La pregunta incómoda: ¿cuántas firmas “truchas” conocemos?
En Chile, firmar para patrocinar un candidato independiente o para afiliarse a un partido político no es un gesto menor: es un acto jurídico que abre la puerta a candidaturas, financiamiento y presencia en la papeleta. Sobre ese gesto se ha construido una zona gris que, con el tiempo, ha dejado un rastro persistente de denuncias por firmas falsas, “militantes fantasmas” y notarios sancionados.
No existe una cifra única que resuma todos los casos desde 2001 a la fecha. Ni el Servicio Electoral (Servel) ni el Ministerio Público llevan un conteo consolidado y público de todos los casos de firmas fraudulentas en apoyo a candidaturas o afiliaciones. Pero sí existen antecedentes dispersos que permiten aproximar la magnitud del fenómeno:
- En 2013, tras las primarias, el Servel informó que 3.060 personas pidieron formalmente desafiliarse de partidos políticos luego de denunciar inscripciones que no recordaban haber autorizado.
- En 2017, el Servel recibió 882 reclamos por afiliaciones irregulares; en 30 casos, las personas declararon que la firma no correspondía a la suya.
- Ese mismo año, 135 casos de afiliaciones involuntarias fueron remitidos a la Fiscalía como posibles delitos de suplantación de identidad.
- En 2021, el Servel registró más de 2.700 denuncias por afiliaciones involuntarias a partidos políticos en el contexto del proceso constituyente y las elecciones posteriores.
A ello se suman casos emblemáticos ligados a candidaturas presidenciales independientes, donde no solo se cuestionó el rol de partidos políticos, sino la autenticidad de los patrocinios que permiten levantar candidaturas.
El caso de 2013: Parisi, Jocelyn-Holt y los notarios removidos
Uno de los episodios más relevantes ocurrió en la elección presidencial de 2013, cuando las candidaturas independientes de Franco Parisi y Tomás Jocelyn-Holt fueron observadas por presuntas irregularidades en la certificación de firmas.
Un año después, en 2014, una comisión investigadora de la Cámara de Diputados revisó el proceso de recolección de patrocinios. En una muestra de 100 firmas (50 por cada candidato) se detectó que 5 de las firmas de Franco Parisi y 20 de las de Tomás Jocelyn-Holt presentaban irregularidades o no cumplían los requisitos legales. Eso equivale al 10% y 40% de la muestra, respectivamente.
La comisión señaló que la problemática no se circunscribía a un comando específico, sino a un déficit estructural en la certificación de firmas, apuntando directamente al rol de los notarios involucrados.
Sanciones aplicadas a notarios
La responsabilidad penal recayó en los ministros de fe que validaron las firmas sin presencia de los patrocinantes:
- En 2016, la Fiscalía Centro Norte logró condenas contra los notarios María Gloria Acharán Toledo y Roberto Mosquera Gallegos, ambos sancionados por infringir el artículo 129 de la Ley 18.700, que sanciona autorizar firmas sin exigencia de comparecencia personal.
- Cada uno recibió 540 días de reclusión con remisión condicional. La sentencia estableció, por ejemplo, que la notaria Acharán autorizó 19.600 firmas en un solo día, de las cuales al menos 380 resultaron falsas, incluidas firmas de personas fallecidas.
- En 2015, la Corte de Apelaciones de Santiago decretó la remoción de ambos notarios debido a irregularidades en la certificación de firmas vinculadas a las candidaturas presidenciales.
Este caso es, hasta hoy, el más completo en términos de sanciones administrativas, disciplinarias y penales.
“Militantes fantasmas”: el otro rostro del problema
En paralelo a las candidaturas presidenciales, surgió otro fenómeno: las afiliaciones fraudulentas o involuntarias a partidos políticos. Desde 2013, miles de personas se enteraron -muchas veces al acudir a votar- de que figuraban como militantes de partidos en los que nunca se habían inscrito.
Los antecedentes más relevantes son los siguientes:
- Entre el 10 y 28 de junio de 2013, 3.060 personas solicitaron al Servel su desafiliación alegando inscripción sin consentimiento.
- En 2017, el Servel detectó que militantes de al menos 12 partidos desconocían haber firmado su ingreso, entre ellos UDI, PS, PC, DC, PR, Revolución Democrática, PRO, PRI, Ecologista Verde, Humanista, MAS y Andha Chile.
- Ese mismo año, 30 casos fueron considerados graves por posible suplantación de identidad y fueron derivados a la Fiscalía.
- Diversos reportajes registraron testimonios de personas que firmaron peticiones ciudadanas o ambientales y luego aparecieron inscritas en partidos políticos sin su autorización.
En 2021, más de 2.700 denuncias por afiliaciones involuntarias mostraron que el fenómeno no se reducía a un problema del pasado, sino que persistía incluso después de reformas legales orientadas a transparentar padrones.
2021: El caso Diego Ancalao y el notario fallecido
El episodio más reciente y mediático se registró en 2021 con la fallida candidatura presidencial de Diego Ancalao, respaldado por un sector de la Lista del Pueblo.
