Chile enfrenta uno de los episodios más graves de debilitamiento institucional y subordinación política frente al poder económico desde el retorno a la democracia.
El megaproyecto Puerto Exterior San Antonio ya no puede seguir siendo presentado únicamente como una obra de infraestructura portuaria. Hoy representa algo mucho más profundo y peligroso: la evidencia de que decisiones estratégicas para el país están siendo empujadas políticamente aun cuando existen enormes incertidumbres técnicas, observaciones críticas de organismos públicos, posibles vulneraciones a principios básicos de legalidad y graves riesgos territoriales, ambientales y sanitarios para millones de personas en la zona central de Chile.
Este proyecto ha sido promovido sucesivamente por tres gobiernos distintos: Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y Gabriel Boric. Sin embargo, fue durante esta última administración donde la presión pública alcanzó niveles particularmente alarmantes.
El entonces Presidente Gabriel Boric defendió reiteradamente el megaproyecto ante reuniones empresariales, encuentros económicos y foros con inversionistas nacionales e internacionales, presionando públicamente para acelerar su aprobación y consolidarlo como prioridad estratégica del país. A ello se sumaron gestiones internacionales encabezadas por el Ministerio de Transportes, además del respaldo transversal de parlamentarios y operadores políticos ligados al modelo de expansión logística e industrial chileno.
Hace apenas semanas, los gobernadores Rodrigo Mundaca y Claudio Orrego dieron un paso aún más delicado para la institucionalidad republicana: abandonaron el deber de prudencia y rigurosidad que exige la función pública para transformarse en promotores políticos de un proyecto que no cuenta con respaldo social, técnico ni científico suficiente.
Más grave todavía: respaldaron públicamente una iniciativa que el propio Ministerio de Desarrollo Social mantenía bajo condición de “Objetada Técnicamente” (OT), con rentabilidad social vencida dentro del Sistema Nacional de Inversiones y rodeada de incertidumbres críticas respecto de sus impactos territoriales, sanitarios, urbanos y ambientales.
La situación es extremadamente grave porque no estamos hablando de simples diferencias políticas o ambientales.
Estamos hablando de documentos oficiales del propio Estado chileno.
La Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) rechazó técnicamente el proyecto debido al riesgo de inundación sobre población civil y la ausencia de modelaciones hidráulicas suficientes.
La SEREMI de Obras Públicas emitió posteriormente una conformidad administrativa reconociendo no disponer de informes técnicos que justificaran dicho cambio de criterio.
La Dirección de Obras Portuarias (DOP) reconoció no contar con estudios de sedimentos respecto de la zona exacta donde se pretende emplazar el megaproyecto, hecho extremadamente delicado considerando que se trata de un sector con histórica acumulación sedimentaria y altísima sensibilidad ecológica y costera.
La ausencia de estos antecedentes no solo pone en riesgo el equilibrio del borde costero y la estabilidad litoral de toda la zona, sino también la salud de las comunidades y la seguridad alimentaria asociada al consumo de productos del mar potencialmente expuestos a alteraciones ambientales derivadas de una intervención industrial de escala irreversible.
A ello se suma la amenaza de desaparición de una de las últimas playas históricas de la comuna de San Antonio, espacio donde convergen la espiritualidad ancestral, prácticas culturales de pueblos originarios, pesca tradicional y una importante actividad turística local.
Y si fuera poco, la inexistencia de estudios sedimentológicos integrales compromete directamente la economía y subsistencia de orilleros, mariscadores y pescadores artesanales de Cartagena, San Antonio, Llolleo y Santo Domingo, comunidades cuya relación histórica, cultural y económica con el mar podría verse severamente afectada por una intervención aprobada sin antecedentes científicos suficientes.
El Estado Mayor Conjunto (EMCO) señaló además no disponer de antecedentes técnicos suficientes ni haber participado adecuadamente respecto de riesgos estratégicos asociados al megaproyecto.
SENAPRED tampoco contó con participación suficiente respecto de escenarios críticos vinculados a desastres y emergencias.
Y aun frente a este cuadro de incertidumbre crítica, la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso (COEVA) decidió aprobar rápida y unánimemente la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto, pasando por encima de enormes vacíos técnicos, observaciones institucionales y cuestionamientos relativos a principios básicos de legalidad, probidad administrativa y protección preventiva de las comunidades.
Pero el problema ya no afecta únicamente a San Antonio o a la Región de Valparaíso.
Hoy emergen señales de un eventual colapso ambiental, sanitario y vial también sobre la Región Metropolitana y gran parte de la macrozona central.
Diversos antecedentes advierten que el flujo de carga asociado al megaproyecto podría multiplicar entre tres y cinco veces la circulación de camiones atravesando Santiago y la zona central, incrementando drásticamente emisiones contaminantes, material particulado, ruido, congestión vial y deterioro de la calidad de vida.
Y lo más grave es que no existirían evaluaciones integrales suficientes respecto del impacto acumulativo que esta expansión tendría sobre la contaminación atmosférica, el aumento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, la salud pública ni el eventual colapso del sistema logístico y carretero metropolitano.
Es decir: mientras el poder político presiona públicamente para acelerar el megaproyecto, ni siquiera existirían garantías reales respecto de cómo enfrentar el aumento masivo de contaminación y enfermedades derivadas de la expansión industrial y del transporte pesado sobre millones de personas en la cuenca central de Chile.
Eso no es desarrollo.
Eso es irresponsabilidad institucional de escala histórica.
Porque cuando las autoridades abandonan la ciencia y comienzan a actuar bajo presión corporativa, las consecuencias siempre terminan pagándolas las comunidades.
San Antonio, Llolleo, Cartagena, Santo Domingo y la Región Metropolitana no pueden transformarse en territorios sacrificados para satisfacer intereses logísticos e industriales nacionales e internacionales.
Chile merece algo infinitamente mejor.
Merece planificación seria.
Merece ciencia.
Merece instituciones fuertes.
Y merece autoridades capaces de defender la vida, el territorio y el Estado de Derecho incluso frente a las presiones empresariales más poderosas.
Porque los peores desastres no comienzan únicamente con fenómenos naturales.
También comienzan cuando el poder político decide ignorar deliberadamente las advertencias técnicas y científicas; cuando se debilita la probidad, se relativiza la ley y se vulneran principios esenciales del derecho ambiental, de la prevención y de los tratados internacionales que obligan al Estado de Chile a proteger la vida humana, los ecosistemas y los derechos de las futuras generaciones.
No existe progreso legítimo cuando un pueblo debe convivir bajo la amenaza permanente de inundaciones, contaminación, enfermedades, colapso urbano y degradación territorial para satisfacer intereses corporativos de escala global.
Las futuras generaciones no perdonarán a quienes, teniendo todas las advertencias sobre la mesa, decidieron igualmente avanzar.
Porque existen momentos en la historia de un país donde el verdadero liderazgo político no consiste en acelerar proyectos ciegamente, sino en tener la lucidez y el coraje de detenerlos antes de que el daño sea irreversible.
Por:Alfredo Antonio Améstica Gonzalez
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