Durante los últimos meses he viajado con frecuencia a Santiago por motivos de trabajo. Cada vez que arribo a la capital, me invade una mezcla de admiración y preocupación. Santiago proyecta la imagen de un país distinto: edificios imponentes que reflejan poder institucional, autopistas que conectan eficazmente la ciudad, un sistema de transporte eficiente y servicios públicos que operan con regularidad. Sin embargo, mientras recorro sus calles iluminadas, no puedo dejar de reflexionar sobre mi región, Tarapacá, y la profunda distancia -no solo geográfica, sino también política y emocional- que nos separa.
Mientras en Santiago se toman decisiones que impactan a todo el país, en nuestras comunas se enfrentan desafíos urgentes que, con frecuencia, parecen pasar desapercibidos para quienes gobiernan desde la distancia. Se habla de descentralización en discursos y foros, pero al regresar a casa, la realidad es ineludible: carreteras deterioradas, hospitales con recursos limitados, agricultores que luchan por mantener su producción frente a la sequía y comunidades aymaras que resisten en medio de la desatención estatal. Aquello que en la capital se discute en términos teóricos por senadores y diputados, en nuestra región se vive a diario con intensidad y con la urgencia que demandan las necesidades de nuestra gente.
En Santiago, la política se percibe como un escenario cuidadosamente planificado. Todo se calcula: declaraciones, imágenes y cifras diseñadas para generar impacto mediático o para transmitir mensajes que calmen momentáneamente a la opinión pública. Sin embargo, al regresar a Tarapacá, esas palabras se diluyen en el aire sin transformarse en soluciones concretas. Es como presenciar una obra de teatro meticulosamente ensayada, para luego descubrir que la vida cotidiana sigue marcada por los mismos problemas que arrastramos desde hace más de veinte años en nuestra región.
Durante mis estadías en la capital he podido constatar el profundo desconocimiento que existe sobre nuestra región. Para muchos santiaguinos, Tarapacá se asocia únicamente a Iquique y sus playas, vista como un destino turístico ocasional. Son pocos quienes conocen la realidad de Colchane, donde el frío extremo y la crisis migratoria han transformado profundamente la vida de las comunidades. También son escasos los que comprenden la lucha diaria de los agricultores de Pozo Almonte por mantener vivos sus cultivos en medio de la escasez de agua. Y aún menos quienes dimensionan las dificultades que enfrentan miles de familias en Alto Hospicio, atrapadas entre la inseguridad, la precariedad laboral y, en muchos casos, viviendo en tomas por falta de recursos para acceder a una vivienda digna donde poder habitar junto a sus seres queridos.
Este desconocimiento no es casual. Es consecuencia de un centralismo histórico que ha concentrado en Santiago el poder político y administrativo, relegando a las regiones a un rol secundario. Esta dinámica no solo genera inequidad, sino también una percepción colectiva de exclusión: por mucho que Tarapacá aporte al desarrollo nacional, nuestras prioridades rara vez figuran en la agenda central. En una conversación con una autoridad regional, esta me aseguró que la solución a estos problemas podría tardar, al menos, otros veinte años en materializarse, convirtiéndose en un período angustiante para una región que necesita respuestas inmediatas y acciones concretas.
El centralismo va más allá de una estructura administrativa: es un modelo que frena el desarrollo regional y perpetúa la dependencia. Los recursos que generamos a través de la minería, el comercio portuario y la Zona Franca terminan, en gran medida, en la capital, mientras nuestra región recibe apenas una fracción para enfrentar sus necesidades más urgentes. Es como construir, con nuestro propio esfuerzo, una gran casa en la que nunca se nos permite habitar.
Un ejemplo claro de esta contradicción se refleja en el costo del combustible. A pesar de que Tarapacá cuenta con un régimen de zona franca, el precio que pagan nuestros habitantes es similar —e incluso, en algunos casos, superior— al de otras regiones que no tienen este beneficio. Esto nos lleva a cuestionarnos: ¿qué ventajas reales estamos recibiendo de un sistema que, en teoría, debería impulsar nuestro desarrollo y aliviar el costo de vida de nuestra gente?
Si aspiramos a una verdadera descentralización, no basta con la creación de nuevos organismos o la delegación de tareas menores. Es imprescindible que los recursos generados en Tarapacá permanezcan en la región y que nuestras autoridades cuenten con las facultades necesarias para tomar decisiones estratégicas que respondan a nuestra realidad territorial. Al mismo tiempo, la ciudadanía debe participar activamente en la definición del rumbo regional, fortaleciendo los espacios de diálogo y fiscalización social.
