Una nueva controversia socioambiental y territorial se instaló esta semana en la Región de Tarapacá luego que integrantes de la Asociación Indígena Aymara de Incakota realizaran una manifestación pacífica en las afueras de las oficinas de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM, denunciando restricciones de acceso hacia sectores de pastoreo ancestral ubicados en la Quebrada de Yabricoyita, comuna de Pica.
La protesta, desarrollada sin incidentes durante la jornada del martes en Iquique, tuvo como propósito hacer entrega formal de un petitorio dirigido a ejecutivos de la minera, mediante el cual la agrupación exige autorización permanente para ingresar por las garitas habilitadas a sectores donde mantienen ganado camélido y desarrollan actividades tradicionales vinculadas a la trashumancia andina.
Según denunciaron los comuneros, el acceso a dichos terrenos habría sido restringido por controles asociados a la operación minera, impidiendo el tránsito hacia zonas históricamente utilizadas para el resguardo, alimentación e hidratación de llamas y otros animales que constituyen parte esencial de su economía familiar, su identidad cultural y sus prácticas ancestrales.
“Nos están cerrando caminos históricos”
En entrevista con medios locales, Williams García, presidente de la asociación, señaló que durante meses han buscado establecer diálogo con representantes de la compañía sin obtener respuestas satisfactorias.
De acuerdo con sus declaraciones, la organización considera que existiría un trato desigual respecto de otras comunidades del sector que sí tendrían acceso expedito, situación que califican como discriminatoria.
“Nos están cerrando caminos que nuestros abuelos y antepasados recorrieron por generaciones”, manifestaron integrantes de la agrupación, acusando una vulneración directa a sus derechos territoriales y culturales.
Asimismo, denunciaron que durante su permanencia en las oficinas de la minera no habrían sido recibidos por ningún representante formal y que las dependencias permanecieron cerradas, imposibilitando la entrega material del documento.
Trashumancia aymara: una práctica ancestral protegida
La controversia expone una problemática histórica del altiplano chileno: la coexistencia entre grandes proyectos extractivos y sistemas tradicionales de ocupación territorial indígena.
La trashumancia aymara corresponde al desplazamiento periódico del ganado entre distintos pisos ecológicos según estaciones, disponibilidad hídrica y condiciones climáticas. Esta práctica, desarrollada por siglos en el altiplano de Tarapacá, forma parte del patrimonio cultural vivo de los pueblos originarios del norte grande.
Para las comunidades, estos desplazamientos no son simples traslados productivos; constituyen una forma de organización territorial, espiritual y comunitaria transmitida intergeneracionalmente.
Expertos en derecho indígena sostienen que estas prácticas encuentran reconocimiento jurídico en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, vigente en Chile desde 2009, el cual obliga al Estado a proteger los valores, prácticas culturales y formas de uso tradicional del territorio de los pueblos indígenas.
Particularmente, el tratado establece que los gobiernos deben respetar la especial relación espiritual y material que los pueblos indígenas mantienen con las tierras y territorios que ocupan o utilizan tradicionalmente, incluso cuando no exista título formal inscrito.
Antecedente oficial: gestión ante Bienes Nacionales
El conflicto suma un antecedente administrativo registrado ante la Subsecretaría de Bienes Nacionales, organismo ante el cual la asociación sostuvo una audiencia pública el 9 de octubre de 2025, en la ciudad de Iquique.
En dicha instancia, la agrupación informó encontrarse en un proceso de revisión territorial respecto de los lugares de pastoreo utilizados por su ganado camélido, con el objetivo de aclarar condiciones de propiedad particular y fiscal sobre terrenos ancestralmente ocupados.
Según consta en la observación oficial presentada por la organización:
La comunidad busca evaluar y prevenir conflictos con terceros derivados de la dinámica de trashumancia y de su actividad ganadera tradicional como pueblo aymara.
Como respuesta institucional, se indicó que la asociación podía formalizar consultas escritas junto con antecedentes jurídicos y administrativos de la organización mediante oficina de partes.
Este antecedente demuestra que la preocupación por eventuales conflictos territoriales había sido planteada previamente ante organismos públicos, reforzando que la actual denuncia no sería un hecho aislado ni improvisado.
Collahuasi y su relación con comunidades indígenas
La operación de Collahuasi, una de las mayores productoras de cobre del mundo, se emplaza en territorio altiplánico donde históricamente han coexistido actividades extractivas, comunidades indígenas y ecosistemas de alta fragilidad.
La compañía ha desarrollado programas de relacionamiento comunitario y sustentabilidad ampliamente difundidos en reportes corporativos, orientados al trabajo con comunidades de la región. Sin embargo, conflictos como el denunciado por Incakota reabren interrogantes sobre la efectividad práctica de esos mecanismos y sobre la real integración de los usos tradicionales indígenas en la planificación operacional minera.
En Chile, este tipo de controversias suele derivar en revisiones administrativas, acciones judiciales, mediaciones institucionales y fiscalizaciones por parte de organismos sectoriales cuando existen indicios de afectación a derechos colectivos reconocidos internacionalmente.
Un llamado a las autoridades
Desde la asociación hicieron un llamado directo a autoridades regionales y nacionales para fiscalizar los hechos denunciados y garantizar el respeto efectivo de los derechos indígenas consagrados en la legislación nacional e internacional.
Habitantes del territorio manifestaron su inquietud señalando que el altiplano no puede entenderse únicamente como espacio productivo o concesionable, sino como un territorio vivo, cargado de memoria, espiritualidad, prácticas ganaderas y continuidad cultural.
“El territorio andino no pertenece exclusivamente a una minera; aquí hay historia, cultura y familias que merecen respeto”, expresaron comuneros.
Un conflicto que podría escalar
Mientras no exista una instancia formal de diálogo entre la empresa, la comunidad y organismos públicos competentes, la situación podría escalar en tensión social y transformarse en un nuevo caso emblemático sobre derechos territoriales indígenas en el norte chileno.
Para el mundo ciudadano y empresarial, el caso Incakota-Collahuasi constituye una señal relevante: el desarrollo económico sostenible exige certeza jurídica, respeto intercultural y mecanismos efectivos de participación temprana.
En una región donde minería y culturas ancestrales comparten un mismo espacio geográfico, la convivencia futura dependerá menos de declaraciones institucionales y más de soluciones concretas capaces de armonizar productividad, legalidad y dignidad territorial.
Más historias
Especialista de la Universidad de Chile explica curiosidades de la genética felina: Camadas con distintos padres y qué revela el color del pelaje
Cables sobre la ciudad: ¿Qué riesgos generan y por qué cuesta tanto retirarlos?
Corfo visita el CEIM y revisa sus programas en Tarapacá