La Región de Tarapacá enfrenta uno de los escenarios ambientales más graves de la última década: más de 150 faenas de extracción de áridos presuntamente no regularizadas, distribuidas entre Iquique, Alto Hospicio, Pica y Pozo Almonte, operan sobre aproximadamente 970 hectáreas de terrenos fiscales, removiendo millones de metros cúbicos de material y configurando un daño de gran magnitud para el patrimonio del Estado.
Los antecedentes provienen de un diagnóstico técnico elaborado por la consultora GEACOM, cuyo equipo realizó un levantamiento especializado mediante análisis geoespacial, comparación cartográfica, revisión normativa, estudios por comuna y verificación de permisos a través de solicitudes por Ley de Transparencia a distintos organismos públicos.
La información fue presentada junto a una denuncia ciudadana respaldada con mapas, delimitaciones geográficas, estimación de superficies y registros satelitales, cuyos responsables solicitaron mantener su identidad protegida.
Un daño ambiental, económico y territorial de gran alcance
El diagnóstico identifica que estas actividades —muchas de ellas activas desde años recientes— podrían involucrar:
- Elusión del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
- Uso no autorizado de terrenos fiscales.
- Ausencia de permisos sectoriales y municipales.
- Impactos ambientales continuos sin medidas de mitigación, restauración o cierre.
El análisis sugiere que parte de las faenas habrían superado los umbrales establecidos por la legislación vigente:
- más de 5 hectáreas intervenidas, o
- más de 100.000 m³ extraídos,
lo cual implica ingreso obligatorio al SEIA, según el artículo 3 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental.
El volumen total extraído se ha estimado en millones de metros cúbicos, con una valorización aproximada que bordea 14,6 millones de UF, una cifra que revela la magnitud del eventual perjuicio patrimonial para el Estado.
Las zonas más afectadas
El estudio identifica cuatro áreas críticas donde la actividad extractiva no regulada se ha expandido con mayor intensidad:
Punta Patache (Iquique)
- 23 puntos de extracción.
- 181 hectáreas intervenidas.
- 5.434.800 m³ removidos.
Se trata de un sector ambientalmente sensible, con comunidades, sitios científicos y actividades productivas de diversa escala.
Copaquiri (Pica)
- 60 puntos, con 33 concentrados en un solo sector.
- 71 hectáreas afectadas.
- 7.285.000 m³ extraídos desde terrenos fiscales.
Sagasca (Pozo Almonte)
- 22 faenas ubicadas exclusivamente en terrenos fiscales.
- 446 hectáreas intervenidas.
No existen registros de permisos sectoriales asociados.
Se observan impactos como erosión, alteración de cauces y riesgo de aluviones que podrían afectar incluso la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal y la localidad de La Tirana.
Alto Hospicio
- 53 puntos de extracción presuntamente no autorizados.
- 274 hectáreas afectadas.
La municipalidad ha sido informada de su continuidad, especialmente en la franja norte de la comuna.
Los organismos consultados y el vacío de permisos
Para validar la existencia o ausencia de autorizaciones, GEACOM revisó antecedentes obtenidos desde:
- Municipalidades de Iquique, Alto Hospicio, Pica, Pozo Almonte, Huara, Camiña y Colchane.
- Ministerio de Bienes Nacionales (MBN).
- Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
- Dirección General de Aguas (DGA).
- Dirección de Obras Hidráulicas (DOH).
- Armada de Chile, por uso de bienes nacionales de uso público.
La revisión muestra diferencias importantes entre comunas, con falta de registros, procedimientos dispares y un nivel insuficiente de fiscalización territorial.
Pese a los esfuerzos de 2020 en adelante —catastros nacionales, fiscalizaciones y plataformas digitales— no se ha logrado detener la masiva continuidad de faenas irregulares en la región.
Un llamado ciudadano a la verificación y acción inmediata
Quienes participaron en el levantamiento piden que los organismos competentes:
- Verifiquen la existencia de permisos municipales y sectoriales vigentes.
- Determinen cuáles de estas actividades debieron ingresar al SEIA.
- Evalúen medidas administrativas, sanciones y posibles denuncias ante la SMA.
- Protejan los ecosistemas, el patrimonio fiscal y la seguridad de las comunidades.
La ciudadanía advierte que, de no intervenir, el daño ambiental y territorial podría aumentar exponencialmente en 2026.
- Este artículo forma parte de la serie “La Crisis Oculta de los Áridos en Tarapacá”, cuyo propósito es ofrecer información rigurosa y comprensible para autoridades, especialistas y ciudadanía sobre un fenómeno que hoy afecta de manera directa al patrimonio público y al equilibrio ambiental de la región.
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