
He escuchado con atención los debates recientes sobre seguridad, migración y delincuencia en Chile. Es evidente que el tema ha captado la preocupación ciudadana, y no es para menos. Las cifras, los testimonios y los hechos visibles en las calles hacen que muchos chilenos asocien la delincuencia con la llegada masiva de extranjeros, especialmente en los últimos años. Sin embargo, como periodista y observador social, creo que es necesario analizar este fenómeno sin caer en simplificaciones ni prejuicios.
Durante el debate más reciente, la exalcaldesa Evelyn Matthei afirmó que en el país existen 16 grupos criminales de origen extranjero, información que atribuyó a la Fiscalía Nacional. Tras revisar los antecedentes disponibles, efectivamente, la Fiscalía informó hace algunos meses sobre la presencia de 16 organizaciones criminales compuestas por ciudadanos extranjeros o con liderazgo extranjero, entre ellas algunas de origen venezolano, colombiano y peruano. Estas agrupaciones estarían relacionadas con delitos como el tráfico de drogas, trata de personas, extorsión y homicidios.
Para dimensionar el fenómeno: la población extranjera en Chile representa ya cerca del 9,6 % del total nacional. De ellos, casi uno de cada seis -alrededor del 17,6 %- estaría en situación migratoria irregular. En cuanto a la delincuencia, entre enero de 2022 y marzo de 2023, aproximadamente el 9,2 % de las personas formalizadas por delitos era extranjera. Esto significa que cerca del 90 % de quienes delinquen en el país son chilenos. Por su parte, los hogares víctimas de delitos violentos alcanzaron al 8,5 % en 2024, y el 87,7 % de la población siente que la delincuencia ha aumentado en el país. En cuanto a la percepción, un 60 % de las personas atribuye la delincuencia al fenómeno de la inmigración irregular.
Estos datos permiten ver con mayor claridad que la participación de extranjeros en la criminalidad es minoritaria si se compara con la proporción de chilenos involucrados en delitos. Sin embargo, los casos de bandas internacionales o de crimen organizado transnacional tienen un alto impacto mediático y generan una sensación de inseguridad mucho mayor que la que reflejan las cifras reales.
Por eso, aunque es legítimo preocuparse por la delincuencia extranjera, también es necesario reconocer que el grueso de los delitos en Chile sigue siendo cometido por nacionales. Lo preocupante no es tanto el origen del delincuente, sino la falta de respuesta estructural frente al fenómeno delictual en general.
Culpabilizar a toda una población por los delitos de unos pocos no solo es injusto, sino peligroso. Ese tipo de discursos puede derivar en xenofobia y violencia social, afectando la convivencia y debilitando los lazos humanos que tanto necesita el país. Lo que debemos exigir como ciudadanos es un Estado firme, con fronteras seguras, una justicia eficaz y una política migratoria ordenada, que diferencie con claridad entre el migrante que aporta y el delincuente que destruye.
La delincuencia, lamentablemente, se ha infiltrado en los poros del sistema, y no distingue pasaportes. Chilenos y extranjeros participan en redes criminales; la diferencia está en la oportunidad, no en la nacionalidad. Por eso, el verdadero desafío no está en señalar con el dedo al migrante, sino en fortalecer los valores, la educación y el sentido de comunidad. Porque si algo tengo claro después de tantos años observando los procesos sociales de nuestro continente, es que la violencia siempre crece donde la esperanza falta.
La migración no es el problema. El problema es la falta de orden, planificación y humanidad con que se ha gestionado. Mientras sigamos discutiendo si el culpable es el que viene de fuera o el que nació aquí, los verdaderos responsables -los que lucran con el miedo y la desprotección- seguirán operando impunemente.
Juan Carlos Hernández Caycho
Periodista, comunicador social, gestor cultural y vocero de la AMA


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