
El Juzgado de Garantía de Copiapó rechazó este lunes la solicitud de sobreseimiento definitivo presentada por la defensa de dos personas imputadas por el delito de obstrucción a la investigación en el caso de Tanya Aciares, una decisión que permitirá avanzar hacia la etapa de juicio en una de las causas que ha generado mayor conmoción pública en la Región de Atacama.
Tanya Aciares desapareció el 24 de octubre de 2018 en la ciudad de Copiapó cuando tenía apenas 13 años. Sus osamentas fueron halladas el 19 de noviembre de ese mismo año en la comuna de Tierra Amarilla, sin embargo, permanecieron sin identificación durante seis años en dependencias del Servicio Médico Legal, hasta que finalmente fueron reconocidas en 2024.
Tras conocerse la resolución judicial, la abogada de la familia, Camila Morales Sepúlveda, valoró la decisión del tribunal y señaló que constituye un avance significativo para esclarecer las circunstancias que rodearon la investigación del caso.
“Nos parece un hito importante ya que nos permite avanzar al siguiente paso, que es la audiencia de juicio, en la que están citados 25 funcionarios policiales y el fiscal que estuvo a cargo de la investigación y del hallazgo de las osamentas. Para la familia será la primera oportunidad de escuchar en sede judicial las razones de por qué se produjeron estos errores en la investigación”, indicó.
Con esta resolución, la causa queda en condiciones de continuar hacia la audiencia de juicio fijada para el próximo 13 de julio. Inicialmente, esta instancia estaba programada para el 22 de abril, pero debió ser suspendida debido a la inasistencia de testigos considerados clave para el proceso, la mayoría de ellos funcionarios públicos vinculados a la investigación, pese a haber sido debidamente notificados.
Desde las organizaciones que han acompañado a la familia también manifestaron expectativas respecto del desarrollo de la audiencia. Alejandra Carrasco, vocera del Tejido de Mujeres Feministas en Atacama, sostuvo que esperan respuestas concretas de quienes estuvieron a cargo de las diligencias.
“Creemos que la justicia debe responder. Estos funcionarios públicos y el fiscal que estaba a cargo en ese entonces, Christian González, deben explicar a la familia qué ocurrió con Tanya, por qué hubo negligencia y por qué la impunidad continúa predominando hasta el día de hoy”, expresó.
El caso de Tanya Aciares forma parte de un contexto más amplio de desapariciones y hechos de violencia extrema contra mujeres registrados en la Región de Atacama entre los años 2018 y 2020. Entre ellos figuran también los casos de Catalina Álvarez, Sussy Montalván y Marina Cabrera, situaciones que han generado preocupación entre organizaciones sociales y de derechos humanos.
En 2025, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) manifestó su preocupación por la situación que enfrentan las mujeres en Atacama, señalando que desde 2018 se han reportado desapariciones y femicidios en un escenario marcado por barreras en el acceso a la justicia, desprotección institucional e impunidad.
La próxima audiencia de juicio podría convertirse en una instancia decisiva para esclarecer eventuales responsabilidades en la investigación y entregar respuestas largamente esperadas por la familia de Tanya Aciares y por la comunidad que ha seguido el caso durante más de siete años.


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