En una sesión de la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos se llevó a cabo un profundo análisis sobre el derecho fundamental a vivir en un entorno seguro. Durante esta sesión, se revisaron enmiendas e Iniciativas Populares de Norma (IPN) relacionadas con este tema, marcando así un paso importante en la discusión de este derecho esencial.
En este contexto, las enmiendas y propuestas de la IPN referentes al derecho a vivir en un entorno seguro se debatieron con detenimiento. En específico, se centraron en los artículos del Capítulo I y parte del II del anteproyecto de la Comisión Experta.
Dentro de las discusiones, el bloque Unidad para Chile propuso agregar un nuevo inciso al artículo 16. Este inciso plantea que el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia, tanto en el ámbito público como privado, es esencial. Se enfatizó la responsabilidad del Estado en proteger este derecho de manera equitativa para todas las personas, mediante una política de prevención de la violencia y el delito. Esta política consideraría aspectos materiales, ambientales, sociales y el fortalecimiento de las comunidades.
El consejero Fernando Viveros (PC) respaldó esta enmienda, resaltando que es un deber del Estado garantizar un ambiente libre de violencia para todos.
La consejera María de los Ángeles López (PRep) planteó una pregunta clave: “¿Cómo se aplica un derecho a vivir seguro con categorías según dónde vivan las personas?”. La comisionada Catalina Lagos respondió que la norma aborda distintas dimensiones de la seguridad, incluyendo la prevención y la causa del delito, no solo la respuesta rápida del Estado.
Por su parte, la bancada republicana presentó una propuesta que busca enfocarse en la garantía de un entorno seguro. Esta propuesta incluye una cláusula que establece la responsabilidad del Estado en la protección contra la delincuencia y el terrorismo. La consejera Mariela Fincheira (PRep) explicó que esto reforzaría el deber del Estado en este aspecto, especialmente frente al terrorismo y la violencia organizada.
Durante las discusiones, el consejero Miguel Rojas (PRep) enfatizó que esta cuestión debe ser tratada de manera transversal para todo el país, respondiendo así a la preocupación de la consejera María de los Ángeles López.
En cuanto a las Iniciativas Populares de Norma (IPN), se revisaron propuestas que resaltan el deber del Estado en garantizar una protección efectiva contra la violencia criminal organizada o terrorista. Además, se examinó la propuesta para permitir la legítima defensa mediante el uso de armas de fuego, en los términos que la ley determine.
La sesión concluyó con un fuerte énfasis en la necesidad de garantizar un entorno seguro y libre de violencia para todos los ciudadanos. La comisión reiteró su compromiso de avanzar en propuestas que fortalezcan este derecho fundamental, buscando el equilibrio entre la seguridad y el respeto a los derechos individuales.
