El ruido de las redes y el silencio de la Constitución: Una reflexión necesaria

Decidí escribir estas líneas después de leer una serie de comentarios en redes sociales que, una vez más, insistían en la idea de que un gobierno determinado podría “cambiar el modelo” político, económico y social chileno a su antojo. Me llamó la atención cómo se repiten estas afirmaciones con total seguridad, como si la Constitución fuera un documento maleable al capricho de un Presidente o de una coalición circunstancial. Esa percepción, instalada en distintos sectores, no solo es incorrecta: desconoce el funcionamiento real de la institucionalidad chilena.

Lo digo sin pertenecer a ninguna doctrina política ni representar una mirada ideológica cerrada. Hablo desde la observación crítica y el análisis jurídico que cualquier ciudadano con acceso a la Constitución puede hacer por sí mismo. En Chile, la Carta Fundamental no puede ser modificada a voluntad, ni siquiera con una mayoría simple en el Congreso. Se requieren mayorías calificadas que, por la estructura del sistema político, son prácticamente imposibles de alcanzar sin un consenso amplio y transversal. Es este diseño institucional el que ha mantenido, por más de cuarenta años, intacta la esencia del modelo, a pesar de numerosos intentos de reforma. Lo que se ha logrado en todo este tiempo han sido ajustes específicos, nunca una transformación estructural.

Por eso, cuando leo que un gobierno de derecha extrema o uno de izquierda comunista “cambiará el modelo”, no puedo evitar pensar que se trata más de una estrategia de miedo que de un análisis serio. La Constitución es clara y su fuerza normativa obliga al Ejecutivo sin excepción. Quien llegue a La Moneda, sea cual sea su orientación política, deberá actuar dentro de los límites que el texto constitucional impone. Es simple: no se puede gobernar fuera del marco legal, y si alguien lo intentara, existen contrapesos suficientes para impedirlo. Esa es la principal garantía del sistema democrático chileno.

El temor permanente a que un sector político tome el control absoluto del país no es, en verdad, un problema constitucional. Es un mecanismo de influencia. A través de él, distintos actores buscan instalar la idea de que solo ellos pueden “salvar” al país de una supuesta amenaza, cuando la realidad es que el diseño institucional ya prevé restricciones formales y materiales para cualquier gobierno. El llamado “cuco político” no es más que una construcción discursiva que juega con las emociones de las personas, especialmente con la incertidumbre y la desinformación.

La ciudadanía decide quién gobernará, pero lo hace dentro del marco constitucional que regula cada acción del Estado. Ningún gobierno puede intervenir libremente en la propiedad, la economía, la libertad de expresión, los derechos fundamentales o la estructura del poder público sin cumplir procedimientos estrictos, los que incluyen altos quórums, control judicial y revisión de organismos especializados. El Congreso Nacional, el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República y el sistema completo de frenos y contrapesos existen precisamente para evitar que la voluntad de una persona o un grupo desborde el orden institucional.

Lo más preocupante no es que algunas personas desconozcan esta arquitectura jurídica, sino que otros, plenamente conscientes de ella, la utilicen para instalar miedo en la conversación pública. Es más fácil manipular el debate con la amenaza de un supuesto cambio abrupto que con la explicación técnica de cómo funciona realmente el sistema. Por eso creo que es necesario detenernos, leer, comprender y analizar antes de aceptar como verdad los comentarios que circulan en redes sociales. En tiempos donde la opinión se confunde con información, el análisis crítico es una responsabilidad ciudadana.

Escribo estas líneas también como una invitación a abandonar la lógica del miedo. Chile no se sostiene por la voluntad de un gobierno ni por la fuerza de un sector político. Se sostiene por su institucionalidad, por un marco jurídico que, con todas sus imperfecciones, ha demostrado ser capaz de contener los impulsos de cualquier Administración. Me parece urgente recordar esto cuando el debate público se llena de afirmaciones infundadas que solo buscan polarizar aún más a la sociedad.

Si realmente queremos un país más informado y maduro políticamente, debemos elevar la conversación. Debemos exigir argumentos, no amenazas; análisis constitucional, no fantasmas ideológicos. Nuestro sistema democrático es más robusto de lo que muchos pretenden hacer creer. Lo que se necesita es comprensión, lectura atenta y una mirada crítica alejada del temor que algunos intentan sembrar.

Por eso escribo. Porque leer comentarios en redes sociales me hizo ver que todavía hay quienes creen que un gobierno puede cambiarlo todo. La realidad es otra: lo puede intentar, pero nunca podrá hacerlo fuera de la Constitución. Y mientras esta siga siendo el marco que ordena al Estado, los ciudadanos podemos ejercer nuestra libertad política sin caer en el miedo que algunos pretenden instalar.

Juan Carlos Hernández Caycho
Periodista, comunicador social, gestor cultural
Vocero de la Alianza Mundial Aymara (AMA)