En una decisión que podría tener repercusiones en la dinámica migratoria de la región, Perú publicó un decreto que establece un procedimiento administrativo de expulsión de migrantes irregulares en un plazo máximo de 24 horas. La medida, implementada en un país con una significativa presencia de ciudadanos venezolanos, ha suscitado preocupación en Chile, donde se estima que residen alrededor de 444 mil 423 venezolanos.
La presidenta Dina Boluarte firmó el decreto, que busca agilizar el proceso de expulsión de extranjeros que hayan ingresado irregularmente al país o que, durante su estadía, hayan perturbado el orden interno. La decisión se tomó en respuesta a eventos ocurridos en abril, cuando ciudadanos venezolanos intentaron reingresar a Perú desde el Paso Chacalluta, al norte de Arica, llevando al gobierno a movilizar tropas.
El alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, expresó su preocupación, señalando que “sin duda esto puede afectar a la frontera chileno-peruana”. Adicionalmente, el ex director de Migraciones Álvaro Bellolio advirtió que la medida podría generar una presión migratoria hacia Chile, ya que ciudadanos venezolanos podrían dirigirse a Bolivia, donde el control fronterizo es menos estricto, y posteriormente ingresar a Chile.
El decreto peruano, que establece un Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE), detalla condiciones como la situación migratoria irregular, actividades que atenten contra el orden público, y fases del procedimiento que culminan en una audiencia única dentro de las 24 horas desde la retención administrativa.
Las autoridades y exautoridades en Chile concuerdan en que esta medida puede impactar directamente en la presión migratoria en la frontera. El alcalde Espíndola espera una mayor atención por parte del Ejército y el gobierno para comprender las posibles implicaciones en la frontera de Arica.
El ex director de Migraciones, Bellolio, destaca que la expulsión rápida planteada por Perú podría llevar a ciudadanos venezolanos a optar por rutas menos controladas, como a través de Bolivia, para luego ingresar a Chile. Sin embargo, también señala que esta medida desincentiva la migración irregular en el continente, especialmente hacia Chile, que ha implementado políticas para desincentivar la permanencia indocumentada en el país.
La situación generada por el decreto peruano pone de manifiesto la complejidad de la migración en América Latina y la necesidad de coordinación entre los países para abordar los desafíos que plantea este fenómeno regional.
