En los últimos años, la relación entre las grandes empresas y las comunidades locales ha adquirido una importancia estratégica, especialmente en la región de Tarapacá, donde la minería, la energía y la industria portuaria constituyen los pilares de la economía regional. Estas actividades, aunque impulsan el crecimiento y la inversión, también plantean desafíos ambientales, sociales y culturales que requieren una mirada más integral. En este contexto, la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se ha convertido en una herramienta fundamental para equilibrar los intereses económicos con las necesidades de la sociedad y del entorno.
En Chile, el marco legal que respalda estas prácticas incluye diversas normas orientadas a la transparencia, la ética y la sostenibilidad. Entre ellas destaca la Ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, incorporando entre sus disposiciones delitos de carácter medioambiental. Esto significa que las empresas pueden ser sancionadas no solo por actos de corrupción o lavado de activos, sino también por daños al entorno natural provocados por negligencia o incumplimiento de las normas ambientales. Así, se refuerza el principio de que la Responsabilidad Social Empresarial no es únicamente un compromiso ético o voluntario, sino también un deber legal que exige actuar con transparencia, sostenibilidad y respeto hacia las comunidades y los ecosistemas.
Asimismo, leyes como la Ley de Donaciones con Fines Sociales y Culturales y las directrices del Ministerio de Economía promueven la colaboración entre el sector privado y las organizaciones sociales, incentivando programas de desarrollo local, fortalecimiento de la educación, protección ambiental y fomento cultural. Gracias a estas políticas, muchas empresas en Tarapacá han logrado generar impactos positivos, apoyando a comunidades rurales, asociaciones de pueblos originarios, fundaciones educativas y proyectos comunitarios que mejoran la calidad de vida de la población.
Sin embargo, en la última década se ha observado una tendencia que preocupa: el apoyo empresarial se ha concentrado en organizaciones o entidades con mayor cercanía política o con vínculos directos con autoridades regionales. Esta práctica, tan bien tejida e imperceptible ante los ojos de la sociedad, pero claramente percibida en su entorno, aunque suele justificarse por la necesidad de garantizar la transparencia y el buen uso de los fondos, ha reducido las oportunidades para muchas agrupaciones sociales, humanitarias y de bien común que han trabajado durante años por el desarrollo de sus comunidades.
Es comprensible que las empresas busquen asegurar que sus aportes sean bien administrados. En el pasado, un pequeño grupo de organizaciones abusó de la confianza depositada en ellas, desviando recursos o incumpliendo sus objetivos. Pero de esa situación no debería derivarse la premisa de que “justos pagan por pecadores”. Excluir a las demás organizaciones por los errores de unas pocas solo profundiza la desconfianza y debilita el tejido social, impidiendo que la ayuda llegue a quienes más la necesitan.
La colaboración entre empresas y gobiernos locales puede ser positiva, siempre que se base en la transparencia y el bien común. No obstante, cuando la Responsabilidad Social Empresarial se convierte en un instrumento de posicionamiento político o en un medio para mantener influencia sobre determinados territorios, se desvirtúa su esencia y se pone en riesgo su legitimidad. Este fenómeno, que ha ido creciendo silenciosamente, genera una desigualdad en el acceso a los beneficios sociales y una sensación de exclusión entre aquellas comunidades que no comparten la misma afinidad política de quienes detentan el poder regional.
En una región como Tarapacá, donde la diversidad cultural, social y ambiental es un valor en sí misma, resulta fundamental que las empresas amplíen su mirada y comprendan que su responsabilidad social no debe limitarse a la buena voluntad del gobierno de turno, sino que debe extenderse a todos los territorios que impactan sus operaciones. Las comunidades aymaras, rurales y costeras, muchas veces afectadas por los efectos del extractivismo, merecen ser escuchadas, consideradas y apoyadas sin mediaciones políticas ni favoritismos.
La verdadera RSE se construye sobre la base de la equidad, la participación y la coherencia ética. Ello implica que las grandes compañías fortalezcan sus mecanismos de diálogo directo con las comunidades, sin intermediarios interesados, y generen espacios de participación donde las organizaciones locales puedan exponer sus proyectos, necesidades y propuestas de desarrollo. De esta manera, se recupera la confianza perdida y se promueve una relación más transparente y justa.
No se trata de criticar ni de cuestionar los esfuerzos que las empresas realizan -muchas de ellas han demostrado un compromiso real con la región-, sino de recordar que el desarrollo sostenible solo es posible cuando todos los actores participan de manera equitativa. Las empresas pueden y deben continuar trabajando junto al Estado, pero también tienen la obligación ética de abrir sus puertas a la sociedad civil diversa que forma parte del territorio.
En definitiva, la región de Tarapacá enfrenta el desafío de reconstruir puentes entre la empresa privada, las organizaciones sociales y el gobierno, basando esta relación en la transparencia, la inclusión y el respeto mutuo. Si se mantiene la práctica de privilegiar la cercanía política por sobre el mérito social, se corre el riesgo de erosionar los principios fundamentales de la responsabilidad social y de debilitar la confianza ciudadana.
El progreso no se mide solo por la rentabilidad o por la cantidad de proyectos inaugurados, sino por la capacidad de construir un desarrollo que beneficie a todos. Las empresas que comprenden este principio no solo fortalecen su imagen, sino también su legitimidad y su papel en la historia regional. Porque en el fondo, la verdadera riqueza de Tarapacá no está en sus recursos minerales o energéticos, sino en la fuerza y dignidad de su gente.
Juan Carlos Hernández Caycho
Periodista, comunicador social, gestor cultural y vocero de la Alianza Mundial Aymara (AMA)
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