El silencio también tiene consecuencias: La Federación de Estudiantes llama a fortalecer la protección en la UNAP

Cuando un estudiante decide denunciar, espera ser escuchado, protegido y obtener una respuesta oportuna. Sin embargo, la percepción de demora, burocracia e impunidad preocupa a parte de la comunidad estudiantil. En esta entrevista, Máximo Javier Sierralta Soto, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Arturo Prat, analiza las debilidades del sistema de denuncias y formula un llamado a fortalecer la protección, la mediación y los espacios seguros dentro de la educación superior.

Las instituciones de educación superior tienen la responsabilidad de formar profesionales, pero también de garantizar ambientes donde prevalezcan el respeto, la seguridad y la confianza. Cuando quienes integran la comunidad universitaria perciben que los procesos de denuncia son lentos, complejos o insuficientes, la preocupación trasciende los casos individuales y se convierte en un desafío institucional.

En esta entrevista exclusiva para Diario El Nortino, Máximo Javier Sierralta Soto, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Arturo Prat, expone la visión del estudiantado sobre el funcionamiento de los mecanismos de denuncia, las dificultades que enfrentan quienes buscan justicia y la necesidad de fortalecer la protección, la mediación y la respuesta oportuna dentro de la universidad. Sus declaraciones invitan a reflexionar sobre un tema que no solo involucra a la UNAP, sino que también interpela a las instituciones de educación superior del país respecto del compromiso con una convivencia universitaria basada en la confianza, la dignidad y el respeto.

¿Qué fue lo que motivó a la Federación de Estudiantes a levantar la voz sobre las situaciones que se viven al interior de la universidad?

Nosotros contamos con el Reglamento 550, que es un reglamento triestamental y que nos entrega garantías reales de que las denuncias que llegan a la plataforma serán revisadas y no quedarán sin investigación.

En la Comisión de Denuncias, se revisa exclusivamente aquellas denuncias que no están relacionadas con la Ley N.º 21.043 (Ley Karin) ni con la Ley N.º 21.369 sobre violencia de género. Les corresponde abordar todo lo demás: maltrato académico, situaciones de violencia entre estudiantes, discriminación arbitraria y cualquier otra situación que no esté contemplada en esas normativas.

La existencia de la Comisión del Reglamento 550 nos da la seguridad de que las denuncias pueden seguir el proceso correspondiente, que aquellas que deban pasar a sumario lo hagan y que exista una respuesta oportuna frente a las situaciones que afectan a estudiantes y funcionarios. Esta plataforma está abierta tanto para funcionarios como para estudiantes y, además, con la aplicación de la Norma N.º 4 de campos clínicos, también está disponible para estudiantes que realizan prácticas en establecimientos de salud.

Cuando hablan de denuncias contra algunos docentes, ¿de qué tipo de situaciones están hablando y cuántos estudiantes se han acercado a ustedes buscando apoyo?

La mayor cantidad de denuncias tiene relación con el maltrato académico. Se trata de situaciones que ocurren dentro de la sala de clases: malos tratos por parte de profesores, malas actitudes y formas de dirigirse a los estudiantes que constituyen violencia.

También recibimos denuncias de docentes contra estudiantes y viceversa. Es decir, existen situaciones en ambos sentidos.

Más que recibir denuncias formales, muchas personas llegan primero buscando orientación. Nos preguntan cómo proceder, porque denunciar siempre es el último paso. Antes de eso, los estudiantes intentan resolver el problema mediante el diálogo, la conversación o la mediación. La denuncia aparece cuando todas las demás alternativas de solución se han agotado.

¿Qué creen ustedes que está fallando para que estos procesos no lleguen a una solución?

Creo que aquí también es importante hacer una autocrítica respecto de quienes denuncian. En muchas ocasiones se les solicitan antecedentes adicionales mediante correo electrónico y esas solicitudes no son respondidas. Eso retrasa el proceso, porque además de presentar la denuncia existe una etapa obligatoria de ratificación.

Muchos denunciantes no ratifican su denuncia y el procedimiento queda detenido.

Sin embargo, también existe una responsabilidad institucional. Es la universidad la que debería garantizar que cada denuncia siga un proceso adecuado. Hoy los plazos son excesivamente largos. Todavía se están resolviendo denuncias correspondientes a los años 2023 y 2024, mientras ya existen denuncias de 2025 y 2026.

Por eso, si el denunciante no insiste constantemente, es muy difícil que la institución avance, ya que existen numerosas causas pendientes.

¿Han tenido la oportunidad de reunirse con las autoridades de la universidad?

Sí. El diálogo con las autoridades es permanente. Tenemos la posibilidad de plantear nuestros requerimientos directamente a Rectoría, a la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE), a la Vicerrectoría Académica y a los distintos decanos.

El problema es que muchas de las decisiones no dependen de esas autoridades, sino de la Fiscalía Universitaria u otros estamentos. Para quienes denuncian o desean consultar sobre una causa, esos espacios son prácticamente inaccesibles.

