Estados Unidos alcanzó su clasificación más baja desde 2012 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) elaborado por Transparencia Internacional. El país descendió al puesto 29 entre 182 naciones evaluadas, con una puntuación de 64 sobre 100, marcando así su peor desempeño desde que el indicador fue renovado metodológicamente hace más de una década.
En esta edición del informe, Estados Unidos empató con Bahamas y quedó por detrás de países como Lituania, Barbados y Uruguay. La caída consolida una tendencia descendente que se ha prolongado durante los últimos diez años, reflejando un deterioro progresivo en la percepción internacional sobre los estándares de integridad y control institucional en la principal economía del mundo.
Según el organismo, entre los factores que explican el retroceso se encuentran la menor aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, las pausas en investigaciones relacionadas con sobornos corporativos fuera del país y limitaciones en la supervisión de los registros de agentes extranjeros. Analistas y especialistas en gobernanza también apuntan a la creciente polarización política, cuestionamientos a la independencia del poder judicial y el uso de instituciones estatales contra presuntos adversarios políticos como elementos que debilitan los mecanismos de rendición de cuentas.
El informe advierte que la percepción de debilitamiento institucional no solo afecta la imagen internacional del país, sino que también puede tener repercusiones en la confianza de inversionistas, la cooperación internacional y la estabilidad regulatoria.
No obstante, el escenario se produce en la antesala de un año simbólico para la nación. En 2026, Estados Unidos conmemorará 250 años de su independencia, celebrará el centenario de la histórica Ruta 66 y será una de las sedes de la Copa Mundial organizada por la FIFA. Estos hitos proyectan un importante dinamismo económico, con un esperado incremento de visitantes internacionales que podría fortalecer sectores como el turismo, la hotelería, la infraestructura y los negocios locales en diversas regiones del país.
El contraste entre los desafíos institucionales señalados por el IPC y las oportunidades económicas derivadas de estos eventos marcará uno de los ejes centrales del debate público en los próximos meses.
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