Durante años he recorrido con frecuencia la región de Tarapacá. Esa experiencia me ha permitido observar un contraste que se repite una y otra vez: mientras en la capital se celebran las cifras de crecimiento económico y las exportaciones mineras baten récords, en nuestras comunas el progreso se percibe más como una promesa que como una realidad.
Hablar de minería en Tarapacá es hablar de historia, de identidad y de desigualdad. Desde el auge del salitre hasta la actual explotación del cobre y el litio, esta tierra ha sostenido gran parte del desarrollo nacional. Sin embargo, cuando uno conversa con un agricultor en Pica, con una familia en Mamiña o con una comunidad en Colchane, surge una pregunta inevitable: ¿por qué tanta riqueza sigue sin reflejarse en la vida cotidiana de quienes habitan en nuestra región?.
El royalty minero fue concebido como una herramienta para equilibrar esa balanza, una forma de devolver parte de la riqueza a los territorios que la producen. Pero en la práctica, los resultados han sido modestos. Las empresas mineras generan utilidades millonarias, los impuestos se concentran en el nivel central y a las regiones llega apenas una fracción de lo que se extrae de su suelo.
Cada cierto tiempo escuchamos anuncios sobre nuevos fondos de compensación, pero la sensación de abandono persiste. Nuestras carreteras continúan deterioradas, los hospitales funcionan al límite de su capacidad, las zonas rurales carecen de apoyo técnico, y las comunidades aymaras ven cómo su entorno se transforma sin haber sido realmente escuchadas. A veces pienso que Tarapacá se ha convertido en un símbolo de la paradoja chilena: una región que produce riqueza, pero que sigue esperando justicia.
En Santiago, las cifras de exportación se mencionan como indicadores de éxito. Pero en el desierto, el polvo que dejan los convoyes mineros recuerda otra realidad. Aquí los impactos ambientales se acumulan, los recursos hídricos escasean y los beneficios se concentran lejos de donde nacen. El royalty, en teoría, debía corregir eso. Sin embargo, las fórmulas aplicadas siguen respondiendo a una lógica centralista. Los fondos llegan tarde, son limitados y, en muchos casos, dependen de criterios que las propias regiones no controlan.
Un ejemplo claro está en el costo del combustible: pese a que Tarapacá es una zona franca, el precio que pagamos por litro es similar -y a veces incluso superior- al de regiones que no cuentan con ese régimen. Una contradicción que refleja cuán lejos estamos de un modelo de desarrollo que realmente favorezca a quienes vivimos aquí.
Durante mis recorridos por la región, he escuchado una frase repetirse en distintos tonos: “el norte siempre da, pero poco recibe”. Esa percepción no es solo emocional, es histórica. Desde el salitre hasta el cobre, las decisiones sobre nuestros recursos se han tomado fuera de Tarapacá, y eso ha dejado cicatrices. El royalty debiera ser una oportunidad para reparar esa deuda, pero para ello se requiere una voluntad política firme y una gestión regional capaz de fiscalizar y decidir con autonomía. No se trata de oponerse a la minería, sino de exigir que su riqueza se traduzca en desarrollo sostenible, en educación técnica, en infraestructura moderna y en una economía diversificada que permita que nuestros jóvenes no tengan que emigrar para prosperar.
En las próximas elecciones, quienes resulten electos como diputados y senadores por Tarapacá tendrán una tarea que va más allá de representar al territorio: deberán defender con convicción una agenda legislativa que asegure una distribución más justa de los beneficios mineros. Legalmente, los parlamentarios tienen herramientas claras a su alcance. Pueden impulsar modificaciones a la Ley de Royalty Minero para aumentar el porcentaje que queda en las regiones productoras; pueden fiscalizar que los recursos se inviertan efectivamente en obras de impacto local; pueden promover leyes que fortalezcan a los gobiernos regionales y municipales, otorgándoles más poder de decisión y menos dependencia de Santiago. Asimismo, pueden exigir que se establezcan mecanismos de compensación ambiental y social, de carácter obligatorio, que beneficien directamente a las comunidades cercanas a los yacimientos. Y sobre todo, pueden -y deben- abrir espacios de diálogo entre el Estado, las empresas y la ciudadanía, garantizando transparencia y participación en la gestión de los recursos naturales.
El rol parlamentario no puede reducirse a levantar la voz en campañas electorales. Tarapacá necesita representantes que comprendan que descentralización, justicia territorial y desarrollo sustentable son conceptos inseparables.
Cada vez que viajo por la Pampa del Tamarugal, observo los contrastes: por un lado, las luces de las faenas mineras iluminando el horizonte; por otro, pueblos enteros que viven sin agua potable, sin conectividad o sin acceso a servicios básicos. Esa imagen resume el desafío de nuestra región: no se trata de oponerse al progreso, sino de exigir que el progreso llegue a todos.
Chile necesita a Tarapacá tanto como Tarapacá necesita a Chile. Pero para que esa relación sea justa, el país debe reconocer que las regiones no son simples zonas de extracción, sino territorios vivos, con identidad, cultura y derecho al desarrollo. La descentralización no se decreta desde la capital; se construye desde los territorios, con participación, con decisión y con esperanza.
El royalty podría ser la oportunidad histórica para lograrlo. Pero si no se asume con responsabilidad, seguirá siendo lo mismo de siempre: una promesa bien redactada que se diluye en el papel. Por eso, más allá de cifras y discursos, lo que necesitamos es un compromiso real. Uno que transforme la riqueza del subsuelo en bienestar sobre la tierra; que haga del cobre, del litio y de nuestros recursos una oportunidad compartida, y no una fuente de desigualdad.
Porque Tarapacá no pide caridad, pide justicia. Y la justicia, en materia de desarrollo, comienza cuando el país deja de mirar al norte solo para extraer, y empieza a hacerlo también para devolver.
Juan Carlos Hernández Caycho
Periodista, comunicador social, gestor cultural y vocero de la AMA
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