El Primer Tribunal Ambiental emitió una histórica sentencia con fecha 5 de septiembre de 2025 que condena al Estado de Chile a diseñar y presentar un Plan de Reparación Ambiental luego de que se acreditara un grave daño en los sectores Pampa Norte, Pampa Sur, Mollecita Norte y Mollecita Sur, ubicados en la comuna de Alto Hospicio, Región de Tarapacá. La resolución, que tiene un plazo de cumplimiento de seis meses, representa un precedente relevante en la jurisprudencia ambiental chilena, al establecer la responsabilidad del Estado por omisión y falta de servicio en la gestión de residuos y la prevención de vertederos ilegales.
El Tribunal determinó que la acumulación masiva de residuos textiles, neumáticos, escombros y desechos de distinta naturaleza, que por más de una década han contaminado extensas zonas del Desierto de Atacama, constituye un daño ambiental significativo. Este impacto afecta principalmente los componentes de suelo y paisaje, según lo establecido en la Ley N° 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente.
Durante el proceso judicial se valoraron informes técnicos, inspecciones en terreno y pruebas documentales, los cuales demostraron que la magnitud y permanencia de estos vertederos clandestinos superan el umbral de un problema local o pasajero. Se constató la existencia de decenas de miles de toneladas de ropa usada y otros desechos, los cuales han alterado el entorno natural y afectado la capacidad ecosistémica del suelo, generando contaminación y riesgo ambiental.
El ministro titular en ciencias, Marcelo Hernández Rojas, redactor de la sentencia, explicó que el fallo se fundamenta en un análisis exhaustivo: “Analizados y ponderados los antecedentes, resulta que efectivamente existe un daño ambiental significativo en suelo y paisaje. Estando acreditado dicho daño, se condena al Fisco de Chile a repararlo materialmente mediante un plan de reparación, cuyas medidas específicas están detalladas en la sentencia y que deberá ser presentado al Tribunal en un plazo máximo de seis meses”.
En cuanto a la responsabilidad municipal, el fallo determinó que no existió falta de servicio por parte de la Municipalidad de Alto Hospicio. El Tribunal reconoció que, si bien las acciones realizadas por el municipio han sido insuficientes para revertir el problema estructural, se comprobó la existencia de gestiones materiales concretas y directas, como programas de reducción y manejo de residuos. Estas acciones no alcanzaron la omisión grave necesaria para atribuir una responsabilidad jurídica, por lo que la demanda en su contra fue rechazada.
La decisión judicial se basó en la magnitud, extensión y permanencia del daño, así como en el riesgo ambiental y social asociado a estos vertederos. Entre los hallazgos más relevantes se incluyen la acumulación masiva de ropa usada en algunos puntos, como el sector denominado La Pampa, donde se identificaron hasta 30.000 toneladas de residuos textiles en un área aproximada de 300 hectáreas; el foco en el sector Esmeralda, que concentra aproximadamente 10 hectáreas de desechos acumulados, principalmente ropa y neumáticos; los efectos en la salud y calidad de vida de la población, con la quema espontánea de residuos y la generación de gases tóxicos que han provocado incendios recurrentes, además de plagas y malos olores que afectan a comunidades cercanas; y la degradación del paisaje, destacando la alteración notoria del entorno natural del Desierto de Atacama, donde la basura visible desde grandes distancias ha transformado radicalmente la identidad visual de la zona.
El Estado de Chile deberá presentar ante el Tribunal un Plan de Reparación Ambiental que contenga medidas detalladas para revertir el daño. Este plan incluirá fases específicas, entre ellas un diagnóstico ambiental integral, con levantamiento de la línea base de los sitios afectados para caracterizar el nivel de daño en suelo, paisaje y otros componentes, así como la definición de objetivos claros y medibles para la limpieza y recuperación.
