y centros de salud tienen continuidad operacional. Cuántas escuelas tienen planes de emergencia. Cuántos puntos críticos fueron tratados. Cuántas comunidades participan. Qué cobertura tienen las alertas. Cuántos simulacros se realizan. Cuántas unidades productivas lograron recuperar su actividad.

El propio reporte propone indicadores específicos para SER–ESTAR, CONOCER–SABER, HACER–TRANSFORMAR y DECIR–HABLAR.

Eso permite transformar una declaración política en una política evaluable.

• Gustavo, ¿qué pasaría si no hacemos estos cambios?

Probablemente seguiremos haciendo lo mismo: esperar, responder, reparar, olvidar, y volver a esperar. Y eso no es una estrategia. Es un ciclo de vulnerabilidad.

No podemos garantizar que nunca volverá a producirse una lluvia extrema. Pero sí podemos reducir sus consecuencias. Eso está dentro de nuestra capacidad.

• ¿Está diciendo que la próxima emergencia podría ser peor?

Estoy diciendo que no podemos asumir que será igual o menor.

El riesgo futuro dependerá de la evolución de las amenazas, pero también de cómo evolucionen la exposición y la vulnerabilidad.

Si seguimos ocupando territorios expuestos, si no mejoramos infraestructura, si no fortalecemos sistemas de alerta y si no incorporamos el riesgo climático a la planificación, estaremos aumentando nuestra vulnerabilidad.

• ¿Cuál es entonces el principal mensaje político que deja el reporte?

Que Tarapacá tiene que pasar de una política de reacción a una política de anticipación.

Tenemos que dejar de preguntar solamente: “¿Qué hacemos después del desastre?”.

Y comenzar a preguntar: “¿Qué debemos hacer antes para que el desastre no tenga la misma magnitud?”.

Ese cambio parece sencillo, pero implica transformar la manera de gobernar.

• ¿Y cuál es el mensaje social?

Que nadie debería enfrentar solo una emergencia de esta naturaleza.

La resiliencia tiene que construirse colectivamente. Las familias. Los barrios. Las comunidades. Los municipios.

El Gobierno Regional. Los servicios públicos. Las universidades. Las empresas. Las organizaciones sociales.

Todos tienen responsabilidades diferentes. Y todos tienen capacidades que deben ser articuladas.

• ¿Cuál es finalmente su posición frente a las autoridades que deberán conducir la recuperación de Tarapacá?

Mi posición es clara. La recuperación no debe limitarse a devolvernos al punto en que estábamos antes de agosto.

Tenemos que aspirar a estar en una situación mejor. Más seguros. Más preparados. Más informados. Más organizados. Con infraestructura más resiliente. Con comunidades más participativas. Con políticas públicas más equitativas. Y con un territorio donde la inversión pública reduzca efectivamente el riesgo.

El desastre debe convertirse en aprendizaje.

Si después de todo esto simplemente reparamos lo destruido y continuamos igual, habremos perdido una oportunidad histórica.

• Entonces, ¿cuál es la pregunta que debería hacerse Tarapacá antes de la próxima emergencia?

No debería preguntarse solamente cuándo volverá a llover. La pregunta fundamental es otra: ¿Qué vamos a transformar antes de que vuelva a llover?

Porque la lluvia no está bajo nuestro control. Pero el territorio que construimos sí. La infraestructura que diseñamos sí. Las políticas que aprobamos sí. La manera en que distribuimos los recursos sí. La forma en que protegemos a los más vulnerables sí.

Y la capacidad de nuestras comunidades para prepararse también puede construirse. Por eso el desafío de Tarapacá no es solamente climático. Es territorial. Es social. Es económico. Es institucional. Y, finalmente, es político.

No porque la naturaleza tenga una ideología. Sino porque la manera en que una sociedad decide prepararse frente a la naturaleza es una decisión política.

El REPORTE CIENTÍFICO: IMPACTOS DE LAS LLUVIAS EXTREMAS EN LA REGIÓN DE TARAPACÁ busca precisamente aportar evidencia para esa discusión.

El documento puede ser consultado y descargado en los sitios web de la Fundación Mariposas de Miraflores, Fundación Alianza Mundial Aymara y Universidad del Liderazgo de Gobierno, instituciones que han financiado el desarrollo de esta investigación.

La emergencia de agosto ya ocurrió. Los daños ya están registrados. Las vulnerabilidades ya fueron expuestas. Ahora comienza la verdadera prueba: si Tarapacá será capaz de aprender de lo ocurrido.

Porque una sociedad resiliente no es aquella que nunca enfrenta desastres. Es aquella que, después de sufrirlos, cambia las condiciones que permitieron que ocurrieran.

CONSULTE Y DESCARGUE EL REPORTE CIENTÍFICO

La entrevista plantea preguntas que requieren ser profundizadas con evidencia, antecedentes territoriales y propuestas concretas. Por ello, invitamos a autoridades, investigadores, organizaciones sociales, comunidades, medios de comunicación y ciudadanía a consultar el documento completo:

REPORTE CIENTÍFICO: IMPACTOS DE LAS LLUVIAS EXTREMAS EN LA REGIÓN DE TARAPACÁ

El estudio contiene el análisis de los impactos de las precipitaciones extremas de agosto de 2026, sus dimensiones territoriales, sociales, económicas e institucionales, además de una propuesta de gestión climática basada en prevención, adaptación, justicia climática, participación comunitaria y el enfoque del Vivir Bien.

Disponible para consulta y descarga en:

Fundación Mariposas de Miraflores
https://fundacion.mariposasdemiraflores.sbs/reporte-cientifico-impactos-de-las-lluvias-extremas-en-la-region-de-tarapaca/

Fundación Alianza Mundial Aymara
https://alianzamundial.aymara.vip/reporte-cientifico-impactos-de-las-lluvias-extremas-en-la-region-de-tarapaca/

Universidad del Liderazgo de Gobierno
https://universidaddelliderazgo.cl/reporte-cientifico-impactos-de-las-lluvias-extremas-en-la-region-de-tarapaca/

El propósito de esta publicación es contribuir a que la experiencia de agosto de 2026 no quede solamente registrada como una emergencia ocurrida, sino que se transforme en conocimiento, prevención y decisiones capaces de reducir los riesgos futuros de Tarapacá.

ENTREVISTA Y EDICIÓN PERIODÍSTICA

Juan Carlos Hernández Caycho
Periodista