La iniciativa busca simplificar el régimen de patentes mineras, facilitar el acceso a beneficios para pequeños productores y entregar mayor certeza jurídica al sector.
Un importante avance en su tramitación legislativa registró el primer proyecto de ley en materia minera impulsado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, luego de que la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados aprobara en general la iniciativa que modifica el régimen de patentes mineras para concesiones de explotación.
El proyecto fue respaldado por ocho votos a favor y cinco abstenciones, permitiendo que continúe su primer trámite constitucional con calificación de suma urgencia. La comisión fijó además el próximo 7 de julio como plazo para la presentación de indicaciones, tras lo cual la propuesta será discutida en particular antes de pasar a la Comisión de Hacienda.
La iniciativa del Ejecutivo busca simplificar el sistema de postulación y pago de la patente minera rebajada, introduciendo modificaciones al Código de Minería destinadas a reducir la burocracia y otorgar mayor certeza jurídica a pequeños y medianos productores.
Entre las principales medidas se contempla la eliminación del incremento progresivo de las patentes, así como de los requisitos relacionados con el límite de 500 hectáreas, vínculos de parentesco y tipos societarios que actualmente restringen el acceso al beneficio para parte de la pequeña minería.
Asimismo, el proyecto incorpora una nueva causal de rebaja asociada a actividades de exploración minera, permitiendo que quienes cumplan las condiciones no deban realizar la postulación año tras año.
El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, destacó que la propuesta responde a una demanda histórica del sector y busca fortalecer especialmente a la pequeña minería, considerada una actividad estratégica para el desarrollo económico de las regiones.
«Este proyecto busca fortalecer especialmente una actividad que es fundamental para el desarrollo económico de las regiones, otorgando herramientas que flexibilizan el cumplimiento normativo de la pequeña minería, segmento que es tan relevante en el norte de Chile», afirmó.
La autoridad también valoró la rapidez con que la Comisión de Minería abordó la iniciativa y sostuvo que el proyecto forma parte de la estrategia del Gobierno para incentivar la inversión privada y recuperar el dinamismo del sector.
«Se trata de dar lo básico que requiere todo buen emprendedor: certezas e incentivos. Este proyecto está en el corazón del plan de gobierno porque está alineado con nuestro objetivo de pasar a ser un Estado facilitador de la iniciativa privada, dejando atrás años de obstrucción y retraso que han impedido el despliegue del potencial minero», señaló.
Por su parte, el subsecretario de Minería, Álvaro González, explicó que la propuesta se estructura sobre tres pilares fundamentales destinados a facilitar el desarrollo de la pequeña minería.
«Primero, facilitamos el acceso a la patente rebajada eliminando requisitos burocráticos de parentesco y tipos societarios que impedían a muchos pequeños mineros acceder a este beneficio. Segundo, eliminamos la patente progresiva para quienes aún no han podido desarrollar actividad. Y, en tercer lugar, ampliamos los beneficios, permitiendo que no solo el concesionario pueda postular, sino también los arrendatarios y quienes exploten legítimamente la mina», precisó.
La iniciativa fue ingresada al Congreso Nacional durante el mes de mayo y ha sido ampliamente valorada por organizaciones de pequeños y medianos productores, quienes consideran que las modificaciones permitirán reducir costos administrativos y entregar mayor estabilidad al desarrollo de sus proyectos.
De continuar su tramitación conforme al calendario legislativo, el proyecto avanzará a la Comisión de Hacienda tras su votación en particular, para posteriormente ser debatido por la Sala de la Cámara de Diputados.
De aprobarse definitivamente, la reforma establecerá un régimen de patentes mineras más simple, con reglas claras y causales de rebaja mejor definidas, fortaleciendo el marco jurídico para el desarrollo de la actividad minera y contribuyendo al crecimiento de uno de los sectores productivos más relevantes para la economía nacional.
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