Con frecuencia se argumenta que las denuncias son privadas y, amparándose en esa confidencialidad, no se entrega información. Finalmente, ni siquiera el propio denunciante recibe respuestas claras sobre el estado de su caso.

¿Cómo observa la Federación esta situación?

Para nosotros es una situación profundamente preocupante.

El estudiante o denunciante siente que existe impunidad. Percibe que la institución no hace lo suficiente para entregar una verdadera reparación a las víctimas.

Creo que hemos deshumanizado completamente el tratamiento de las denuncias. Todo se ha vuelto excesivamente burocrático y administrativo, perdiéndose la esencia que debería tener una plataforma de denuncias: entregar contención, reparación, respuestas y soluciones.

Lo que falta son recursos humanos especializados. No hablo necesariamente de recursos económicos, sino de profesionales capacitados. La universidad no cuenta con especialistas en mediación, por ejemplo. Muchas situaciones podrían resolverse mediante procesos de mediación adecuados o con apoyo psicológico especializado. Hoy esos profesionales simplemente no existen dentro de la institución.

¿Qué les diría a los estudiantes que han vivido situaciones similares, pero que aún no se atreven a denunciar?

Lo primero que les diría es que no están solos.

La Federación está para apoyarlos. Siempre pueden acercarse a nosotros. Vamos a levantar sus requerimientos, canalizarlos y luchar para que exista una respuesta clara y oportuna.

También insistiremos en que se aplique el principio de celeridad, que debería ser una característica permanente de una institución pública. Sabemos que muchas veces la burocracia y los plazos terminan afectando gravemente a quienes denuncian.

Una denuncia representa el último recurso. Se presenta cuando la persona ya se siente sobrepasada y comprende que el problema no puede resolverse por otra vía.

Yo mismo he denunciado. Por eso también he sentido la impunidad dentro de la institución. Siento que muchas veces las cosas no se hacen como deberían hacerse, que los procesos se dilatan y que siempre se termina justificando todo en procedimientos administrativos.

La universidad tiene el deber de entregar garantías y generar espacios seguros. No es aceptable que existan problemas entre estudiantes o con quienes tienen la responsabilidad de formarlos.

Cuando existen situaciones de vulneración que involucran a estudiantes o académicos, la institución debe responder oportunamente, entregar medidas de protección, medidas de reparación y brindar garantías tanto al estudiante como a cualquier víctima, sea docente o estudiante. Ese debería ser el verdadero rol de la universidad.

¿Qué esperan que ocurra a partir de esta entrevista y cuál es el llamado que hacen tanto a las autoridades universitarias como a la comunidad de la UNAP?

Esperamos que realmente se aplique el principio de celeridad y que las denuncias sean tomadas en serio.

Lo más importante es que existan respuestas.

Tenemos una alta cantidad de estudiantes que presentaron denuncias durante su permanencia en la universidad y nunca obtuvieron una respuesta. Muchas causas terminan cerrándose simplemente porque la persona dejó de pertenecer a la institución o porque el docente o el estudiante involucrado ya no forma parte de ella. Entonces los casos quedan inconclusos y nunca se persevera en ellos.

La universidad debe entregar garantías, protección y espacios seguros.

Hago un llamado a la Rectoría y a todas las autoridades universitarias para que presten verdadera atención a las denuncias y a las situaciones que están ocurriendo dentro de la institución.

Hoy la universidad se ha transformado en un espacio inseguro. Y no me refiero únicamente a la inseguridad del entorno o a los asaltos en sus alrededores. Hablo de la inseguridad dentro de la propia universidad: problemas internos, robos, situaciones de microtráfico, consumo problemático de drogas, hechos de violencia dentro de los espacios universitarios, violencia de género y acciones destinadas a dañar la reputación y la dignidad de otras personas mediante rayados o funas.

Incluso existen estudiantes que han decidido abandonar la universidad por miedo a otros estudiantes, porque sienten que la institución no les entrega respuestas ni les ofrece condiciones mínimas de seguridad.

Eso no debería ocurrir. La universidad tiene la responsabilidad de garantizar espacios seguros y de responder de manera efectiva a quienes presentan una denuncia.

La confianza en una institución no se construye únicamente mediante reglamentos, sino también a través de respuestas oportunas, transparencia y la certeza de que cada denuncia será tratada con la seriedad que merece. Las reflexiones planteadas por la Federación de Estudiantes invitan a abrir un diálogo que trasciende a la Universidad Arturo Prat y alcanza a todas las instituciones de educación superior: garantizar espacios seguros, fortalecer la mediación y asegurar procesos eficaces constituye un compromiso permanente con la dignidad, la convivencia y la formación integral de las personas.

Toda institución que aspira a la excelencia también debe estar dispuesta a escuchar las inquietudes de su propia comunidad. La reflexión, el diálogo y la mejora continua constituyen pilares fundamentales para fortalecer la confianza y la convivencia universitaria.