Usuarios de ZOFRI denuncian intento de traspasar costos de cargadores y cuestionan millonarios ingresos por multas

La Asociación de Usuarios de ZOFRI A.G. encendió una alerta entre las empresas que operan en el sistema franco de Iquique, tras advertir la intención de ZOFRI S.A. de modificar su Reglamento Interno Operacional para incorporar un mecanismo de financiamiento que permitiría cobrar a los usuarios los pagos efectuados -y futuros- vinculados a los cargadores y a actividades relacionadas con la seguridad de las operaciones de carga y descarga al interior del Recinto Amurallado.

De acuerdo con la organización gremial, esta medida resultaría preocupante porque desconoce compromisos previamente establecidos entre la empresa administradora y los gremios de usuarios, particularmente el Addendum firmado el 30 de septiembre de 2020, documento que regula el financiamiento del sistema de cargadores.

Según lo estipulado en ese acuerdo, a partir de febrero de 2023 debía ponerse término al aporte que realizaban los usuarios al fondo destinado a los cargadores. El documento además establece que, en caso de que el nuevo sistema de carga y descarga no estuviera en funcionamiento por razones de fuerza mayor o ajenas a la voluntad de la empresa, ZOFRI S.A. debía asumir el financiamiento del beneficio que reciben los cargadores con cargo al fondo existente, sin trasladar esos costos a las tarifas de los usuarios.

Para la Asociación de Usuarios, la eventual incorporación de un mecanismo que permita recuperar esos recursos desde las empresas usuarias contradice el espíritu y el contenido de dicho acuerdo, lo que podría generar nuevas cargas económicas para quienes operan dentro del principal sistema franco del país.

Cuestionamientos por ingresos provenientes de multas

La organización también manifestó preocupación por antecedentes contenidos en los estados financieros de la propia compañía administradora. En dichos documentos, ZOFRI S.A. reconoce ingresos bajo el concepto de “Otros ingresos fuera de explotación”, los cuales -según la descripción incluida en los informes financieros- corresponden principalmente a multas aplicadas conforme al Reglamento Interno Operacional, cobros por cargadores no acreditados y otros conceptos menores.

De acuerdo con estas cifras, entre el año 2021 y septiembre de 2025 la empresa registra ingresos por un total de 2.647 millones de pesos en este ítem.

Desde la Asociación de Usuarios se sostiene que estos antecedentes reflejan una situación preocupante, ya que las multas se habrían convertido en una fuente relevante de ingresos para la compañía, lo que -según señalan- ha generado creciente inquietud entre las empresas usuarias del sistema.

El gremio advierte además que algunas sanciones aplicadas carecerían de un sustento normativo o legal suficientemente claro, lo que ha motivado críticas por parte de diversos actores vinculados a la actividad comercial de la zona franca.

Llamado a denunciar irregularidades

Ante este escenario, la Asociación de Usuarios de ZOFRI llamó a las empresas del sistema a mantenerse alertas y a denunciar cualquier irregularidad que pueda afectar el funcionamiento transparente del recinto franco.

Asimismo, el gremio cuestionó lo que calificó como una administración poco transparente, señalando que las decisiones adoptadas por la actual gestión y su gobierno corporativo deben considerar el impacto que generan sobre las empresas usuarias, que constituyen la base del sistema económico de la zona franca.

“Es el momento de denunciar todas las irregularidades de esta administración opaca. Su gobierno corporativo debe asumir los costos de las malas decisiones, las que -según nuestra apreciación- han sido adoptadas en beneficio de su directorio y de sus ejecutivos, sin tener en cuenta las necesidades del sistema ni de sus usuarios”, señalaron desde la organización.

Finalmente, la Asociación recordó que los usuarios son quienes dan vida al funcionamiento de ZOFRI, ya que son las empresas instaladas en el recinto las que generan la actividad económica, el comercio internacional y el empleo asociado al sistema franco de Iquique.

Por ello, sostienen que cualquier modificación en las reglas operacionales o en los mecanismos de financiamiento debe realizarse con diálogo, transparencia y respeto a los acuerdos previamente suscritos con los gremios del sector.