Transparencia y probidad: ¿Podemos confiar en que esta vez no se repita la corrupción?

En cada elección, la palabra “transparencia” aparece en los discursos de casi todos los candidatos. Es un término noble, potente y necesario, pero también uno de los más desgastados por el abuso político. Decir “soy transparente” se ha convertido en una frase automática, una especie de vacuna verbal que busca generar confianza, aunque muchas veces esté vacía de contenido.

La historia reciente de Chile -y particularmente de la Región de Tarapacá- está marcada por episodios que han dañado la confianza pública: asignaciones irregulares, favores políticos disfrazados de convenios, redes de influencia en instituciones públicas y, sobre todo, una sensación permanente de impunidad. La ciudadanía lo sabe. Lo ha visto. Lo ha vivido. Por eso, cuando vuelve la promesa de la transparencia, la pregunta inevitable surge: ¿podemos confiar en que esta vez no se repita la corrupción?

La corrupción no siempre se presenta como un gran escándalo; muchas veces se disfraza de pequeñas prácticas cotidianas: el trato preferencial, la contratación por amistad, el uso personal de recursos públicos o el silencio cómplice ante la falta de ética. Se infiltra en los espacios donde el poder se concentra y la fiscalización se debilita. Y cada vez que ocurre, no solo se pierden recursos, sino algo más grave: se erosiona la fe de la gente en sus instituciones.

En Tarapacá, donde las desigualdades son evidentes y donde gran parte de la población siente que las decisiones se toman lejos, la corrupción tiene un impacto doble: roba dinero, pero también roba esperanza. Por eso, la probidad no puede seguir siendo una palabra de campaña, debe ser una práctica constante y verificable.

Los ciudadanos tenemos derecho a saber qué se hace con los recursos públicos, cómo se adjudican los proyectos, quiénes los ejecutan y con qué resultados. No se trata de desconfianza hacia todo, sino de establecer una cultura de rendición de cuentas permanente. Una autoridad que se niega a transparentar, que no publica datos, que no rinde informes claros, no está cuidando el bien común, está protegiendo sus intereses.

En lo personal, y solo como parte de mi ejercicio ciudadano, he solicitado información mediante los mecanismos de transparencia a los municipios de la región y a diversos servicios públicos. De todas esas solicitudes, apenas un 60% respondió, y de ese grupo, solo el 70% entregó información actualizada hasta el año 2025. El resto envió antecedentes desfasados, correspondientes a los años 2018 a 2020. Esta experiencia revela una realidad preocupante: incluso en tiempos donde la transparencia es un deber legal y moral, el acceso a la información pública sigue siendo limitado, fragmentado y, en algunos casos, opaco.

¿De qué sirve hablar de transparencia si las propias instituciones no cumplen con el derecho de informar? ¿Cómo podemos exigir probidad si quienes deben dar el ejemplo actúan con indiferencia frente a la ciudadanía que los financia y los elige?.

¿Podemos confiar esta vez? Solo si aprendemos a mirar más allá de los discursos. Solo si, como región, exigimos que los candidatos y las autoridades demuestren con hechos su compromiso con la probidad. La transparencia no se mide por declaraciones juradas, sino por la coherencia entre lo que se promete y lo que se hace cuando nadie mira.

Cada ciudadano tiene un rol en este cambio cultural. No basta con indignarse ante la corrupción; hay que participar activamente en prevenirla. Exigir información, fiscalizar el uso de los recursos, apoyar a quienes actúan con ética y denunciar sin miedo cuando se detecten irregularidades. La transparencia es una tarea compartida: comienza en las instituciones, pero se consolida en la conciencia de la gente.

Tarapacá necesita recuperar la confianza. Y esa confianza no se compra con palabras, se construye con hechos. Con autoridades que rindan cuentas, funcionarios que sirvan y ciudadanos que no se acostumbren a la mediocridad ni al abuso. Porque una región que tolera la corrupción renuncia, sin saberlo, a su propio desarrollo.

Esta elección puede ser un punto de inflexión. No se trata solo de votar por nombres, sino por valores. Por proyectos que promuevan un Estado transparente, una gestión eficiente y una administración honesta. La confianza no se hereda, se gana. Y esta vez, Tarapacá debe decidir si seguirá creyendo en las promesas o comenzará a exigir resultados.

Juan Carlos Hernández Caycho
Periodista, comunicador social, gestor cultural y vocero de la AMA