La reciente confirmación de que 1.056 personas dadas de alta médica permanecen hospitalizadas por falta de redes sociales y sanitarias (cifra que en marzo era de 996 ( revisa este número x q creo q son 1000 y algo) y que sigue al alza) debería interpelarnos no sólo como problema asistencial, sino como síntoma de un diseño institucional agotado.
Los datos del Ministerio de Salud son elocuentes: estos pacientes ocupan camas en 137 establecimientos, mientras la red dispone de apenas 206 camas formales para ellos. El 76% se maneja en camas de agudos no diseñadas para ese fin. El costo directo asciende a $94.500 millones anuales, calculado de manera conservadora; pero el costo de oportunidad – los egresos GRD no producidos por mantener esas camas ocupadas – alcanza los $166.000 millones, financiamiento FONASA que la red pública simplemente no logra capturar.
La comparación es más elocuente aún: mantener a una persona en cama hospitalaria cuesta $94,9 millones al año, once veces más que hacerlo en un ELEAM o residencia especializada ($8,4 millones). No estamos ante un problema de capacidad sanitaria, sino ante la ausencia de una oferta social que el Estado no ha querido, o no ha sabido, construir.
Que el 30,7% de estos pacientes esté judicializado revela que ni siquiera el aparato de protección de derechos está calibrado para resolver con celeridad la dignidad de quienes ya no requieren un hospital, sino un hogar.
Seguir financiando camas en vez de trayectorias de egreso es, lisa y llanamente, subsidiar la ineficiencia con recursos que la salud pública no puede permitirse perder.
Dra. Karla Rubilar Barahona
Ex Ministra y Jefa de Salud Pública Universidad Autónoma
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