El dato corresponde a profesores de educación primaria y secundaria de instituciones públicas y no representa una medición de la situación actual de 2026. La categoría utilizada por la OCDE tampoco equivale a afirmar que esos docentes carezcan de estudios, preparación profesional o autorización para ejercer. Diario El Nortino consultó a la SEREMI de Educación de Tarapacá para conocer la realidad regional y su evolución, pero hasta el cierre de esta edición no había recibido respuesta.
El informe Education at a Glance 2026, publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), incorporó un capítulo especial sobre la disponibilidad y cualificación de los docentes y puso nuevamente en discusión una de las dificultades que enfrentan los sistemas educativos: contar con suficientes profesores que cumplan plenamente los requisitos profesionales establecidos por cada país.
En el caso de Chile, el organismo internacional señala que el 23,4% de los docentes de educación primaria y secundaria que trabajaban en instituciones públicas no cumplía en 2024 todos los requisitos para ser considerado “plenamente calificado”. El porcentaje supera el promedio de los países de la OCDE, que alcanzó 9,1% para su respectivo período de referencia.
Sin embargo, existe una precisión fundamental que debe acompañar cualquier información sobre este resultado: aunque el informe fue publicado el 29 de septiembre de 2026, el dato chileno utilizado para este indicador corresponde al año calendario 2024. La propia OCDE señala expresamente que, mientras para muchos países el período de referencia es 2024/25, en Chile corresponde al año 2024.
Por esa razón, el 23,4% no puede ser presentado como una fotografía estadística de la situación docente existente actualmente en Chile en 2026. El informe permite conocer una realidad registrada en 2024, pero no permite establecer, por sí solo, si ese porcentaje aumentó, disminuyó o se mantuvo durante 2025 y 2026.
La diferencia es relevante para una correcta interpretación pública del dato. La OCDE define como “no plenamente calificados” a los docentes que todavía no cumplen todos los requisitos establecidos por las regulaciones nacionales para ser reconocidos como plenamente cualificados. El organismo explica que, dependiendo de cada sistema educativo, pueden encontrarse en esta categoría personas que poseen las calificaciones académicas requeridas pero carecen de una certificación o formación pedagógica obligatoria; personas que tienen formación docente pero no las credenciales académicas exigidas; o quienes no reúnen ambos requisitos.
Por lo tanto, afirmar que “uno de cada cuatro profesores chilenos no está preparado para enseñar” constituiría una interpretación que no se desprende directamente del informe de la OCDE.
Existe otro dato del mismo informe que ayuda a comprender la diferencia. En Chile, el 98% de los docentes de educación secundaria inferior cumple los requisitos nacionales mínimos de nivel educativo, porcentaje que supera en casi diez puntos al promedio de la OCDE, situado en 89%. Esto demuestra que la condición de “no plenamente calificado” no es equivalente, por sí sola, a carecer del nivel educativo mínimo requerido.
Tampoco corresponde interpretar automáticamente que las personas incluidas en el indicador estén ejerciendo de manera irregular. En Chile existen mecanismos legales de habilitación y autorización para el ejercicio de la función docente bajo determinadas circunstancias. El Ministerio de Educación establece que estas autorizaciones pueden proceder cuando existe carencia de personal docente idóneo para un determinado nivel, especialidad o modalidad, conforme a la normativa vigente.
El propio Ministerio mantiene, además, un Registro de Profesionales que permite consultar antecedentes asociados a títulos, especialidades y estados de autorización, lo que evidencia que la incorporación de profesionales al sistema educativo puede estar sujeta a distintas categorías administrativas.
El fenómeno descrito por la OCDE, por tanto, debe analizarse dentro de un problema más amplio: la disponibilidad de docentes, las vacantes existentes, las condiciones para atraer profesionales y la capacidad de los sistemas educativos para retener a quienes ya se encuentran plenamente cualificados.
