En los últimos días ha resurgido un debate que, aunque lleva más de dos décadas presente en el escenario político chileno, pocas veces ha sido enfrentado con la transparencia y urgencia que merece. Se trata de la pensión vitalicia que reciben los expresidentes de la República, un beneficio que permite que, al terminar su mandato, Gabriel Boric -con tan solo 40 años- pueda acceder de inmediato a una renta mensual superior a los 10 millones de pesos.
Este hecho ha generado indignación en la ciudadanía, especialmente en un país donde la edad legal de jubilación es de 60 años para las mujeres y 65 para los hombres, y donde gran parte de los jubilados recibe pensiones inferiores a $250.000 CLP. Sin embargo, es necesario aclarar que la responsabilidad de este privilegio no recae en Boric, sino en un entramado político y legal que ha perpetuado este sistema durante más de veinte años.
El beneficio tiene su raíz en el artículo 30 de la Constitución Política de Chile y se reguló mediante la Ley N° 19.672, promulgada el año 2000 durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. El objetivo original era asegurar que un expresidente, al dejar su cargo, no quedara desprotegido económicamente, garantizando la dignidad de la figura presidencial y su independencia política. Sin embargo, la ley no estableció condiciones mínimas, como una edad para comenzar a recibir la pensión, años de servicio o límites temporales.
El resultado fue un mecanismo automático: al dejar la presidencia, la persona pasa inmediatamente a ser beneficiaria, sin importar su edad ni su situación económica. Es decir, el privilegio se activa incluso si el expresidente está en plena capacidad de trabajar, como es el caso de Boric, quien terminará su mandato en 2026 con apenas 40 años.
La primera cuota de responsabilidad recae sobre quienes crearon y aprobaron la ley sin prever estos escenarios. Durante el gobierno de Aylwin, se priorizó la protección de la figura presidencial en un contexto de transición democrática, pero se dejó abierta una puerta que, con el paso de los años, se transformó en un privilegio injustificado. En aquel momento, el país recién salía de la dictadura y existía un consenso político en torno a blindar la institucionalidad. Sin embargo, no se consideró que en el futuro podrían existir presidentes más jóvenes, como Boric, que accederían al beneficio por décadas sin cumplir siquiera con la edad mínima de jubilación.
Tras la promulgación de la ley, el tema nunca fue abordado con la seriedad necesaria por los congresos posteriores. Durante más de 20 años, legisladores de todos los sectores han tenido la oportunidad de reformar, limitar o eliminar la pensión vitalicia, pero no lo han hecho. Esta inacción no es casual. Muchos de los parlamentarios pertenecen a partidos que han tenido presidentes beneficiados por esta norma, como los casos de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.
Cualquier intento de modificar el sistema ha sido frenado por intereses cruzados. En la práctica, los parlamentarios han preferido mantener el statu quo antes que enfrentar el costo político de quitar un privilegio que afecta directamente a líderes de sus propias filas.
En la actualidad, la responsabilidad recae también en los partidos políticos que no han impulsado una reforma real, pese a que la discusión está instalada en la opinión pública. Cada vez que el tema surge, se limita a debates mediáticos y declaraciones de buena voluntad, pero no se traduce en proyectos de ley concretos que logren avanzar en el Congreso. Esta falta de acción refleja una complicidad silenciosa: aunque los partidos saben que la pensión vitalicia es impopular y desproporcionada, prefieren no enfrentarse a expresidentes que siguen teniendo influencia política y electoral.
El Congreso en ejercicio tiene la mayor cuota de responsabilidad, pues todavía está a tiempo de modificar la ley antes de marzo de 2026, fecha en que Boric dejará el cargo. Si los actuales diputados y senadores no actúan, Boric recibirá automáticamente la pensión, tal como lo hicieron sus predecesores. En ese escenario, la culpa será exclusivamente de ellos, que tuvieron la oportunidad de cambiar las reglas y no lo hicieron.
Se podrían implementar medidas como establecer una edad mínima (60 o 65 años) para acceder al beneficio, vincular la pensión a los años efectivos de servicio como presidente, transformarla en un fondo temporal limitado a un periodo de reinserción laboral o eliminarla completamente, destinando esos recursos a mejorar las pensiones ciudadanas. La negativa a avanzar en estas propuestas dejará en evidencia que el Congreso prefiere proteger privilegios antes que a la ciudadanía.
Aunque Boric no es responsable de la existencia de esta ley, su decisión personal también será observada por la opinión pública. Si decide renunciar voluntariamente a recibir la pensión, podría enviar una señal política potente, alineada con su discurso sobre igualdad y justicia social. Sin embargo, incluso si Boric renuncia, el problema estructural seguirá existiendo, y otros futuros expresidentes podrán beneficiarse mientras la ley no cambie.
La polémica por la pensión vitalicia no debe centrarse únicamente en Gabriel Boric, sino en el sistema político en su conjunto. Los verdaderos responsables son: el gobierno de Frei Ruiz-Tagle y los legisladores del año 2000, que crearon la ley sin prever límites; los congresos de las últimas dos décadas, que mantuvieron el privilegio por conveniencia política; los partidos actuales, que no impulsan reformas efectivas por temor a conflictos internos; y el Congreso vigente, que tiene la última oportunidad de evitar que el beneficio siga perpetuándose.
Mientras no se modifique la ley, Chile seguirá teniendo expresidentes que, sin importar su edad o situación económica, recibirán pensiones millonarias financiadas por los impuestos de una ciudadanía que lucha día a día con pensiones indignas. El debate no es solo sobre dinero: es una cuestión de ética, transparencia y justicia social. Cambiar esta norma no depende de una persona, sino de una voluntad política que, hasta ahora, ha estado ausente.
Juan Carlos Hernández Caycho
Educador, agente de cambio y vocero de la AMA
Más historias
Lideresas indígenas de 12 países son convocadas a la Escuela Regional para fortalecer su liderazgo y capacidad de incidencia en Abya Yala
Concurso busca que jóvenes den soluciones prácticas e innovadoras para reducir la pobreza
Especialistas dictan curso de actualización médica en imagenología pediátrica