El político y cineasta Marco Enríquez-Ominami presentó este lunes ante el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, una denuncia administrativa contra varios persecutores que participaron en el denominado caso SQM, investigación en la que fue absuelto la semana pasada tras casi una década de indagatorias y tres años de juicio oral.
La acción -patrocinada por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz- solicita que el Ministerio Público abra una investigación disciplinaria respecto de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, la fiscal adjunta Paola Castiglione y otros exfiscales vinculados al proceso, entre ellos Pablo Gómez Niada, Carmen Gloria Segura y Emiliano Arias.
El escrito acusa presuntas irregularidades procedimentales, como filtraciones de información reservada, formalizaciones sin querella del Servicio de Impuestos Internos, falta de objetividad y un eventual uso indebido de la persecución penal. Además, pide que se determine el costo total de la investigación, que —según estimaciones de la defensa— habría superado los $5.000 millones, de los cuales unos $2.000 millones corresponderían directamente al caso de Enríquez-Ominami.
Durante una declaración pública, el exdiputado sostuvo que su denuncia busca esclarecer responsabilidades institucionales y garantizar que situaciones similares no se repitan. “Los fiscales de la República buscan la verdad, y yo quiero la verdad de los fiscales”, expresó. Agregó que la magnitud del proceso y el número de fiscales involucrados -28 en distintas etapas- “evidencian fallas estructurales en el sistema que deben ser revisadas”.
Enríquez-Ominami afirmó que la acción presentada “no tiene un carácter personal, sino institucional”, argumentando que su objetivo es que el Ministerio Público evalúe el uso de los recursos y la proporcionalidad de los procedimientos. “No pido reparación, pido verdad. Queremos saber quién autorizó una investigación tan extensa y costosa”, comentó.
El político también recordó los efectos personales del proceso judicial, indicando que durante once años estuvo sometido a medidas cautelares que incluyeron firma periódica y restricción para salir del país. A su juicio, el fallo absolutorio del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago “ratifica la ausencia de fundamentos que justificaran un proceso tan prolongado”.
El caso SQM, iniciado en 2015, ha sido una de las investigaciones más largas en la historia judicial chilena. En su veredicto del 22 de octubre, el tribunal absolvió a Enríquez-Ominami y a otros acusados, cuestionando la extensión del juicio y la falta de pruebas concluyentes.
De acuerdo con su defensa, la denuncia presentada este lunes representa el primer paso de una serie de acciones orientadas a revisar la actuación institucional del Ministerio Público. Según adelantaron sus abogados, en los próximos días podrían presentarse nuevas solicitudes ante el Fiscal Nacional para determinar si existieron responsabilidades disciplinarias durante el desarrollo de la causa.
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