La alarma se encendió en la Región de Tarapacá. Las Organizaciones de la Sociedad Civil integrantes del Comité Regional de Cambio Climático (CORECC) —representadas por sindicatos y ONG’s— hicieron entrega de un documento formal a la Ministra del Medio Ambiente, María Heloísa Rojas Corradi, y a la Delegación Presidencial Regional, exigiendo la reactivación inmediata del CORECC y el cumplimiento estricto de las obligaciones que establece la Ley Marco de Cambio Climático (Ley N°21.455) y su reglamento (D.S. N°15 del Ministerio del Medio Ambiente).
El CORECC, presidido por el Gobernador Regional José Miguel Carvajal y conformado por ministerios, municipios, universidades, sociedad civil, sindicatos y ONG’s, es la instancia oficial encargada de planificar la acción climática regional. Su rol es elaborar la planificación estratégica anual, definir objetivos prioritarios frente al cambio climático, calendarizar sesiones y garantizar la participación vinculante de la ciudadanía en la implementación del Plan de Acción Regional de Cambio Climático (PARCC).
Paralización crítica desde marzo
Sin embargo, en Tarapacá este mecanismo institucional está paralizado desde marzo de 2025. Esta situación, denuncian las organizaciones, amenaza la planificación ambiental regional y erosiona la confianza ciudadana en la institucionalidad.
De hecho, solo se realizó una sesión, el 3 de marzo de 2025, donde se asumieron compromisos de seguimiento, financiamiento parcial del PARCC y priorización de zonas vulnerables. Tras ello, en junio, la Fundación Reverdesierto —representando a las ONG’s— envió una carta al Gobernador Regional José Miguel Carvajal Gallardo exigiendo respuestas. A la fecha, no se ha recibido contestación oficial ni se han implementado acciones mínimas de planificación.
Esto significa, en palabras de las organizaciones, que no existe cronograma de trabajo, no se han fijado objetivos climáticos para 2025, no hay información sobre las Mesas Territoriales de Acción Climática y la sociedad civil está marginada de su rol vinculante en la gobernanza climática.
Riesgo de una cuenta pública vacía
El escenario se vuelve más grave considerando que, en octubre, el CORECC debe rendir su Cuenta Pública anual, según el artículo 57 del D.S. N°15. Con más de seis meses de inactividad, el riesgo es que este hito se reduzca a un mero trámite, vacío de avances, debilitando la legitimidad del comité y la gobernanza climática de la región.
La ciudadanía es la principal afectada:
- Comunidades rurales y pueblos originarios enfrentan el avance de la desertificación y la falta de agua.
- Zonas costeras sufren erosión y el riesgo de aumento del nivel del mar.
- Trabajadores y sindicatos carecen de una hoja de ruta para una transición justa en territorios de sacrificio.
- Organizaciones comunitarias se ven sin espacios reales para incidir en políticas que afectan su vida diaria.
La consecuencia inmediata es una frustración social creciente y la percepción de que la participación climática es solo simbólica.
Datos que confirman la urgencia
Las advertencias se respaldan con cifras oficiales: el 23% del territorio nacional presenta desertificación y un 53% se encuentra bajo condición de sequía, de acuerdo con CONAF. Además, la Dirección Meteorológica de Chile registra un aumento sostenido de la temperatura de 0,16 °C por década desde 1961, lo que significa un alza cercana a 1,6 °C en los últimos 60 años. Tarapacá, con sus comunidades costeras y altiplánicas, vive estas cifras como una realidad diaria: agua escasa, suelos degradados y fenómenos climáticos extremos cada vez más frecuentes.
Un problema político nacional
Las organizaciones subrayan que la crisis de Tarapacá podría repetirse en otras regiones del país, comprometiendo la implementación de los Planes de Acción Regional de Cambio Climático (PARCC) y debilitando la posición internacional de Chile ante el Acuerdo de París y las conferencias climáticas de la ONU. “Esto no es un problema local: es un riesgo para la política climática nacional y para la credibilidad de Chile en el mundo”, recalcaron.
Demandas y acciones anunciadas
Entre las exigencias planteadas destacan:
- Elaboración inmediata de la planificación estratégica anual del CORECC.
- Publicación oficial del calendario de sesiones ordinarias.
- Respuesta formal a los compromisos asumidos en el acta del 3 de marzo.
- Transparencia respecto al estado de las Mesas Territoriales de Acción Climática.
- Extensión del mandato de los representantes de la sociedad civil, cuya labor ha sido interrumpida por la inactividad del comité.
Asimismo, advirtieron que, si no obtienen respuestas en los plazos legales, recurrirán a la Contraloría General de la República, al Consejo para la Transparencia, al Congreso Nacional y, eventualmente, a organismos internacionales de derechos ambientales.
Voces de la sociedad civil
La firma del documento fue encabezada por Paula Castillo Yáñez, representante de las ONG’s de la sociedad civil en el CORECC, y por Luis Benavides Taucare, representante de los sindicatos en el mismo comité, quienes advirtieron que la paralización del organismo no solo implica un incumplimiento legal, sino que además pone en jaque la credibilidad de los compromisos climáticos y vulnera el derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
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