Chile se quebró en 2019, pero ¿por qué?: Las cifras y hechos detrás de una crisis que aún divide interpretaciones

El recuerdo del estallido social de octubre de 2019 volvió este martes al centro del debate político chileno, esta vez desde la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde el Presidente José Antonio Kast hizo su primera intervención ante el organismo internacional y sostuvo que Chile atravesó años de estancamiento, malas decisiones y un proceso que terminó con el país quebrado y sus calles sometidas durante meses a la violencia y el desorden. El mandatario afirmó además que hoy Chile está “de vuelta” y llamó a la comunidad internacional a invertir en el país.

Las palabras del jefe de Estado provocaron reacciones. Marco Enríquez-Ominami planteó una lectura distinta sobre las causas de aquella crisis: “Si Chile se quebró en 2019, conviene recordar por qué”. Según su comentario, el aumento de la tarifa del Metro fue solamente el detonante de problemas que venían acumulándose, entre ellos las dificultades económicas de las familias, las bajas pensiones, la desigualdad y las deficiencias de servicios esenciales. Su planteamiento concluye con una idea: el comportamiento de una economía no debería observarse exclusivamente a través del crecimiento, sino también desde el costo de vivir y de cuánto dinero queda disponible en los hogares.

Más allá de la controversia política entre ambas interpretaciones, a siete años de aquellos acontecimientos resulta pertinente regresar a 2019 y preguntarse qué Chile existía realmente antes del 18 de octubre. Hacerlo exige separar hechos, percepciones y opiniones políticas, porque el país de entonces no cabe completamente ni en la imagen de una nación económicamente destruida ni en la de una sociedad sin problemas estructurales que repentinamente salió a las calles por un incremento de 30 pesos en el transporte.

Chile no se encontraba antes del estallido en una situación de colapso económico. Había crecimiento, aunque bastante menor al esperado. En septiembre de 2019, antes de las protestas, el Banco Central proyectaba una expansión del PIB de entre 2,25% y 2,75% para ese año. Sin embargo, el propio instituto emisor advertía que la actividad y la demanda interna habían crecido menos de lo previsto, que el consumo mostraba menor dinamismo, que el empleo asalariado privado avanzaba débilmente y que las expectativas de consumidores y empresas habían retrocedido. La proyección de crecimiento para 2019, que un año antes se había situado entre 3,25% y 4,25%, había sido reducida sucesivamente.

El mercado laboral tampoco mostraba un escenario de derrumbe. En el trimestre agosto-octubre de 2019 la desocupación nacional era de 7%, prácticamente estable respecto del año anterior, y el número de ocupados había aumentado 1,2% en doce meses. Es decir, había empleo y crecimiento, pero eso no significa necesariamente que la percepción económica de las familias fuese igualmente positiva.

Los ingresos ayudan a comprender esa diferencia. La Encuesta Suplementaria de Ingresos del INE determinó posteriormente que durante 2019 el ingreso laboral promedio neto alcanzó $620.528 mensuales, pero la mediana fue considerablemente inferior: $401.000. Dicho de otra manera, la mitad de las personas ocupadas recibía $401.000 o menos al mes. Además, el 72,4% de los trabajadores percibía ingresos iguales o inferiores al promedio nacional. La distancia entre promedio y mediana resulta importante para entender por qué las cifras macroeconómicas podían convivir con una sensación extendida de estrechez económica.

Tampoco sería preciso afirmar que antes de octubre la desigualdad constituía, por sí sola, la principal preocupación declarada por los chilenos. La encuesta CEP realizada entre abril y junio de 2019 mostraba un panorama bastante más complejo: el 51% mencionaba delincuencia, asaltos y robos entre los tres problemas a los que el Gobierno debía dedicar mayor esfuerzo; el 46% señalaba las pensiones; el 34% la salud; el 30% la educación; el 25% la corrupción; el 22% el empleo; el 21% los sueldos y el 20% la pobreza. La desigualdad aparecía con un 9%. Al mismo tiempo, un 61% consideraba que la economía chilena estaba estancada.

Ese dato introduce un elemento fundamental para comprender 2019 sin reinterpretarlo desde las divisiones políticas posteriores: el malestar no tenía una sola causa ni pertenecía exclusivamente a una corriente ideológica. Pensiones, salud, salarios, empleo, educación, seguridad y corrupción coexistían entre las preocupaciones ciudadanas.

