La decisión de Michelle Bachelet Jeria de retirar su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas abre una discusión que debe ser analizada más allá de las posiciones políticas internas de Chile. La pregunta no debería reducirse a determinar si la responsabilidad corresponde al gobierno de Gabriel Boric, al actual gobierno de José Antonio Kast o al resultado obtenido por la propia candidata, sino revisar objetivamente cómo evolucionó una postulación que inicialmente contó con respaldo de Chile, Brasil y México.
La candidatura fue presentada formalmente en febrero de 2026 durante la administración de Gabriel Boric. Sin embargo, en marzo, el Gobierno de José Antonio Kast decidió retirar el respaldo oficial de Chile, argumentando que la dispersión de candidaturas latinoamericanas y las diferencias con actores relevantes del proceso hacían inviable continuar apoyándola. Brasil y México mantuvieron entonces su respaldo.
El desenlace llegó en septiembre. En el tercer sondeo informal realizado entre los integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU, Bachelet obtuvo un voto favorable, once desfavorables y tres sin opinión, quedando en el séptimo lugar entre ocho candidaturas. Aunque este procedimiento no constituye una elección formal, sí entrega una señal relevante sobre el nivel de respaldo existente dentro del órgano encargado de recomendar al próximo secretario general.
Al día siguiente, Bachelet anunció su retiro de la carrera.
A este escenario se suma ahora una controversia interna sobre el uso de recursos públicos. Diputados del Partido Republicano solicitaron que quienes impulsaron la candidatura restituyan al Estado cerca de $50 millones que, según han señalado, fueron contemplados en el presupuesto para financiar actividades relacionadas con la postulación. El jefe de bancada, Benjamín Moreno, sostuvo que esos recursos deberían ser devueltos.
Sin embargo, es importante distinguir entre recursos presupuestados, recursos proyectados y recursos efectivamente ejecutados. Una información obtenida anteriormente por Ley de Transparencia señaló que Cancillería había desembolsado US$17.423 y proyectaba otros US$40.000, estimando un costo total cercano a $54 millones según el valor del dólar de noviembre de 2025. Por ello, establecer si corresponde o no una restitución requiere conocer previamente la ejecución presupuestaria definitiva y el fundamento jurídico de esos gastos.
Desde una perspectiva estrictamente objetiva, resulta difícil atribuir el desenlace a una sola causa. Existió una decisión inicial del gobierno de Boric para impulsar la candidatura; posteriormente, el gobierno de Kast retiró el respaldo chileno; y finalmente los sondeos mostraron que la candidatura no reunía los apoyos suficientes dentro del Consejo de Seguridad.
La discusión sobre los recursos públicos constituye otro capítulo del mismo episodio, pero no debe confundirse con la causa diplomática del retiro.
Más que buscar un único responsable, los hechos permiten observar una realidad de la política internacional: una candidatura para ocupar la Secretaría General de Naciones Unidas necesita no solamente la trayectoria del postulante y el respaldo de algunos gobiernos, sino también una estrategia diplomática capaz de construir consensos entre los principales actores.
El caso Bachelet deja, por tanto, una pregunta que trasciende las diferencias entre gobiernos: ¿hasta qué punto una candidatura internacional debe ser concebida como una iniciativa de una administración o como una verdadera política de Estado, respaldada y construida transversalmente antes de ser presentada?.
Por: Juan Carlos Hernández Caycho, periodista y comunicador
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