¿Cuánto pierde Chile? La millonaria fuga de recursos por extracción no regulada de áridos

La extracción de áridos es una actividad esencial para la construcción de viviendas, obras públicas, caminos y proyectos de infraestructura. Sin embargo, cuando se realiza sin permisos, sin control estatal y fuera de los marcos normativos, se transforma en una fuente significativa de daño ambiental, deterioro territorial y pérdida económica directa para el Estado y las comunidades.

En la Región de Tarapacá, un diagnóstico técnico elaborado por la consultora GEACOM reveló que más de 150 faenas presuntamente irregulares operan en aproximadamente 970 hectáreas de terrenos fiscales. Estas actividades removerían material sin autorización, sin evaluación ambiental y sin pago por uso de bienes nacionales, lo que constituye una fuga económica de alto impacto para el país.

El informe estima que el volumen de áridos extraído en sectores como Punta Patache, Copaquiri, Sagasca y Alto Hospicio supera ampliamente varios millones de metros cúbicos. A partir del valor comercial promedio del árido en la región -entre 0,0025 y 0,0040 UF por kilo, según tarifas regionales y costos industriales- se calcula una valorización total cercana a 14.684.591 UF. Dependiendo del valor diario de la UF, esta cifra supera los 570 mil millones de pesos, situándose entre los perjuicios patrimoniales más significativos registrados en Tarapacá respecto a la explotación no regulada de recursos fiscales.

Más allá de la cifra, el impacto económico puede compararse con inversiones concretas: la suma estimada permitiría construir más de cuarenta colegios nuevos, financiar una treintena de centros de salud comunitarios o sostener durante años el presupuesto completo de varias municipalidades pequeñas de la región. La pérdida, por lo tanto, no es abstracta: representa menos infraestructura, menos servicios públicos y menos desarrollo territorial para la población.

La fuga económica se genera por múltiples factores. En primer lugar, el Estado no recibe ningún tipo de pago por el uso de terrenos fiscales, lo que constituye un detrimento directo al patrimonio público. En segundo lugar, las municipalidades no perciben patentes ni permisos básicos que cualquier actividad formal debería obtener. Además, al no existir formalización ni registros tributarios, no se generan impuestos asociados a la actividad productiva, como IVA o renta. Finalmente, no hay inversión en mitigación ni en restauración ambiental, lo que implica que cualquier reparación del daño territorial podría recaer en financiamiento estatal.

El estudio identifica cuatro comunas con impactos particularmente relevantes. En Punta Patache, en la comuna de Iquique, se estiman 5,4 millones de metros cúbicos de material removido en un área ambientalmente sensible. En Copaquiri, comuna de Pica, el volumen supera los 7,2 millones de metros cúbicos en terrenos fiscales. En Sagasca, Pozo Almonte, la intervención abarca 446 hectáreas sin registro de permisos sectoriales, con afecciones al suelo, a cauces naturales y aumento del riesgo de aluviones que podrían impactar incluso a la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal. En Alto Hospicio, las 274 hectáreas intervenidas se encuentran a poca distancia de zonas urbanas, incrementando riesgos viales, logísticos y sanitarios.

Desde el punto de vista normativo, diversas leyes son aplicables a este caso. La Ley de Bienes Nacionales exige autorización para intervenir terrenos fiscales. La Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente obliga al ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental cuando las faenas superan límites de superficie o volumen. La Ley 21.595 de Delitos Económicos y Ambientales establece sanciones penales y administrativas para personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades con daño ambiental o que utilicen bienes fiscales de manera irregular. El Código Penal, por su parte, contempla el delito de uso indebido de bienes nacionales.

La ciudadanía ha manifestado preocupación por el impacto que estas actividades generan en la vida diaria. Vecinos de distintas zonas señalan que las faenas operan sin señalización, con tránsito constante de camiones, polvo en suspensión, ruido y deterioro de caminos, sin presencia fiscalizadora municipal o sectorial. Lo que más inquieta a los habitantes es que el Estado está perdiendo recursos que podrían destinarse a salud, educación, vivienda o programas sociales esenciales.

Frente a esta situación, la comunidad solicita que se verifique formalmente la existencia o ausencia de permisos sectoriales, que se determine qué proyectos debieron ingresar al SEIA, que se inicien procesos administrativos o judiciales cuando corresponda y que se elaboren catastros actualizados para impedir nuevas afectaciones. Asimismo, se pide que las autoridades transparenten la magnitud económica real de estas pérdidas y definan medidas urgentes de fiscalización.

La extracción irregular de áridos en Tarapacá revela un problema de dimensión nacional: no solo implica daño ambiental, sino también una reducción significativa en la capacidad del Estado para financiar bienestar, infraestructura y desarrollo territorial. La cifra estimada, superior a los 14 millones de UF, transforma este caso en una alerta estructural para el país.

• Este artículo forma parte de la serie “La Crisis Oculta de los Áridos en Tarapacá”, cuyo propósito es ofrecer información rigurosa y comprensible para autoridades, especialistas y ciudadanía sobre un fenómeno que hoy afecta de manera directa al patrimonio público y al equilibrio ambiental de la región.