La desigualdad, aunque no encabezara las prioridades espontáneamente mencionadas en aquella encuesta, tampoco era una construcción surgida después del estallido. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo había advertido previamente sobre una estructura productiva caracterizada por bajos salarios y alta rotación laboral, concentración de ingresos y propiedad, y una limitada capacidad de impuestos, transferencias y seguridad social para moderar las desigualdades. El PNUD describía la desigualdad como uno de los desafíos históricos del país.

Fue sobre ese escenario donde apareció el incremento de $30 en la tarifa del Metro de Santiago. Las evasiones comenzaron antes del 18 de octubre y fueron aumentando hasta desembocar en una movilización considerablemente mayor. El propio Instituto Nacional de Derechos Humanos concluyó en su informe de 2019 que la crisis social y política se había gestado durante “décadas de falta de respuesta” del sistema político frente a demandas principalmente sociales.

Pero reconocer esos antecedentes tampoco obliga a borrar lo que ocurrió después.

Las manifestaciones pacíficas y masivas coexistieron con incendios, saqueos, destrucción de infraestructura y otros delitos. El informe del INDH registra que, de las 136 estaciones que entonces integraban la red del Metro, diez fueron quemadas, 69 resultaron dañadas y ocho trenes sufrieron daños. La estimación gubernamental citada en ese documento situaba en US$380 millones el costo de reparación de la red.

Del mismo modo, una reconstrucción completa de 2019 no puede excluir las graves violaciones a los derechos humanos documentadas durante la respuesta estatal a la crisis. El INDH constató, entre otras situaciones, uso indiscriminado de escopetas antimotines, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y empleo indiscriminado de la fuerza contra manifestantes pacíficos. El organismo calificó las vulneraciones registradas como “graves y múltiples”.

Por eso, probablemente el principal problema de reconstruir 2019 desde el presente sea intentar escoger solamente una mitad de la historia.

Existió malestar social previo y está documentado. Existieron problemas en pensiones, salarios, salud, desigualdad y confianza en la situación económica. También existía preocupación importante por la delincuencia antes del estallido. Chile continuaba creciendo y mantenía estabilidad macroeconómica, aunque su economía estaba desacelerándose y el Banco Central había reducido significativamente sus expectativas. Todo ello puede ser cierto simultáneamente.

También es un hecho que hubo enormes manifestaciones pacíficas y demandas sociales legítimas, así como violencia, incendios, saqueos y destrucción de bienes públicos y privados. Y es igualmente cierto que durante la respuesta estatal se produjeron graves violaciones a los derechos humanos documentadas por organismos nacionales e internacionales.

Desde esa perspectiva, las palabras pronunciadas por Kast ante Naciones Unidas y la respuesta de Enríquez-Ominami representan dos énfasis diferentes sobre un mismo período histórico. El primero coloca el acento en la violencia, el desorden y sus consecuencias para el país; el segundo busca devolver la mirada hacia las condiciones sociales y económicas que precedieron a la explosión de octubre. Ninguna de esas perspectivas, considerada aisladamente, alcanza para describir toda la complejidad de 2019.

Quizás siete años sean suficientes para comenzar a mirar aquel período con una distancia distinta. No para olvidar los incendios ni los saqueos, pero tampoco para olvidar las razones por las cuales millones de personas expresaron descontento. No para justificar la violencia ejercida por particulares, ni para relativizar las vulneraciones de derechos cometidas por agentes del Estado.

Recordar 2019 exige algo más difícil que escoger una versión conveniente: aceptar simultáneamente todos los hechos que la evidencia permite establecer.

Porque la historia pierde utilidad cuando solamente sirve para confirmar nuestras posiciones presentes. Chile puede discutir legítimamente sobre las causas, responsabilidades y consecuencias del estallido social. Lo que no debería hacer es borrar de su memoria aquellos datos que incomodan a una u otra interpretación.

A siete años de distancia, la pregunta quizá ya no deba ser quién tenía razón en 2019, sino qué condiciones permitieron que un país institucionalmente estable y con una economía que todavía crecía acumulase suficientes tensiones para desembocar en una de las mayores crisis sociales y políticas desde el retorno a la democracia.

Responder esa pregunta sin apasionamiento político podría ser una de las lecciones más útiles que aquel octubre todavía puede entregar a Chile.