Un nuevo operativo aéreo de expulsión concretó este miércoles la salida de 40 personas extranjeras desde Chile, elevando a 1.764 el número de expulsiones materializadas durante 2026. El vuelo, realizado por la Fuerza Aérea de Chile (FACH), tuvo como destinos Perú y Colombia y correspondió al noveno operativo de este tipo efectuado por la actual administración.
El avión despegó durante la madrugada desde el Grupo 10 de la FACH con 32 ciudadanos colombianos y ocho ciudadanos peruanos. Del total de personas expulsadas, 22 correspondieron a expulsiones judiciales y 18 a expulsiones administrativas. Las autoridades informaron además que 28 registraban antecedentes vinculados a distintos delitos.
Entre los casos mencionados por las autoridades se encuentra un ciudadano colombiano que registra cinco causas por amenazas, incluida una relacionada con lesiones graves, en tribunales de la Región de Ñuble. También fue expulsada una ciudadana peruana que registra antecedentes por robo con violencia y mantenía un encargo vigente por lesiones graves en Perú. El grupo incluía además antecedentes por delitos como tráfico de drogas, robo con violencia e intimidación, porte de armas, violencia intrafamiliar y conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte.
Con este nuevo procedimiento, las expulsiones realizadas durante 2026 alcanzan las 1.764 personas, de las cuales 1.468 se han concretado desde el 11 de marzo, fecha de inicio de la actual administración. El Gobierno informó que el número acumulado durante este año supera los registros anuales de 2022, 2023, 2024 y 2025.
Según las cifras entregadas por el Ejecutivo, las expulsiones de este año superan en 64,9% las registradas durante 2022, en 86,5% las de 2023, en 60,4% las de 2024 y en 39,2% las contabilizadas durante todo 2025. El promedio informado se sitúa en torno a 200 expulsiones mensuales y más de seis diariamente.
El balance fue entregado por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez; el director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum; y el jefe nacional de Migraciones y Policía Internacional de la PDI, prefecto inspector Ernesto León.
Pavez destacó además un avance legislativo relacionado con el procedimiento de expulsión. Según explicó, se aprobó un mecanismo que permitiría a la Policía de Investigaciones ingresar a domicilios, previa autorización judicial, para detener a personas extranjeras que cuenten con una orden de expulsión completamente tramitada. La aplicación de esta facultad todavía depende de la conclusión del proceso legislativo correspondiente.
Menos denuncias por ingresos irregulares y más fiscalizaciones
El Gobierno también informó una disminución de las denuncias directamente registradas en frontera por ingreso a través de pasos no habilitados. Entre enero y agosto de 2026 se contabilizaron 286 denuncias, frente a las 4.393 registradas durante el mismo período de 2025, lo que representa una reducción cercana al 93%.
Paralelamente, durante los primeros ocho meses del año fueron fiscalizados 35.505 extranjeros, cifra que representa un aumento de 46% respecto de los 24.351 controles realizados durante igual período de 2025.
El prefecto inspector Ernesto León destacó el papel de la PDI en estos procedimientos, señalando que sus capacidades investigativas, de análisis y coordinación permiten identificar a personas que mantienen antecedentes o requerimientos y contribuir al desarrollo de los procesos de expulsión.
Más de 10 mil salidas voluntarias
A las expulsiones se suman las salidas voluntarias efectivas de personas extranjeras que abandonaron Chile durante 2026 sin que mediara una medida de expulsión.
Entre el 3 de enero y el 26 de septiembre se registraron 10.197 salidas voluntarias. De ese total, 7.201 corresponden a ciudadanos venezolanos, equivalentes al 79,13%.
Considerando conjuntamente las 1.764 expulsiones y las 10.197 salidas voluntarias registradas durante el año, un total de 11.961 personas han abandonado el territorio nacional mediante estos dos mecanismos durante 2026.
Las cifras forman parte del balance que el Gobierno ha entregado sobre su política de control migratorio, mientras continúa la implementación de operativos de fiscalización y expulsión y se discuten nuevas herramientas legales y presupuestarias para agilizar estos procedimientos.
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