Asimismo, resulta fundamental valorar y respetar nuestra identidad cultural. Los pueblos originarios, como el aymara, deben ocupar un lugar protagónico en la construcción de nuestro presente y futuro, no limitarse a aparecer como referencias decorativas en discursos políticos.
En este contexto, surge una pregunta clave: ¿para qué elegimos a nuestras autoridades, especialmente a senadores y diputados? Ellos tienen la responsabilidad de mucho más que legislar desde la distancia. Pueden y deben impulsar leyes que promuevan una distribución equitativa de los recursos, defender presupuestos específicos para nuestra región, fiscalizar que los compromisos del gobierno central se cumplan y promover políticas públicas que fortalezcan la Zona Franca, la infraestructura y la calidad de vida de nuestra gente. Su labor debe centrarse en ser verdaderos representantes de Tarapacá, llevando nuestra voz y nuestras demandas a la agenda nacional, no solo en tiempos de campaña, sino como una tarea constante y comprometida.
Cada regreso desde Santiago me deja una sensación contradictoria. Mientras en la capital se inauguran grandes obras y los servicios públicos funcionan con regularidad, aquí seguimos esperando soluciones que nunca llegan. Las visitas de las autoridades nacionales se han vuelto predecibles: llegan por unas horas, recorren lugares estratégicos, anuncian planes frente a las cámaras y se marchan, dejando tras de sí promesas que rara vez se cumplen. Este patrón genera la impresión de que, más que soluciones, recibimos gestos simbólicos.
Estos viajes me han permitido comprender una verdad esencial: la descentralización no será un obsequio de Santiago. Nadie entregará voluntariamente el poder de decisión que las regiones necesitan. Por ello, debemos asumir como ciudadanos la responsabilidad de exigir, con unidad y firmeza, el reconocimiento de nuestra autonomía.
En este proceso, las emociones colectivas juegan un papel fundamental. El sentido de pertenencia nos recuerda que Tarapacá, con sus pampas áridas, su altiplano, su costa y su gente resiliente, es parte de nuestra identidad más profunda. Recordar nuestras raíces y nuestra historia nos impulsa a proteger lo que nos pertenece.
También es importante reconocer la urgencia de actuar. Cada día sin una descentralización efectiva agrava los problemas existentes: la sequía avanza en la Pampa del Tamarugal, la delincuencia se intensifica en nuestras ciudades y nuestros jóvenes se ven forzados a emigrar, como en el pasado lo hicieron los habitantes del altiplano hacia la costa, en busca de mejores oportunidades. No podemos permitir que la falta de decisiones oportunas siga condicionando nuestro presente y comprometiendo nuestro futuro.
Sin embargo, la indignación por sí sola no basta. Necesitamos esperanza, la convicción de que otra realidad es posible. Debemos visualizar una Tarapacá con hospitales modernos, carreteras seguras, comunidades empoderadas y una economía sólida que beneficie directamente a quienes viven y trabajan en la región. Esta visión es clave para motivar la participación de más personas y consolidar un movimiento ciudadano capaz de impulsar cambios reales.
Cada vez que regreso a Iquique, siento alivio al reencontrarme con mi tierra, pero también una renovada responsabilidad. Tarapacá no puede seguir ocupando un papel secundario en la agenda nacional. Cada pescador, agricultor, comerciante, estudiante y miembro de nuestras comunidades indígenas tiene un rol que desempeñar en esta lucha por una verdadera descentralización.
La descentralización no será fruto de promesas ni de buenas intenciones, sino el resultado de la acción colectiva y de la voluntad política para transformar estructuras que han permanecido inalteradas por décadas. El día en que nuestra región deje de ser espectadora y asuma un rol protagónico en su desarrollo, ese día Chile avanzará hacia una mayor justicia y equilibrio territorial.
La verdadera fuerza de Chile no reside únicamente en los centros de poder de Santiago, sino en la diversidad y el esfuerzo de todas sus regiones. Tarapacá, con su historia, su cultura y su gente, merece ocupar el lugar que le corresponde en la construcción del futuro de nuestra nación.
Juan Carlos Hernández Caycho
Periodista, comunicador social, gestor cultural y vocero de la AMA
Tarapacá en Perspectiva
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