La seguridad del suministro eléctrico en Chile se ha convertido en un tema crítico en medio de un preocupante aumento en la sustracción de cables de alta tensión. El diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renzo Trisotti, ha respondido a esta creciente amenaza con un proyecto de ley que busca tipificar como delito el robo y hurto de cables eléctricos, alegando que en el último año, esta problemática ha experimentado un alarmante incremento del 217%.
El material codiciado en cuestión es el cobre, fundamental para la transmisión eléctrica y la infraestructura de energía. Trisotti ha puesto en evidencia la necesidad de abordar esta cuestión, que no solo pone en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico, sino que también puede tener consecuencias mortales para las personas que dependen de equipos electrodependientes.
El legislador gremialista ha tomado medidas concretas al oficiar al Servicio Nacional de Aduanas y al Servicio de Impuestos Internos (SII) para supervisar y rastrear los orígenes de los metales exportados, exigiendo certificados de origen. También ha contactado a las Secretarías Regionales Ministeriales de Medio Ambiente para abordar el reciclaje de chatarra derivada de este material.
Los efectos del robo o hurto de cables eléctricos han sido notorios a nivel nacional, causando innumerables interrupciones en el sistema eléctrico. Estas interrupciones no solo afectan a las empresas que suministran este servicio, sino también a los usuarios, quienes se ven forzados a lidiar con apagones inesperados en diversos momentos.
Trisotti ha señalado que en lo que va del año, se han sustraído 170 kilómetros de cables eléctricos, lo que equivale a un total de 42 toneladas de cobre robadas en el país. Incluso ha advertido sobre la aparición de bandas y organizaciones criminales especializadas en este tipo de delito.
Para abordar este problema, el diputado Trisotti propone aumentar las penas y multas para quienes sean sorprendidos cometiendo este delito, así como para aquellos que se dediquen a reducir los cables y revenderlos. Además, el proyecto de ley plantea sanciones económicas considerables para funcionarios públicos que participen en bandas criminales con estos fines.
El legislador de Tarapacá ha instado al Gobierno a patrocinar y dar máxima urgencia a este proyecto de ley, subrayando que se cometen un promedio de 60 robos al día. Este problema no solo afecta a la infraestructura y a la estabilidad del suministro eléctrico, sino que también impacta a más de dos millones de hogares, la mayoría de los cuales se encuentran en comunas y áreas con recursos limitados.
El robo y hurto de cables eléctricos, un delito con numerosas víctimas en el país, requiere una atención urgente y medidas legislativas contundentes. Cada día, miles de personas se ven afectadas por interrupciones en el suministro eléctrico, lo que tiene un impacto significativo en su calidad de vida. Además, este delito también puede afectar a otros servicios esenciales, como el abastecimiento de agua en zonas rurales.
El proyecto de ley de Renzo Trisotti es un llamado a la acción y una medida concreta para abordar un problema que amenaza la infraestructura energética del país y la seguridad de sus ciudadanos. La sociedad chilena estará atenta al desarrollo de esta propuesta legislativa y a la respuesta del Gobierno a esta creciente amenaza.
