La falla del sistema: Por qué el Estado no ha logrado detener la expansión de la extracción irregular de áridos en Tarapacá

La magnitud de la extracción no regulada de áridos detectada en la Región de Tarapacá plantea una pregunta inevitable: ¿cómo es posible que más de 150 faenas presuntamente irregulares hayan operado durante años sobre terrenos fiscales, afectando cerca de 970 hectáreas, sin que el sistema institucional lograra prevenir, detener o corregir esta situación? El diagnóstico técnico elaborado por la consultora GEACOM no solo expone un problema ambiental y económico, sino que revela una falla estructural en los mecanismos de control, fiscalización y coordinación del Estado.

La regulación de la extracción de áridos en Chile se encuentra fragmentada entre múltiples organismos. Dependiendo de la ubicación y características de la faena, intervienen municipalidades, el Ministerio de Bienes Nacionales, la Superintendencia del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, la Dirección General de Aguas, la Dirección de Obras Hidráulicas y, en ciertos casos, la Armada de Chile cuando se trata de bienes nacionales de uso público en zonas costeras. Esta dispersión de competencias genera vacíos que dificultan la fiscalización efectiva y permiten que actividades extractivas operen sin una supervisión integral.

En el ámbito municipal, muchas comunas carecen de ordenanzas específicas para la extracción de áridos o presentan normativas desactualizadas, con procedimientos dispares entre territorios vecinos. Esta situación provoca que una actividad rechazada en una comuna pueda desarrollarse sin mayores restricciones en otra. Además, las municipalidades no siempre cuentan con equipos técnicos suficientes para fiscalizar extensiones territoriales amplias, especialmente en zonas rurales o periurbanas, lo que reduce su capacidad de detección temprana.

Desde el nivel central, el Ministerio de Bienes Nacionales es responsable de autorizar el uso de terrenos fiscales, pero su capacidad de control en terreno es limitada frente a la extensión geográfica de Tarapacá. En muchos casos, la detección de ocupaciones irregulares depende de denuncias ciudadanas o de informes externos, lo que retrasa la respuesta institucional. Cuando estas denuncias se producen, los procesos administrativos suelen ser largos y complejos, permitiendo que las faenas continúen operando mientras se tramitan los antecedentes.

El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, concebido como una herramienta preventiva, enfrenta también limitaciones estructurales. El ingreso de un proyecto al SEIA depende, en gran medida, de la declaración voluntaria del titular o de la detección posterior por parte de la autoridad. En actividades como la extracción de áridos, que pueden expandirse gradualmente, es frecuente que los umbrales de superficie o volumen se superen sin que exista una evaluación formal. La ausencia de catastros dinámicos y de monitoreo satelital sistemático dificulta la detección oportuna de estas situaciones.

La Superintendencia del Medio Ambiente, encargada de fiscalizar el cumplimiento de resoluciones ambientales y sancionar infracciones, enfrenta una carga creciente de casos a nivel nacional. Si bien posee facultades para iniciar investigaciones de oficio, su capacidad operativa está condicionada por recursos humanos y técnicos limitados. En regiones extensas como Tarapacá, esto se traduce en tiempos prolongados de respuesta y en una fiscalización principalmente reactiva.

El diagnóstico técnico evidencia que, pese a las medidas impulsadas desde 2020 para reforzar el control de la extracción de áridos en terrenos fiscales -incluyendo catastros, fiscalizaciones y plataformas digitales- estas acciones no han sido suficientes para frenar la continuidad de actividades no reguladas. La persistencia del problema sugiere que el enfoque ha sido fragmentado y carente de una estrategia territorial integrada que articule a todos los organismos con competencia.

Desde una perspectiva política e institucional, esta situación plantea desafíos relevantes. La falta de coordinación intersectorial debilita la capacidad del Estado para proteger el patrimonio fiscal y el medioambiente. Asimismo, genera una percepción de desigualdad ante la ley, ya que empresas o personas que cumplen la normativa enfrentan costos y exigencias que otros eluden sin consecuencias inmediatas. Este escenario erosiona la confianza ciudadana en las instituciones y en la efectividad del marco regulatorio.

La ciudadanía ha manifestado que la continuidad de estas faenas no reguladas no puede explicarse únicamente por desconocimiento normativo. Para muchos habitantes, la ausencia de acciones visibles refuerza la idea de que existen zonas del territorio donde la fiscalización es insuficiente o inexistente. Esta percepción, independientemente de su origen, constituye un problema político que requiere respuestas claras y transparentes.

El caso de Tarapacá pone en evidencia la necesidad de revisar el modelo de gobernanza de los áridos a nivel nacional. Diversos expertos han señalado la urgencia de contar con una ley específica que unifique criterios, defina competencias claras y establezca mecanismos de control efectivos, incluyendo monitoreo satelital permanente y catastros públicos actualizados. Sin una reforma estructural, el riesgo es que situaciones similares continúen replicándose en otras regiones del país.

La expansión de la extracción irregular de áridos no es solo una consecuencia de acciones individuales, sino el reflejo de un sistema que no ha logrado adaptarse a la escala y complejidad del problema. Reconocer esta falla institucional es el primer paso para corregirla. La discusión que se abre a partir de estos antecedentes no solo interpela a los organismos fiscalizadores, sino también al poder legislativo, a los gobiernos regionales y a las autoridades políticas que tienen la responsabilidad de fortalecer el marco normativo y garantizar su cumplimiento.

Este artículo forma parte de la serie “La Crisis Oculta de los Áridos en Tarapacá”, cuyo propósito es ofrecer información rigurosa y comprensible para autoridades, especialistas y ciudadanía sobre un fenómeno que hoy afecta de manera directa al patrimonio público y al equilibrio ambiental de la región.