Durante la mañana y mediodía de este martes, la Policía de Investigaciones (PDI), bajo instrucción de la Fiscalía Regional de O’Higgins, llevó a cabo allanamientos simultáneos en distintas dependencias de Codelco y del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), en el marco de la investigación por el derrumbe ocurrido el pasado 31 de julio en la División El Teniente, que provocó la muerte de seis trabajadores y dejó a otros nueve heridos.
Las diligencias se realizaron en las oficinas de la Casa Matriz de Codelco en Santiago, en la División El Teniente en Rancagua y en dependencias ubicadas en el sector de Colón, camino a la mina. Asimismo, se efectuaron procedimientos en oficinas de Sernageomin en la Región de O’Higgins.
Según la orden emanada del Juzgado de Garantía de Rancagua, el operativo tuvo por objetivo recopilar información complementaria sobre las causas del accidente, así como antecedentes técnicos, documentos y dispositivos electrónicos que permitan establecer posibles responsabilidades tanto de la estatal como de las empresas contratistas involucradas.
El fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, encabezó las actuaciones en terreno, junto a seis fiscales y cerca de 120 detectives de distintas brigadas, entre ellas la Brigada de Homicidios y la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medioambiente (Bidema). El procedimiento se extendió a cuatro regiones del país, en coordinación con el Ministerio Público.
Entre las empresas contratistas investigadas figuran Salfa Montajes y Gardilcic, cuyos contratos fueron suspendidos por Codelco tras el siniestro. La estatal, además, encargó una auditoría internacional independiente para esclarecer las causas del derrumbe y ha señalado que continuará colaborando activamente con las autoridades, facilitando toda la información requerida.
Desde la llegada de los funcionarios policiales, personal de Codelco brindó las facilidades necesarias para el desarrollo de las diligencias, manteniendo la disposición de colaboración que -según la empresa- ha sido constante desde el inicio de la investigación.
El Ministerio Público indicó que las pesquisas buscan determinar si existieron advertencias previas sobre fallas estructurales o deficiencias en las medidas de seguridad. Algunos antecedentes apuntan a denuncias formuladas por trabajadores desde 2023, en las que se habrían reportado presiones laborales y riesgos operacionales no resueltos.
La Fiscalía continuará con la recopilación de antecedentes y el análisis de la información incautada en los próximos días, en un proceso que busca establecer las eventuales responsabilidades penales en uno de los accidentes mineros más graves ocurridos en la última década en Chile.
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