En Chile, la OCDE informa que el 3,6% de los puestos docentes de educación secundaria pública se encontraba sin cubrir al inicio o poco antes del comienzo del año escolar 2024. El organismo señala que Chile utiliza precisamente este mecanismo para medir parte de las dificultades de disponibilidad docente.
La situación también tiene una dimensión relacionada con la permanencia de los profesores en el sistema. La OCDE registra que en Chile el 8,4% de los docentes plenamente cualificados de educación primaria y secundaria dejó su puesto en el período utilizado para esta medición, frente a un promedio OCDE de 6,4%. Pero la cifra requiere nuevamente precisión: en esta categoría se incluyen jubilaciones, renuncias y cambios hacia otra asignación dentro del sector público educativo. Para Chile, el año de referencia es 2024.
El informe también identifica factores asociados al atractivo de la profesión. En Chile, los docentes de educación secundaria inferior percibían en promedio un 21% menos que otros trabajadores con educación terciaria, mientras que entre los docentes de educación preprimaria la diferencia alcanzaba 23%. La OCDE advierte, además, que las necesidades de profesores no dependen solamente de la cantidad de estudiantes, sino también de factores como las decisiones sobre tamaño de los cursos, horas de trabajo, horas lectivas, financiamiento y distribución territorial de la población.
Las dificultades tampoco se presentan necesariamente de la misma manera en todos los territorios o especialidades. La OCDE señala que los problemas de contratación pueden ser mayores en determinados niveles y asignaturas, particularmente en educación secundaria, donde existe una mayor necesidad de especialización disciplinaria. El organismo también advierte que la prevalencia de docentes no plenamente cualificados refleja una combinación de dificultades de contratación, requisitos de cualificación, vías de formación y regulaciones laborales.
Este último aspecto es particularmente relevante para Chile. El porcentaje nacional no permite determinar cuántos de los docentes incluidos en el 23,4% corresponden a personas en proceso de completar su cualificación, profesionales provenientes de otras áreas, docentes que cuentan con mecanismos de autorización u otras situaciones contempladas por la legislación nacional.
Tampoco permite extrapolar el 23,4% a todo el sistema escolar chileno. El indicador citado por la OCDE corresponde específicamente a instituciones públicas. Por ello, no es metodológicamente correcto utilizar esa cifra para afirmar que el 23,4% de todos los profesores del país se encuentra en esa condición ni trasladarla directamente a establecimientos particulares subvencionados o particulares pagados.
Esta precisión adquiere especial importancia para las familias que dependen de la educación pública. Un titular que simplemente señalara que “el 23,4% de los profesores no está calificado” podría producir la impresión de que una proporción equivalente de estudiantes está siendo atendida por personas sin formación o preparación suficiente. Los datos disponibles no permiten sostener esa conclusión.
El informe de la OCDE presenta, al mismo tiempo, otros antecedentes que muestran que la situación educativa chilena no puede reducirse a un solo indicador. Entre 2015 y 2023, el gasto gubernamental en educación primaria a terciaria aumentó desde el equivalente al 4% del PIB al 4,4%, mientras que el promedio de la OCDE pasó de 4,4% a 4,2%. Asimismo, la proporción de jóvenes de entre 25 y 34 años sin educación secundaria superior disminuyó en Chile desde 17% en 2015 hasta 10% en 2024.
La pregunta central, entonces, no es solamente por qué aparece el 23,4%, sino qué factores explican esa cifra y, especialmente, qué ha ocurrido desde el año utilizado por la OCDE como referencia.
Para Diario El Nortino, esta última pregunta adquiere una dimensión regional.
La Región de Tarapacá presenta una realidad educativa territorialmente diversa, con establecimientos públicos ubicados en Iquique, Alto Hospicio y las comunas de la provincia del Tamarugal. Las condiciones para atraer y mantener profesionales pueden variar entre establecimientos urbanos y localidades más alejadas, al igual que pueden existir diferencias según nivel educativo y especialidad.
