Una herencia marcada por el dinero ilícito, el encubrimiento financiero y un largo litigio judicial. Casi dos décadas después de que estallara el caso Riggs, la justicia chilena ha dictado un fallo inédito: los herederos de Augusto Pinochet deberán devolver al Estado de Chile más de 16 millones de dólares provenientes del uso indebido de fondos públicos durante su régimen (1973–1990).
El dictamen, emitido el 22 de julio de 2025 por el Séptimo Juzgado Civil de Santiago, acoge una demanda presentada en 2018 por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) bajo la figura del “provecho del dolo ajeno”, una vía civil que permite perseguir el enriquecimiento ilícito de terceros beneficiados por delitos aunque el autor haya fallecido.
Esta decisión marca un hito en el cierre parcial de uno de los capítulos más oscuros del legado del dictador: su fortuna secreta y su estructura de ocultamiento financiero, revelada al mundo en 2004 gracias a una investigación del Senado de Estados Unidos sobre el terrorismo global. Aquella comisión descubrió que Pinochet mantenía decenas de cuentas ocultas en el Riggs Bank, algunas bajo seudónimos como “Daniel López” o “John Long”, usadas para mover millones de dólares fuera del alcance de la justicia chilena.
El origen del caso Riggs
La revelación del escándalo marcó un giro inesperado: por primera vez, no se trataba de delitos de lesa humanidad, sino de corrupción financiera. Entre 2004 y 2018, el Ministerio Público y la Corte Suprema siguieron la pista del dinero y lograron establecer que al menos 17,8 millones de dólares del patrimonio personal de Pinochet no tenían justificación legal.
Pese a ello, y aunque fue procesado en 2005 por fraude tributario y malversación, Pinochet murió en 2006 sin recibir condena. El tiempo jugó a favor de su entorno: gran parte del dinero no pudo ser decomisado debido a la extinción de responsabilidad penal con su fallecimiento.
En respuesta, el CDE optó por una estrategia jurídica distinta: demandar a sus herederos directos, entre ellos su fallecida esposa Lucía Hiriart y sus cinco hijos, además de otros familiares, solicitando la restitución del dinero no incautado.
El fallo: memoria, responsabilidad y reparación
La sentencia de primera instancia establece con claridad que el dictador incurrió en actos de sustracción de fondos públicos, provenientes de partidas reservadas de la Presidencia, la Casa Militar y la Comandancia en Jefe del Ejército. Y aunque no fue condenado penalmente, el fallo determina que los beneficiarios de su patrimonio ilícito deben devolver la parte que recibieron.
En total, el monto a restituir asciende a 16.244.768,74 dólares, cifra correspondiente a lo no alcanzado por el decomiso judicial previo. Según la resolución, los herederos deberán reembolsar estos recursos proporcionalmente según su participación en la herencia.
Raúl Letelier, presidente del CDE, valoró la resolución como “una señal clara de que los crímenes financieros contra el Estado no quedan impunes”. En sus palabras, “esta acción forma parte de los esfuerzos institucionales para restituir lo que fue sustraído durante años de oscuridad y corrupción desde las entrañas del poder militar”.
El presente de una familia dividida
Mientras la justicia civil avanza, los conflictos dentro del círculo familiar de Pinochet también han aflorado. En paralelo al fallo, la hija menor del matrimonio, Jacqueline Pinochet Hiriart, presentó una querella contra su hermano Marco Antonio, acusándolo de apropiación indebida de bienes hereditarios y de impedirle visitar la tumba de sus padres.
Las disputas por terrenos, propiedades y fondos no solo exponen tensiones familiares, sino que reflejan una dimensión simbólica: la herencia del dictador no solo fue material, sino también política y moral.
Memoria pendiente
Pinochet nunca fue juzgado por las más de 3.200 víctimas que dejó su régimen, entre ellos más de 1.400 detenidos desaparecidos. Tampoco por las redes de corrupción que tejió en paralelo a la represión.
El fallo actual no resuelve esa deuda histórica, pero establece un precedente: la justicia puede actuar incluso más allá de la muerte, cuando el Estado es capaz de sostener sus demandas con evidencia, perseverancia y voluntad institucional.
Este nuevo capítulo del caso Riggs vuelve a poner en el centro del debate el verdadero costo de la dictadura: no solo en vidas humanas, sino también en la integridad del erario público, y en la necesidad de justicia, verdad y reparación que aún clama en la memoria colectiva chilena.
Especial del Diario El Nortino
Más historias
Primer Consejo Regional de Educación Técnico Profesional sesionó en Iquique
Subdere inicia asignación de proyectos para reconstruir infraestructura pública afectada por sistema frontal
Electricidad: El nuevo mapa del poder