El 26 de agosto de ese año, el Servel rechazó su postulación tras verificar que 23.135 de los 23.161 patrocinios en papel aparecían certificados por el notario Patricio Zaldívar Mackenna, quien había dejado de ejercer en 2018 y falleció en 2020.
El Servel presentó una denuncia ante la Fiscalía, que abrió una investigación por delitos electorales, falsificación y uso malicioso de instrumento público y suplantación de identidad.
En diciembre de 2023, la investigación derivó en la detención y formalización de varios colaboradores cercanos al comando de Ancalao. La causa continúa en curso, y como establece el Código Procesal Penal, los imputados mantienen la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.
Este caso evidenció el extremo de la vulnerabilidad del sistema: patrocinios masivos atribuidos a un ministro de fe fallecido al momento de supuestamente certificar las firmas.
¿Qué dice la ley y qué sanciones existen?
La ley distingue claramente la responsabilidad de los ministros de fe y de quienes presentan patrocinios falsos.
- Responsabilidad del ministro de fe
El artículo 129 de la Ley 18.700 establece pena de reclusión menor a quien autorice firmas sin comparecencia personal del elector. Esta disposición fue clave en las condenas contra los notarios Acharán y Mosquera. - Responsabilidad penal por falsificación
Cuando se falsifican firmas o se utilizan datos de personas fallecidas, se configuran delitos como falsificación de instrumento público y usurpación de identidad, sancionados por el Código Penal.
Esta línea jurídica es la que se sigue en la causa vinculada al comando de Ancalao. - Sanciones administrativas
El Servel puede anular afiliaciones fraudulentas, aplicar multas y remitir antecedentes al Ministerio Público.
El número de condenas es reducido en comparación con el volumen de denuncias, pero deja claro que existen instrumentos jurídicos capaces de sancionar estas prácticas.
¿Qué tan extendido es este fenómeno?
Los antecedentes muestran que el fenómeno es reiterado y que ha afectado distintos procesos electorales, tanto en campañas de independientes como en la configuración de padrones partidarios. Sin embargo, no existe un catastro único que cuantifique su magnitud total.
La muestra analizada en 2013 por la comisión investigadora arroja porcentajes preocupantes, pero no extrapolables sin cautela. Las denuncias por afiliaciones involuntarias muestran que el problema también afecta a partidos establecidos y grandes colectivos políticos.
Vulnerabilidades estructurales del sistema
Entre los factores que favorecieron la aparición de firmas falsas destacan:
- Incentivos políticos que empujan a obtener altas cantidades de firmas en plazos breves.
- Procesos históricos basados en planillas impresas y certificación en papel.
- Delegación informal de funciones notariales en funcionarios no autorizados.
- Uso de bases de datos ciudadanas recolectadas para otros fines.
- Desconfianza pública tras múltiples escándalos y demoras en la modernización del sistema.
Las reformas recientes, como la digitalización de patrocinios mediante Clave Única, han reducido algunas vulnerabilidades, pero persisten denuncias y reclamos.
Medidas implementadas y desafíos pendientes
Entre las principales acciones adoptadas se encuentran:
- La depuración y refichaje de padrones partidarios tras la reforma de 2016.
- Plataformas digitales para revisar y denunciar afiliaciones involuntarias.
- Digitalización de patrocinios y procesos de inscripción de candidaturas.
- Investigaciones penales y sanciones administrativas a notarios y colaboradores cuando corresponde.
- Publicación y fiscalización más estricta de padrones de afiliados.
Pese a ello, las denuncias recientes indican que el sistema aún requiere vigilancia y ajustes permanentes.
El contrato moral de la firma y el daño a la fe pública
Firmar para apoyar una candidatura o afiliarse a un partido político es un acto de voluntad que expresa adhesión pública. Cuando esa firma se utiliza sin consentimiento, no solo se vulnera la fe pública, sino también la libertad política del ciudadano.
La sucesión de casos -desde las irregularidades de 2013, pasando por los “militantes fantasmas”, hasta el caso Ancalao- pone de relieve que las prácticas cuestionables no se restringen a un color político ni a un periodo específico. Son parte de una debilidad estructural del sistema político chileno.
En sintesís: un desafío de largo aliento
Los casos documentados muestran que:
- Existen sanciones reales, incluyendo condenas penales y remoción de notarios.
- Las denuncias por afiliaciones fraudulentas y firmas cuestionadas siguen apareciendo.
- Miles de ciudadanos se han visto obligados a corregir un registro que nunca debió haberlos incluido.
La modernización del sistema electoral ha avanzado, pero la pregunta sigue abierta: ¿cuántas firmas que hoy respaldan partidos o candidaturas representan verdaderamente la voluntad de quienes aparecen firmando?.
Mientras persistan vacíos y malas prácticas, la confianza ciudadana seguirá en disputa. Y la firma, símbolo jurídico de la voluntad política individual, continuará siendo un punto crítico en la integridad de la democracia chilena.
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