
En un punto de prensa, el equipo económico vinculado a Marco Enríquez-Ominami expuso los fundamentos de una propuesta que ha generado debate en materia previsional: permitir que las personas con hasta $20 millones ahorrados en sus cuentas de AFP puedan retirar el total de esos fondos.
El economista Camilo Lagos, quien estuvo a cargo de la exposición técnica, señaló que la discusión previsional ha quedado relegada en el debate público, pese a que constituye -dijo- uno de los principales desafíos estructurales del país. De acuerdo con cifras que mencionó, las AFP administran anualmente cerca de US$14 mil millones en cotizaciones, mientras que el monto destinado a pensiones bordea los US$2.600 millones, lo que obliga al Estado a complementar mediante la PGU y otros mecanismos solidarios aproximadamente US$4 mil millones adicionales.
Según Lagos, entre el 70% y el 80% de las personas afiliadas mantiene menos de $20 millones en sus cuentas individuales, lo que proyecta pensiones cercanas a los $100.000 mensuales. En ese contexto, la propuesta retoma planteamientos surgidos desde organizaciones sociales que han impulsado reformas previsionales, argumentando que permitir el retiro completo para esos tramos no afectaría de manera significativa la sostenibilidad del sistema y tendría un impacto directo en la calidad de vida de los hogares.
Durante la actividad se expuso que, para muchas familias, acceder a ese ahorro podría significar resolver necesidades inmediatas relacionadas con endeudamiento, educación, salud, vivienda o emprendimientos. También se señaló que, en el caso de quienes acceden a la Pensión Garantizada Universal, el retiro anticipado no modificaría el acceso al beneficio, dado que este opera como un piso común.
Enríquez-Ominami comentó que la medida podría contribuir a aliviar cargas económicas urgentes y que, desde una perspectiva técnica, coincide con evaluaciones públicas realizadas por distintos actores respecto del rol que cumplen los pequeños saldos dentro del sistema previsional.
Por otra parte, se reiteró la intención de evaluar un ajuste en la edad de acceso a la PGU para las mujeres, específicamente desde los 60 años, propuesta cuyo costo estimado sería cercano al 0,4% del PIB y que fue presentada como una medida destinada a abordar brechas de género en pensiones.
El equipo económico que participó del punto de prensa sostuvo que estos planteamientos buscan reabrir la discusión previsional desde una perspectiva estructural, poniendo énfasis en la sostenibilidad fiscal, la protección social y la adecuación del modelo a las realidades actuales del mercado laboral y la demografía del país.


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