Un escenario que inquieta y moviliza a las comunidades educativas comienza a consolidarse en Chile. La Policía de Investigaciones de Chile (PDI), a través de sus unidades especializadas en Cibercrimen y el Instituto de Criminología, encendió las alertas frente al aumento de amenazas de ataques a establecimientos educacionales, muchas de ellas difundidas por redes sociales, donde el anonimato y la viralización potencian el impacto del miedo.
El subprefecto Cristian Villalobos fue enfático: toda amenaza debe ser considerada como real. Este tipo de situaciones no solo genera alarma pública, sino que activa protocolos policiales complejos, orientados a prevenir hechos que podrían tener consecuencias graves. La advertencia no es menor, considerando el contexto actual de creciente exposición digital de niños, niñas y adolescentes.
Desde una mirada más profunda, la psicóloga Vania Saavedra, del Instituto de Criminología, advierte que el fenómeno no es aislado. Existe un aumento sostenido de denuncias por acoso escolar, muchas veces vinculado a la reproducción de discursos violentos en entornos digitales. El consumo intensivo de redes sociales, sumado a la exposición constante a contenidos agresivos, está normalizando formas de violencia como mecanismos de expresión entre los jóvenes.
Las cifras refuerzan esta preocupación. A nivel mundial, cerca del 36% de niños y adolescentes ha sido víctima de algún tipo de violencia digital. En Chile, la tendencia también va en alza: durante 2024 se registraron 8.509 denuncias, lo que representa un incremento del 10% respecto al año anterior, concentrándose principalmente en maltrato entre estudiantes y agresiones físicas.
Frente a este escenario, la PDI entregó recomendaciones clave. En casos de acoso digital, es fundamental resguardar evidencia como capturas de pantalla, enlaces y nombres de usuario, elementos que resultan determinantes para la identificación de los responsables. Asimismo, se insiste en la importancia de realizar denuncias oportunas, tanto en unidades policiales como ante el Ministerio Público, además de informar de inmediato a las autoridades del establecimiento educacional.
La institución también advierte sobre prácticas que pueden agravar la situación: no se debe intentar identificar ni confrontar a los presuntos responsables, ni exponerlos en redes sociales. Estas acciones no solo entorpecen las investigaciones, sino que pueden derivar en nuevos delitos.
El rol de los adultos emerge como un factor decisivo. La supervisión activa del uso de plataformas digitales, junto con el fortalecimiento del diálogo en torno a los riesgos y consecuencias legales de estas conductas, se vuelve imprescindible. Desde la psicología infanto-juvenil, se subraya que no existe una única señal de alerta frente al bullying, pero sí indicadores relevantes: cambios conductuales, aislamiento, desmotivación escolar o reducción de la interacción social pueden ser señales de advertencia.
Finalmente, la PDI recalca la necesidad de que los establecimientos educacionales mantengan sus protocolos de seguridad plenamente activos y coordinados con las autoridades. En un contexto donde la violencia puede gestarse en el mundo digital pero impactar en la realidad, la prevención, la vigilancia y la acción oportuna se convierten en las principales herramientas para resguardar la seguridad de toda la comunidad escolar.
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