Se contempla además el retiro y disposición segura de residuos, mediante la extracción progresiva de la ropa usada, neumáticos y otros desechos, su transporte a instalaciones certificadas de tratamiento y disposición final, y el establecimiento de metas verificables en recolección y valorización de residuos textiles.
El plan también incluirá la restauración de suelos y la recuperación del paisaje a través de técnicas de remediación para devolver al suelo su funcionalidad ecológica, así como revegetación y reconstrucción paisajística con especies nativas adaptadas al ecosistema desértico.
Otra medida clave será la prevención de nuevos vertederos ilegales, lo que implicará la delimitación y aislamiento físico de las áreas saneadas, control de accesos y vigilancia permanente, además de programas educativos dirigidos a la comunidad de Alto Hospicio e Iquique, enfocados en la gestión responsable de residuos y la economía circular.
Para garantizar el cumplimiento, se creará un sistema de gobernanza y fiscalización multisectorial, mediante un comité interinstitucional encargado de coordinar la implementación y fiscalizar de manera constante el avance de las acciones.
Asimismo, el plan deberá incluir mecanismos de participación ciudadana y transparencia, de modo que vecinos y organizaciones puedan supervisar el progreso y acceder a informes públicos periódicos sobre las metas alcanzadas.
La acción judicial fue iniciada en marzo de 2022 por la abogada Paulin Silva Heredia, quien demandó por daño ambiental tanto al Consejo de Defensa del Estado como a la Municipalidad de Alto Hospicio. En la demanda se denunció la existencia de vertederos ilegales desde 2012 en terrenos fiscales, con dos focos principales: La Pampa, con 30.000 toneladas en un área de 300 hectáreas, y Esmeralda, con 10 hectáreas de acumulación de residuos.
Silva Heredia argumentó que la falta de intervención estatal permitió la expansión del problema, generando un grave daño ecológico y social. Además, destacó los impactos negativos en la salud pública y el bienestar de las comunidades colindantes.
El Tribunal realizó dos inspecciones judiciales en terreno, que resultaron decisivas para comprobar la magnitud del problema y la urgencia de medidas correctivas.
La sentencia fue emitida con voto dividido. La ministra Sandra Álvarez estuvo por rechazar la demanda en su totalidad, argumentando que la parte demandante carecía de legitimación activa y no aportó pruebas suficientes que acreditaran los hechos imputados al Estado.
El ministro Marcelo Hernández incluyó una observación respecto a la necesidad de contar con un análisis de significancia basado en metodología multicriterio, para precisar con mayor detalle el alcance del daño ambiental.
Esta sentencia tiene un alto impacto para la Región de Tarapacá y para Chile en general, ya que visibiliza una problemática global: la gestión inadecuada de residuos textiles, especialmente los provenientes de ropa usada importada. Alto Hospicio ha sido señalado en medios internacionales como uno de los mayores “cementerios de ropa del mundo”, fenómeno vinculado al comercio informal y la falta de regulación aduanera.
La obligación impuesta al Estado de presentar un plan de reparación no solo busca revertir el daño existente, sino también prevenir la repetición de estas prácticas, fortaleciendo la gobernanza ambiental y la protección del ecosistema del Desierto de Atacama.
La causa, identificada como D-14-2024, marca un precedente legal histórico en materia ambiental. El fallo reconoce la responsabilidad del Estado en la omisión de sus deberes de fiscalización y prevención, estableciendo una hoja de ruta para la reparación del daño causado por los vertederos ilegales.
En los próximos seis meses, la atención se centrará en la presentación y aprobación del Plan de Reparación, cuyo diseño y ejecución serán clave para determinar si es posible recuperar los suelos degradados y restaurar el paisaje natural de Alto Hospicio. Este proceso será observado de cerca por la comunidad local, organizaciones medioambientales y medios internacionales, que ven en este caso un ejemplo de cómo las instituciones pueden enfrentar los desafíos del desarrollo sostenible y la justicia ambiental.
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