La información nacional publicada por la OCDE no permite determinar cuántos docentes de Tarapacá se encuentran actualmente en la categoría de no plenamente calificados, qué proporción representan dentro de la dotación regional, en qué comunas se concentran, qué asignaturas imparten ni cuántos se encuentran bajo alguna de las modalidades de habilitación o autorización contempladas por la normativa chilena.
Precisamente por ello, Diario El Nortino solicitó antecedentes a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Tarapacá. La consulta fue enviada el jueves 1 de octubre con el propósito de conocer la situación regional y establecer, en la medida que existan datos disponibles, si la realidad registrada en 2024 presenta variaciones durante 2025 y 2026.
Entre los antecedentes solicitados se encuentran información sobre la cantidad de docentes que ejercen en establecimientos públicos de la región, su situación de cualificación profesional, eventuales autorizaciones o habilitaciones, vacantes docentes y, cuando sea posible, su distribución territorial y por nivel o especialidad.
La consulta también busca determinar si existe información regional que permita establecer una comparación metodológicamente válida con el indicador de 23,4% publicado por la OCDE para Chile.
Hasta el cierre de esta edición especial, Diario El Nortino no había recibido respuesta de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Tarapacá.
La falta de respuesta no permite concluir que la situación regional sea igual, mejor o peor que la registrada a nivel nacional. Tampoco permite establecer si el porcentaje señalado por la OCDE para Chile en 2024 se mantiene en Tarapacá durante 2026. Lo que sí permite afirmar es que, a la fecha de cierre de esta publicación, no se dispone de una respuesta oficial de la autoridad educacional regional que permita actualizar o contrastar el indicador nacional con la realidad de Tarapacá.
La propia SEREMI ha informado durante 2026 diversas iniciativas relacionadas con el desarrollo profesional docente y el fortalecimiento de los procesos pedagógicos. En junio, por ejemplo, informó la realización de un seminario sobre trayectorias educativas, bienestar y calidad de vida, con participación de autoridades, investigadores, directores y docentes de establecimientos de Iquique y Alto Hospicio.
Asimismo, la institución informó en julio una jornada de trabajo con equipos directivos y técnicos pedagógicos de escuelas y liceos públicos de Iquique y Alto Hospicio, orientada al desarrollo profesional docente, la planificación, la evaluación formativa y el liderazgo pedagógico.
Estos antecedentes muestran que existen acciones institucionales relacionadas con el fortalecimiento de las capacidades profesionales del sistema educativo regional. Sin embargo, no permiten por sí mismos determinar si ha disminuido o aumentado el porcentaje de docentes que no cumplen todos los requisitos de cualificación plena, cuestión para la cual se requieren datos estadísticos específicos.
Por ello, la principal conclusión que puede establecerse con la información disponible es que el 23,4% constituye un indicador internacional relevante, pero acotado a instituciones públicas y al año 2024 en el caso chileno. No es un porcentaje que pueda trasladarse automáticamente a todos los profesores del país ni utilizarse como una medición de la realidad docente de Tarapacá en 2026.
La cifra sí revela una brecha respecto del promedio de la OCDE y plantea interrogantes sobre la disponibilidad de docentes plenamente cualificados, las vacantes, las condiciones de incorporación y permanencia en la profesión y las diferencias que puedan existir entre territorios y especialidades.
La pregunta que queda pendiente para Tarapacá es concreta: ¿cuál es hoy la proporción de docentes plenamente cualificados en la educación pública regional y cómo ha evolucionado desde 2024?
La respuesta oficial permitirá determinar si la región reproduce la situación nacional, presenta mejores indicadores o enfrenta dificultades particulares en determinadas comunas, niveles educativos o especialidades.
Hasta que esos antecedentes estén disponibles, cualquier conclusión sobre la situación actual de los docentes de Tarapacá sería prematura. El dato de la OCDE merece atención, pero también exige contexto, actualización y precisión. Para las familias, los establecimientos y los propios docentes, la diferencia entre una cifra estadística de 2024 y una situación comprobada en 2026 no es un detalle: es la diferencia entre informar sobre un problema identificado y afirmar que ese problema continúa exactamente de la misma manera.
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